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Debate o cuestionamiento aparte acerca de la legitimidad o popularidad del presidente Nayib Bukele, él tiene una serie de desafíos al frente en casi todos los ámbitos sociales, políticos y económicos.
Esos retos son en gran parte un legado propio de él, ya que resultaron de las acciones ejecutadas en su primer período presidencial.
Cuando se trata de vencer los principales retos del país, paradójicamente el presidente Bukele es su propio demonio.
El presidente Bukele tiene como mandato modernizar al país, dinamizarlo económicamente, cohesionarlo socialmente y redemocratizarlo. Para ello, es importante que el presidente promueva una mesa de diálogo y concertación de un pacto social para El Salvador, que parta de la premisa de la inclusión social, y la participación democrática y equitativa de toda la sociedad libre de ataques.
Este compromiso mitiga los temores de una radicalización autoritaria, y resuelve los retos con los que se encuentra de entrada como jefe de estado.
El gran reto económico — más que una tarea es una deuda pendiente
El presidente Bukele apostó por aumentar el gasto por la vía de la inversión pública mientras aumentaba el presupuesto en seguridad. Ese gasto público se ha financiado especialmente con fondos externos, que incluyen obtención de préstamos a instituciones financieras internacionales, ventas de bonos al sistema bancario y a inversionistas extranjeros. Invirtió en carreteras, no en capital humano, especialmente en año electoral.
El presidente ha endeudado al país en al menos US$7,767 millones durante su primer período para una deuda acumulada de casi el 90 por ciento del ingreso nacional. Aun con un plan fiscal de reducir el gasto, que fundamentalmente sacrificó al fondo de pensiones, el déficit ronda en el 4.5 por ciento del PIB.
De hecho, el aumento en el gasto público es visible porque pasa de 15 a 20 por ciento del PIB en cinco años.
Lamentablemente ese endeudamiento y gasto que se dedicó a obras públicas no produjo resultados en aumento de crecimiento o productividad en el país, y tampoco aumento en el empleo formal.
El problema es que las obligaciones contractuales y financieras son vastas y se traducen entre otros en un servicio de ésta del tres por ciento del PIB y creciendo.
Este segundo período se empieza entonces con un endeudamiento que pesa sobre la carga pública y que refleja una situación más delicada toda vez que las dos fuentes de crecimiento económico más importantes, las remesas y las exportaciones, no están creciendo.
La economía de este país se sostiene en un 78 por ciento del ritmo de tres actividades: remesas (26 por ciento), gasto público (20 por ciento) y exportación (31 por ciento). El resto está en manos de la economía informal y un sector empresarial con mucha inseguridad de invertir.
El gasto público está en riesgo de crecer menos debido al endeudamiento que ya ha adquirido el gobierno, y sus obligaciones de pago externas e internas. Es decir, para mantener ese nivel del 20 por ciento el gobierno tiene que lograr obtener más préstamos, aumentar impuestos, lograr otro arreglo con la banca o continuar su endeudamiento con el fondo de pensiones. No se puede ignorar el impacto del endeudamiento sobre el fondo de pensiones. A Abril 2024 el gobierno decidió endeudarse con el fondo de pensiones en más de US$1,500 millones. El mecanismo utilizado para este endeudamiento no es transparente pero más importante se ha usado para financiar el gasto del gobierno, pero sin saber cómo logrará pagar esa deuda en el futuro. Frente a los retos económicos del momento, la imposibilidad de pagar ese fondo tendrá consecuencias sobre los jubilados en el futuro. No solo no podrá sostenerse el gasto, tampoco se previene una saludable recuperación de la deuda con el fondo de pensiones.
Figura 1: La economia Salvadoreña: Exportaciones, remesas y gasto público
Fuente: Banco Central de la Reserva, El Salvador.
En relación con exportación y remesas, la cosa tampoco está buena. De acuerdo con las cifras del Banco Central de El Salvador, durante los primeros seis meses de 2024 las exportaciones cayeron cinco por ciento, las importaciones solo crecieron uno por ciento. Mientras tanto, las remesas crecieron dos por ciento (las transferencias de Bitcoin y Chivo Wallet, muy infrautilizadas, también han bajado de 39 a 29 millones).
El rol de las remesas es vital para este país porque éstas son responsables del consumo nacional privado, y ante el bajo rendimiento económico del sector público y privado, fueron las remesas las que crecieron de 20 a 30 por ciento del consumo nacional privado entre 2017 y 2023. Es decir, si el gasto público creció y el consumo privado dentro de remesas también a 30 por ciento, la economía se desaceleró aún más.
El tema de las remesas es crítico por dos razones, primero porque éstas crecen fundamentalmente en función de la migración, y segundo porque su impacto en el crecimiento económico depende de su apalancamiento. En el primer caso, la migración salvadoreña estará desacelerándose, no porque el país es mas seguro, sino porque mucha gente se ha ido, y la capacidad de salir del país va disminuyendo ya que la carga económica y social de la fuerza laboral aumenta en la medida que ésta es menor que los de la tercera edad y los menores de edad. La disminución migratoria significará que el volumen de remesas no crecerá en más de 30,000 nuevos hogares recibiendo dinero. En el segundo caso, El Salvador no cuenta con una estrategia de inclusión financiera que se apalanque en formalizar el ahorro e inversión de los hogares receptores de remesa, situación que reduce la capitalización de la capacidad de ahorro y su colocación en el mercado financiero.
En el tema exportador, El Salvador carece de complejidad económica, sus exportaciones bajo el régimen de CAFTA y de Asociatividad Comercial con la Unión Europea, en un 90 por ciento se concentran en diez rubros, de los que la exportación de textiles captura más del 70 por ciento de lo exportado y café y azúcar 15 por ciento. Un cambio en la competencia global, en el clima de inversión hacia este país, reduce el rendimiento exportador.
Macroeconómicamente, El Salvador no está en una situación saludable.
Para estabilizar la economía con mejores ingresos que reflejen mejorías en los indicadores macroeconómicos y bienestar social, es importante que el país aproveche los próximos años en invertir en capital humano, inclusión financiera, y un pacto fiscal transparente que resuelva su deuda con las pensiones de trabajadores. Hay que tener presente que, aunque este país puede estar cotizando menos de 900,000 personas, en una fuerza laboral de 3.5 millones de trabajadores. Estos pensionados son fuente de empleo y consumo, afectarlos ahora tendrá grandes consecuencias de largo plazo.
Reconstruir una sociedad fragmentada es una tarea impostergable
Hay muchas interrogantes sobre los logros y promesas que el presidente hizo en su campaña para su primera elección. El presidente logró neutralizar la amenaza de las maras y los salvadoreños ciertamente se sienten más seguros.
Ahora El Salvador entra a un nuevo período en donde su sociedad se ha fragmentado sustancialmente y su gente lo está viviendo día a día. La fragmentación estriba en al menos tres grandes segmentos: la desigualdad social que prevalece, la migración y la cárcel.
La desigualdad social en El Salvador ha aumentado en los últimos años. Según datos del Banco Mundial, el índice de Gini muestra que la disminución gradual de la desigualdad se quedó estancada durante los cinco años de Bukele en 39/100, a pesar de que para el 2001 venía en decaída de 51/100 y se queda en 39 en 2019.
Un ejemplo de esta desigualdad es el del rendimiento escolar que no mejora en las escuelas públicas. El analfabetismo sigue siendo fuerte, en donde al menos uno de 10 salvadoreños no sabe leer ni escribir y se mantiene estancado bajo ese indicador. Además, al 2022 el país experimentaba uno de los rendimientos escolares más bajos del mundo. A esto se observa que la matrícula escolar al 2024 no crece durante su gobierno, se mantiene en 1.1 millones de estudiantes, una cantidad menor que en 2018 que era de 1.4 millones mientras el tamaño de los jóvenes con edad escolar crece. Las causas se asocian con deserción escolar en donde la migración es una parte de ésta.
Teniendo estos y otros retos educativos presente, no concuerda que el estado haya reducido su gasto en educación en 0.5 por ciento del gasto total de su presupuesto bajando a 18 por ciento en 2023 de 18.5 por ciento en 2018. Lamentablemente, tanto está pagando el país por su servicio de deuda externa como está invirtiendo en el campo educativo.
Otro reto que enfrenta el presidente es cohesionar una familia transnacional, construir lazos institucionales que fortalezcan los vínculos materiales y emocionales entre la diáspora y la familia en El Salvador. Aunque el presidente sostiene lo contrario, la realidad es que más Salvadoreños han salido del país que en años o décadas anteriores. La salida no es desigual, tanto regular como irregular, el crecimiento migratorio es alto durante Bukele. Este acercamiento a la diáspora tiene que ser sincero, los Salvadoreños en el exterior darán la cara por el presidente, pero aún no están yendo a verlo o a sus familiares. El crecimiento del turismo de la diáspora fue de uno por ciento, subiendo de 282,164 en 2018 a 303,195 en 2023, sin embargo, ellos tienden a contribuir más que el otro turismo.
Cuadro 1: Migración a Estados Unidos: Datos de detenciones a migrantes
Presidente |
Período |
Detenciones de migrantes |
Migración legal |
Migración Total |
Flores Pérez |
1999-2004 |
70,000 |
|
|
Saca González |
2005-2009 |
136,051 |
|
|
Funes Cartagena |
2009-2014 |
174,543 |
52,000 |
|
Sánchez Cerén |
2014-2018 |
256,794 |
69,208 |
350,000 |
Bukele Ortez |
2019-2023 |
376,168 |
55,859* |
515,516 |
Fuente: DHS, Departamento de Estado, Visados de inmigrante expedidos por oficina de expedición. *El numero baja debido al cierre de citas en 2020 debido al período de la pandemia.
Las razones detrás de la migración pueden ser complejas, e incluyen el bajo rendimiento económico del país, el temor a la concentración del poder del gobierno actual o la urgencia de la reunificación familiar. Pero en términos prácticos, El Salvador es un país en donde más del 80 por ciento de los hogares tiene un familiar en el exterior, y frente a menos de millón y medio de hogares, con un millón que recibe remesas.
Esta migración refleja dinámicas importantes. Una de ellas es de naturaleza demográfica en el sentido de que anualmente desde el 2019 ha salido al menos uno por ciento de la población hacia Estados Unidos una cantidad que resulta ser casi el doble de los períodos anteriores.
Figura 2: Llegada de Salvadoreños como porcentaje de la población Salvadoreña
Fuente: DHS, Banco Mundial.
Mientras la deserción escolar continúa, el número de menores que emigra solo es al menos 13 por ciento de toda la migración salvadoreña a Estados Unidos. No es accidental que más chicos estén migrando que el incremento en la matrícula anual en secundaria. En general, el efecto demográfico es grande porque el tamaño de la fuerza laboral disminuye mientras que las obligaciones económicas continúan y hasta crecen.
El gobierno actual tiene como desafío diseñar políticas de inclusión social y de entrelazamiento con la diáspora en muchos niveles, más allá del envío de remesas. Esto incluye aspectos como abogar por la regularización de salvadoreños en el exterior, formalizar alianzas de desarrollo para invertir en educación y capital humano, especialmente para un país cuyos recursos naturales son escasos y la modernización exige competitividad en la economía del conocimiento. Incluye también promover la inclusión financiera entre los receptores de remesas.
Otro reto vital sobre la cohesión social es el relacionado con la reintegración de aquellos presos que cumplieron sus condenas, y de qué manera las políticas alrededor del plan territorial de Reconstrucción del Tejido Social y los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) han sido exitosos y no solamente un componente instrumental de marketing político que agrega a la popularidad del presidente. Por ejemplo, no concuerda el éxito de los CUBO frente a tanta deserción escolar durante el mismo período.
También es importante tener presente que muchos de los presos con condenas de veinte años sentenciados a fines del 2000 estarían saliendo durante este período. Esta es una situación que resalta pensar en cómo atender a miles de personas liberadas que tienen que buscar empleo. Hay que tener en cuenta también que en este momento con 105,000 presos o más, prácticamente uno de veinte hogares tiene a un familiar en la cárcel, pero también hay hijos con padres en la cárcel cuyo rendimiento escolar sea manifestación de bajos resultados o deserción y esté asociado a esta condición de privación de libertad. Aparte de eso, uno por ciento de los presos son menores de edad.
Muchos de estos retos son una deuda acumulada ante el incumplimiento de los compromisos con el Plan Cuscatlán que el presidente prometió llevar a cabo, que incluía aspectos sobre educación.
Figura 3: Población en la cárcel en El Salvador
Fuente: Insight Crime
Lo político ante la concentración del poder y el autoritarismo
La presencia de un estado de derecho democrático que rinde cuentas a través de pesos y contrapesos institucionales, sea incluyente, plural, equitativo, y libre garantiza mejor calidad de vida de su sociedad, toda vez que ésta no está expuesta a abusos de autoridad, excesos de control político, o restricción de libertad de expresión. Los números no engañan, la calidad de vida de un país es mayor en democracia que en la ausencia de ésta.
Sea por diseño o por inercia, los primeros cinco años de gobierno muestran una concentración gradual del poder político de parte del presidente. Esta concentración pareciera seguir una lógica ya que su primera señal ocurre con la consolidación del control en los poderes legislativo y judicial que ocurre uno después del otro. Mientras tanto y de manera paralela el gobierno reacciona de manera ofensiva sobre los medios y las organizaciones de la sociedad civil.
A 2024 El Salvador se enfrenta a varios grandes desafíos democráticos, de los que la ausencia de pesos y contrapesos en los poderes del estado es el principal ya que estos desaparecieron efectivamente con la sustitución de magistrados con un sesgo en pro del gobierno.
Pero hay otros riesgos de desliz democrático como la falta de transparencia y comunicación de la presidencia con la sociedad, el señalamiento y acusaciones al pluralismo y expresión de los organismos de la sociedad civil como amenazantes, situaciones que ha dado lugar a un tipo de persecución, acompañado con procedimientos como los del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) que requiere que las ONGs se registren de nuevo, requisito que las expone a no ser aceptadas.
La forma completamente cuestionable o arbitraria en cómo se reelige el presidente, usando interpretaciones legalistas pero imprecisas o incorrectas del Articulo 152 de la Constitución de parte de sus magistrados colaboracionistas es otro factor que ha debilitado la estructura democrática porque gradualmente Nayib Bukele ha facilitado la concentración del poder político en todos los ámbitos del Estado e instituciones políticas, incluyendo la policía y el ejército.
De hecho, la interpretación de la Constitución sobre la reelección junto a la reforma al Código Penal, sobre el fraude electoral, que penaliza a una persona que ‘obstruya una candidatura’ como lo puede ser por ejemplo la protesta y cuestionamiento de reelección de Bukele esta campaña electoral pasada, son expresiones que combinadas se convierten en candados antidemocráticos. La reforma al Código Penal, los ataques a los medios, los juicios a personas de interés, la reglamentación a ONG constituye prácticas que criminalizan la democracia.
El cambio en el número de municipalidades a 44 (de 262) como medida que transfiere control de estos gobiernos locales al estado conforman parte del círculo de concentración del poder. Otros aspectos sobre concentración del poder incluyen la ausencia clara de rendimientos de cuentas y de transparencia (como los planes de reformas fiscales, o la reforma legal al fondo de pensiones, o la declaración de cierta información importante como ‘información reservada’), la participación de familiares del presidente en el ejercicio de la gobernanza del país.
Las organizaciones de la sociedad civil observan que es paradójico que el presidente critica a las ONGs mientras éstas son actores clave en la construcción de una sociedad más incluyente — en vez, sus ataques las han dejado vulnerables ante la ley.
La ausencia de contrapesos es un riesgo gigante porque El Salvador ha quedado democráticamente debilitado porque su sistema de partidos se ha desmoronado, con Nuevas Ideas operando como partido dominante y casi partido único. Frente a eso, la gente queda al amparo de un solo partido.
De esta forma, los desafíos políticos van más allá de la suspensión permanente del estado de excepción porque incluyen la realidad de un neo-populismo, de liderazgo auto referente, unidireccional y de conducción vertical que ha mantenido popularidad con base en el manejo en la reducción del crimen en el país y el marketing político del presidente.
El desafío del presidente estriba en mantener su liderazgo y carisma mientras restaura pesos y contrapesos como garantía democrática. En este momento, lo que queda es la confianza depositada del pueblo en el presidente que él hará un buen trabajo dentro del marco del estado de derecho democrático. Sin embargo, los riesgos de una profundización de la concentración del poder que tenga como efecto restringir las libertades, excluir a sectores sociales y políticos, evadir el rendimiento de cuentas, son muy altos. Es decir, hay un alto riesgo en que Bukele traslade mano dura a todo el pueblo.
Solo falta ver cómo en Nicaragua poco a poco Ortega fue desmantelando el andamiaje democrático empezando por la eliminación de contrapesos, el ejecutivo cooptando al poder legislativo y el judicial, seguido por el desplazamiento del sistema de organismos de la sociedad civil, y partidos políticos, acompañado por el ataque a los medios y continuado con la persecución religiosa.
No. Bukele no es Ortega, por ahora. Pero es importante que el presidente tenga candados que le prevengan de radicalizarse, especialmente que él goza del apoyo de la policía y el ejército.
El temor de introducir una ley de control sobre organismos no gubernamentales, de aumentar el impuesto de ventas, sin contar con el contrapeso legislativo y de la sociedad civil, por ejemplo exponen a El Salvador a una vida en clima autoritario.
Hacia un pacto social y democrático que desmantele el autoritarismo en formación
Moisés Naim recientemente escribió que en estos tiempos somos testigos de una venganza de los autócratas, de líderes que apuestan por el ejercicio autocrático, sin contrapesos, rendimiento de cuentas y hasta represivo con un cálculo que no serán desafiados. Esta venganza consiste en reivindicar su forma de gobernar apoyado en polarizar la población, exponer un discurso populista y propagandista.
Esta polarización es evidente en la región y en El Salvador fue creciendo con las dos administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desde el período post-2009 que resulta de la falta de soluciones por parte de los líderes ante el impacto de la recesión global, llegando a los extremos en cuanto a no saber qué hacer; unos apostando a lucha total y otros a negociar y conciliar para tener soluciones.
Los líderes que resultan más atractivos, los populistas, son quienes han vendido soluciones cosméticas en vez de procedimientos de acción dentro del marco legal: yo los guiaré hacia el cambio, pero a cambio Uds. me sirven a mi. Estos populistas han utilizado la posverdad y la propaganda, para vender la oferta política sin escrúpulos. Es un marketing político sistémico que acompañado con la red clientelar construida dentro de la retórica populista y polarizante da una ventaja sobre otros oponentes.
Para Bukele, resucitar mano dura cuando las maras estaban en declive fue su oferta.
Figura 4: El Salvador: homicidios, migración e ingreso per capita
Fuente: DHS, Nationwide Encounters. Informes policiales e Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial.
Esta situación no se da en terreno estéril, sino que ocurre en momentos en donde la sociedad siente mayor discreción y control de depositar un poco más de su soberanía en otros (el Estado y el mercado) ante la elasticidad del goce de libertades, y toleran mayores controles a cambio de respuestas, soluciones o expectativas. De tal forma la gente salvadoreña ha entregado su soberanía a estos populistas en un ambiente polarizado en espera de soluciones.
Hasta ahora, sin embargo, ningún líder de este tipo ha ofrecido la solución adecuada, ni Andrés López Obrador, ni Petro, Bukele o Zelaya. Pero en el proceso estos líderes han ido ganado más poder y lo usan a su favor, debilitando la oposición y cambiando el equilibrio político. Estos se van haciendo más fuertes a través de la retórica y las leyes, y logran la continuidad en el poder a punta de mentiras o verdades a medias.
Con Bukele, la ausencia de soluciones económicas y sociales una vez que las excusas se hayan agotado, sacarán a luz su verdadera inhabilidad de gobernar. Por ello, el presidente tendrá que tomar en serio acciones que incluyan la restitución democrática, la inclusión social y modernización económica.
En 2024, Bukele ganó, con la misma baja participación electoral que antes, con el 57 por ciento de los votantes registrados. Después de años de terapia de choque contra las pandillas, no le quedan excusas para decir que la economía no está creciendo debido a las pandillas (aparte que él llegó a dar el tiro de gracia a éstas que ya venían en decadencia).
En este sentido, la oportunidad para el presidente está en prepararse para anticipar un backlash político y una debacle económica. Los salvadoreños, así como depositaron su confianza se la pueden retirar.
Es más viable que el presidente comprometa su trabajo en una estrategia que vaya acompañada con un pacto social con todos los sectores del país, en vez de alienar a éstos. Sin embargo, el riesgo de enfrentarse a un régimen represivo ante la fuerte concentración de poder puede ser alto en un escenario en que el deterioro económico sea inmanejable, la protesta social crezca y el gobierno responda agresivamente. El vecino país, Nicaragua, empezó su crisis política ante las protestas sociales por el manoseo de Daniel Ortega al sistema de seguridad social.
Esta estrategia tiene que tener al menos los tres ejes, social, político y económico. El pacto social tiene que girar en torno a invertir en capital humano (educación, tecnología, salud), inclusión financiera (aumento de formalizar ahorros, movilizarlos en crédito, expandir tecnologías de pago a la base de la pirámide). En lo económico incluye un pacto fiscal, revisar el estado de las pensiones, una mejor alianza con la diáspora para coinvertir en reducir el tamaño de la economía informal, modernizar las microempresas con tecnologías, dirigir incentivos hacia la economía del conocimiento. Y en lo político, crear incentivos para aumentar el pluralismo social organizado, fomentar el debate público y parar la persecución contra los medios, así como entrar en un diálogo político para revitalizar el sistema de partidos y restaurar el sistema de pesos y contrapesos.
La promesa con El Salvador está en manos del presidente Bukele de rendir cuentas con resultados positivos, más que con expectativas de que le sirvan a él.