A la expectativa de grandes cambios: Petro y la política energética de Colombia

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Las promesas de campaña en materia energética y climática de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, incluyen detener la exploración petrolera y los proyectos piloto de fractura hidráulica mientras se acelera la transición hacia las energías renovables. Estas aspiraciones plantean serias interrogantes sobre el rumbo de la política energética en el país. 

Para tratar algunas de estas preocupaciones, el Diálogo Interamericano realizó el evento en línea “Colombian Energy Policy under Petro” el 27 de julio de 2022. Nate Graham, gerente del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas, abrió el evento con palabras inaugurales. A continuación, la Dra. Daniela Stevens, directora del programa y moderadora del evento, procedió a presentar a los expertos e indagar por las especificidades de las políticas de Petro en relación con los combustibles fósiles y las energías renovables.  

Por un lado, Ani De la Quintana, directora asociada y líder de análisis de riesgo para la región andina de Control Risks, argumentó que es esencial distinguir entre la retórica idealista de la campaña y la implementación realista de las políticas una vez en el gobierno. A pesar de los anuncios enérgicos durante su campaña, la moderación parece haberse incorporado al discurso de Petro. Karla Schaffino Pérez, analista senior para las Américas de Verisk Maplecroft, hizo eco de esta afirmación al mencionar que el nuevo gobierno tiene la visión de impulsar gradualmente una transición energética en las próximas dos décadas. Según Schiaffino, esta postura moderada demuestra el reconocimiento del papel fundamental de las industrias extractivas en el perfil exportador de Colombia. Por ende, es posible que Petro pueda conformarse con las “victorias fáciles” de vetar el fracking y no emitir nuevos contratos de exploración petrolera (en lugar de perseguir la prohibición de la minería de carbón o la explotación de petróleo) como una forma de cumplir sus promesas de campaña sin afectar gravemente la estabilidad macroeconómica del país. 

Por otro lado, John Padilla, director general de IPD Latin America, señaló que actualmente sabemos muy poco sobre la futura puesta en práctica de las promesas de Petro. Tras la designación de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, es razonable esperar la prohibición del fracking, incluso en contravía de la sentencia favorable del Consejo de Estado. Sin embargo, las múltiples incertidumbres incluyen, por ejemplo: el futuro del gobierno corporativo de Ecopetrol; la autosuficiencia petrolera y gasífera; el respeto a los contratos energéticos vigentes, entre otros temas apremiantes. En un contexto de alto endeudamiento, inflación creciente y desempleo persistente, estas circunstancias provocan el nerviosismo de los mercados y amenazan la actividad de las industrias extractivas, que representan más del 50 porciento de las exportaciones y alrededor del 15 porciento de los ingresos fiscales del país. 

Destacando estas incertidumbres, José Zapata, socio de la firma de abogados Holland & Knight, afirmó que el gobierno entrante está escenificando un confuso “acto de malabarismo” entre la radicalidad y la moderación que afecta al sector energético en su conjunto.  Entre las múltiples contradicciones del discurso de Petro se encuentra su promesa de respetar los contratos vigentes a la vez que detener el fracking, lo cual implica, a su vez, detener los contratos vigentes. Otro ejemplo es la eliminación de las exenciones fiscales, que podría poner en peligro los incentivos que impulsan la atracción de inversiones en el sector de las energías renovables, incluso en tecnologías como la energía eólica costa afuera. Por último, en medio del impulso a la transición energética, el gobierno entrante ha planteado paradójicamente el aumento de las exportaciones de carbón para aprovechar los altos precios internacionales debidos a la crisis energética mundial. 

Posteriormente, la discusión se centró en la factibilidad de los principales objetivos de la política energética y climática de Petro. Los panelistas coincidieron en que sus propuestas, quizá demasiado ambiciosas, se enfrentarán a una serie de obstáculos en su aplicación. De la Quintana destacó que, aunque Petro ha logrado construir una coalición fuerte en el Congreso, su eficacia aún está por verse y sus contradicciones internas podrían acabar convirtiéndose en un obstáculo para las iniciativas de gobierno. En concreto, indicó que la actual fuerza política y popularidad de Petro no están garantizadas a futuro y que las instituciones del sistema de pesos y contrapesos (como las Altas Cortes, la Fiscalía, entre otras), sumadas al malestar social, eventualmente pueden forzar una revisión de algunas de sus promesas más radicales. En ese sentido, Padilla agregó que tras un período corto de ‘luna de miel’, como en el caso del presidente Gabriel Boric en Chile, se podría complicar la aprobación de las propuestas más ambiciosas. De ese modo, aspectos como una buena relación con Estados Unidos y la estabilidad del gabinete de gobierno, deberán ser señales clave al mercado para garantizar el financiamiento de la transición energética en el largo plazo. 

Por el contrario, Zapata señaló que se está produciendo un alineamiento político sin precedentes entre los distintos poderes y entidades públicas, lo que abre una ventana política que permite grandes oportunidades y conlleva riesgos. Este inusual consenso podría dar lugar a numerosos cambios normativos y regulatorios en el primer año, desbordando posiblemente las capacidades de ejecución del gobierno. Desde otra perspectiva, Schiaffino mencionó que, además de los retos jurídicos, políticos y económicos, hay que tener en cuenta los desafíos técnicos para alcanzar los objetivos de la política energética y climática de Petro. Por ejemplo, la mejora de la infraestructura de transmisión y almacenamiento de energía es imprescindible para impulsar las energías renovables y cumplir con el programa de acción climática en general.   

Finalmente, el panel cerró con reflexiones sobre las perspectivas del sector energético en Colombia, desde las competencias de cada uno de los invitados. De la Quintana destacó que, a corto plazo, Colombia debe aprovechar el acelerado crecimiento económico impulsado en parte por los altos precios del petróleo. De cara al futuro, es necesario un manejo cauteloso de la política fiscal para evitar impactos económicos negativos derivados de la desaceleración de la economía mundial y de una probable reducción de los precios de las materias primas energéticas en los próximos 18 meses. Igualmente, Schiaffino enfatizó la necesidad de mantener los niveles de producción de petróleo y gas sin cerrar la puerta de la explotación de yacimientos no convencionales y costa afuera para asegurar la autosuficiencia energética del país (que no está asegurada para más de 10 años, de acuerdo con el volumen de las reservas probadas). 

Por su parte, Padilla resaltó que mantener la estabilidad del mercado es indispensable para evitar una fuerte devaluación de la moneda nacional que podría afectar a los contratos de largo plazo de energía renovable que se negocian en pesos colombianos. Para terminar, Zapata hizo hincapié en la importancia de preservar la seguridad jurídica del Estado de derecho y abandonar el “mito del papel” (es decir, la creencia de que las normas resuelven por sí mismas los problemas) para diseñar cuidadosamente las nuevas regulaciones sin saturar el ordenamiento jurídico. En ese sentido, los expertos coincidieron en que mantener, robustecer y mejorar los fundamentos regulatorios de la transición energética de Colombia pasa por reconocer que el destino de las industrias extractivas tradicionales y el de las energías renovables están íntimamente entrelazados. 

Vea la grabación del evento aquí: