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Más de la mitad de los países con el mayor número de femicidios se encuentran en las Américas. En 2018, al menos 3.529 mujeres en la región de América Latina y el Caribe fueron víctimas de femicidios. En Ecuador, Uruguay y Perú, los femicidios a manos de una pareja superan el 85 por ciento del total de muertes de mujeres en el país. La violencia contra la mujer (VCM) abarca una amplia gama de actos desde el acoso verbal hasta otros tipos de abuso emocional, físico y sexual, y el femicidio es la manifestación más extrema de la VCM.
La mayoría de las incidencias de VCM ocurren en ambientes íntimos, según parejas y ex parejas. Este tipo de violencia tiende a normalizarse en el contexto de la cultura machista predominante en los hogares latinoamericanos, como se explica en “Activismo contra la violencia de género en aumento en América Latina y el Caribe.” En el primer trimestre de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 60.384 casos de violencia doméstica en México, un aumento del 4 por ciento en comparación con el año anterior.
En este contexto, la pandemia del coronavirus y las respuestas subsiguientes de los gobiernos han tenido un impacto grave en ciertos grupos vulnerables en América Latina. Las cuarentenas obligan a las mujeres a volver a casa con sus abusadores, sin contar con el acceso a servicios de apoyo o ayuda. Además, el cierre de empresas, la ausencia de compromiso social, la incertidumbre económica y el aumento del desempleo crean tensiones dentro del hogar que podrían desencadenar escenarios de violencia doméstica. En respuesta a esta crisis intensificada, los gobiernos y otros actores sociales han tenido que implementar rápidamente nuevas formas de divulgación de información, adaptar sus recursos a la realidad de Covid-19 y desarrollar nuevas alianzas para ampliar su impacto.
Las desigualdades de género durante la pandemia
La reciente pandemia ha exacerbado la desigualdad económica, ha hecho que el trabajo de cuidado sea más oneroso y peligroso, y ha aumentado la violencia de género. Antes de la cuarentena, las mujeres llevaban a cabo de tres a cuatro veces más tareas domésticas que los hombres en América Latina. Además, la educación en línea requiere que las mujeres pasen más tiempo en las tareas domésticas y el cuidado de niños que antes. En la región, las mujeres representan el 59 por ciento del sector informal. Por ende, las prácticas de la cuarentena han limitado la independencia financiera de las mujeres, ya que corren más riesgo de perder sus empleos.
Las cuarentenas están aumentando la violencia doméstica
En varios países de la región, como Argentina, Brasil y Chile, se ha producido un aumento de las llamadas y las denuncias de violencia doméstica desde el comienzo de las cuarentenas. Los abusadores usualmente restringen la libertad y la movilidad de sus víctimas, de tal forma que las cuarentenas representan una nueva plataforma de control para el abusador.
En algunos países ha ocurrido lo contrario. En República Dominicana, el país con la quinta tasa más alta de femicidios en América Latina y el Caribe, se ha producido una disminución del 50 por ciento en el número de denuncias de violencia de género. Los expertos señalan que esto no significa que la violencia haya desaparecido. Es posible que las circunstancias domésticas no permitan que muchas mujeres denuncien abusos en privado. Otras pueden temer a la enfermedad y a la muerte potencial como consecuencia al salir de casa para denunciar la violencia o buscar refugio, más allá de su situación abusiva.
La desinformación en torno a las cuarentenas y las restricciones impuestas por los gobiernos también ha desempeñado un papel importante. Algunas víctimas no saben si pueden salir de sus hogares de forma segura sin ser multadas o arrestadas, especialmente si el gobierno no ha sido explícito acerca de las excepciones en las cuarentenas. Por esa razón, el gobierno argentino afirma abiertamente que las mujeres y las personas LGBTQ en situaciones de violencia son libres de violar la cuarentena para buscar ayuda.
La reciente pandemia ha exacerbado la desigualdad económica, ha hecho que el trabajo de cuidado sea más oneroso y peligroso y ha aumentado la violencia de género. Las prácticas de la cuarentena han limitado la independencia financiera de las mujeres, ya que corren más riesgo de perder sus empleos.
Las respuestas de los Estados
Los gobiernos en América Latina han adoptado ciertas medidas para garantizar que las redes de apoyo y los recursos jurídicos sigan estando disponibles para los casos de violencia doméstica durante la pandemia. Al comienzo de las cuarentenas, Argentina y Uruguay ampliaron automáticamente las medidas de protección preventiva para las víctimas de violencia de género, sobre todo, aquellas que expiraron en los últimos 40 días o expirarán dentro del período de cuarentena. En São Paulo, Brasil y Colombia, las autoridades emitieron un decreto para garantizar el acceso continuo a los servicios virtualmente, incluyendo asesoramiento jurídico, consejo psicosocial y servicios de policía y judiciales, incluyendo audiencias.
En la región, Perú, Panamá y Colombia han adoptado restricciones de movilidad basadas en el género indicado en los documentos de identidad. A pesar de que estas restricciones se adoptan con el objetivo de prevenir la propagación de Covid-19, las restricciones de movilidad basadas en el género también podrían presentar una válvula de escape viable para las mujeres en situaciones de violencia doméstica. Por este medio, las mujeres pueden salir de casa sin sus abusadores para buscar ayuda y acceder a los servicios de apoyo. Por otro lado, las políticas basadas en el sexo biológico pueden ser contraproducentes para la comunidad LGBTQ al exponerlos a más violencia en las calles.
El papel de la tecnología
A la luz de las restricciones de movilidad, los gobiernos han recurrido a la tecnología para mantener los servicios de apoyo para los casos de violencia doméstica. En Argentina y Chile, las autoridades han incluido un número de WhatsApp para apoyar las líneas de ayuda en la recepción de denuncias. WhatsApp y mensajes de texto son un recurso preferible porque proveen una manera más discreta de buscar ayuda para la víctima/sobreviviente. Estas plataformas también ofrecen servicios jurídicos y de salud mental.
La tecnología de Blockchain es otro recurso que ha ganado popularidad para denuncias. Blockchain es un protocolo digital que crea un registro documental inalterable. Esta característica ha permitido que nuevas aplicaciones utilicen internet para documentar, registrar el tiempo y establecer pruebas claves en casos de violencia doméstica. UrSafe es una aplicación que utiliza la tecnología de Blockchain para grabar llamadas y sonidos alrededor del dispositivo que podrían ser utilizados más tarde para apoyar acciones legales contra los abusadores. Actualmente, la aplicación es gratuita durante el periodo de emergencia en América Latina.
De igual forma, las redes sociales son plataformas esenciales para que los gobiernos anuncien líneas de ayuda y servicios de apoyo. A través de campañas se ha intentado mejorar la visibilización de la violencia doméstica en el contexto de Covid-19. En México y Colombia, se lanzaron campañas con guías informativas como #HeForSheDesdeCasa y #MujeresSegurasEnCasa.
No obstante, la tecnología tiene sus limitaciones para llegar a mujeres fuera de las zonas urbanas y las capitales de la región. El internet sigue siendo un lujo en las zonas empobrecidas. A nivel mundial, las mujeres tienen un 21 por ciento menos de probabilidad de poseer un teléfono móvil. Estos datos indican que las soluciones de base tecnológica excluyen a mujeres en las zonas rurales y los barrios de pocos recursos.
El sector privado y las organizaciones de la sociedad civil están abordando la violencia doméstica
Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y las empresas privadas han desempeñado un papel importante compensando las limitaciones de las respuestas estatales a la violencia doméstica. Los refugios en México y Argentina han sido declarados servicios esenciales para asegurar la continuación de sus operaciones. Los gobiernos están construyendo alianzas con el sector privado para ampliar las instalaciones para albergar a las personas que necesitan refugio. En Argentina, la Ministra de las Mujeres presentó el “Plan H” en asociación con hoteles y residencias estudiantiles. El Plan H tiene como objetivo alojar a las personas identificadas de las llamadas a la línea de ayuda 144.
Las farmacias también han demostrado ser aliados cruciales en la expansión de las redes de apoyo. En Argentina, la iniciativa Barbijo Rojo es un esfuerzo conjunto de la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad y la Confederación Farmacéutica Argentina. Las mujeres que necesitan ayuda pueden ir a las farmacias y pedir un barbijo rojo. Este es un código que alerta al personal para llamar a la línea de ayuda 144.
Las OSCs desempeñan un papel fundamental para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos. Estas organizaciones a menudo proveen apoyo jurídico y servicios de salud mental cruciales. A su vez, estas fomentan una comunicación más transparente entre los diferentes actores sociales. En Bolivia, una niña embarazada que violó el toque de queda para acceder al hospital fue forzada por los militares en la calle a volver a casa. Breeze of Hope, una ONG, medió entre las autoridades locales y las instalaciones hospitalarias para obtener la ayuda médica necesaria.
La participación de las empresas privadas en estas campañas de sensibilización también ha ayudado a llegar a un público más amplio a través de las redes sociales. Avon y Natura, empresas con una presencia enorme en la región, han implementado iniciativas para sensibilizar a la población sobre la violencia doméstica antes y durante la pandemia. Avon lanzó la campaña #AisladasNoSolas. Esta estrategia de divulgación utiliza videos silenciosos para difundir diferentes líneas de ayuda y redes de apoyo entre sus clientes en las redes sociales sin alertar a los abusadores.
Desafíos por delante
Covid-19 ha planteado nuevos desafíos que los gobiernos deben abordar con respecto a la violencia doméstica y la VCM en la región. Los esfuerzos para enfrentar la VCM siguen estando incompletos por la falta de coordinación regional en torno al establecimiento de una definición cohesiva para términos como el feminicidio y sus criterios judiciales. Es importante que los gobiernos movilicen recursos para estandarizar la recopilación de datos y el marco jurídico de la VCM en la región. Esto permitirá una mejor evaluación del estado de la violencia de género a nivel regional y mejorará los esfuerzos de la formación de políticas públicas.
Para abordar el aumento de la VCM, las organizaciones de la sociedad civil deben seguir documentando y compartiendo datos para que las partes claves interesadas sean responsables y garanticen que este problema encabece las respuestas de los Estados a Covid-19.
Asimismo, el gobierno debe enfatizar el papel clave de las redes sociales en los barrios. Las campañas deben enfatizar la importancia de denunciar la violencia sexual. Varios estudios han demostrado que la capacitación de los transeúntes, la participación de líderes y referentes sociales influyentes son intervenciones efectivas contra la violencia doméstica y/o la VCM.
Por último, a pesar de que el aumento de la violencia doméstica está ganando más cobertura informativa en los medios de comunicación, es necesario adoptar medidas para abordar la violencia doméstica y la VCM a través de la lente de la interseccionalidad. Las mujeres migrantes, indígenas, de la tercera edad y transgénero son grupos vulnerables que a menudo son ignoradas por estas políticas.
Melanie Ordoñez es una estudiante de pregrado en las Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington. Fue pasante en la Oficina del Presidente.
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