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El 30 de diciembre del 2020 fue un día histórico – ese día, el senado de Argentina aprobó la ley para legalizar el aborto durante las primeras catorce semanas de embarazo. Como resultado, el número de mujeres en América Latina con acceso al aborto legal ha incrementado significativamente, del 3 al 10 por ciento.
Esta fue una victoria para las activistas de la región pero aún quedan muchos desafíos por delante. El día después de dicha legalización en Argentina, el presidente Jair Bolsonaro criticó la decisión y dijo que el aborto nunca sería permitido en Brasil mientras él sea presidente. Además, el día 21 de enero, Honduras cambió su constitución para que sea casi imposible legalizar el aborto, el cual puede penalizarse hasta con 10 años de cárcel.
América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más restrictivas del mundo con respecto a sus leyes y políticas sobre la salud reproductiva, especialmente en cuanto al aborto. Hoy en día, el aborto está totalmente prohibido en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, Jamaica, la República Dominicana y Surinam. Es aceptable en la mayoría de los países de la región bajo ciertas condiciones – incluyendo la violación, inviabilidad del feto, o para salvar la vida de la madre – y está permitido a petición en Uruguay, Cuba, la Ciudad de México y Oaxaca, Guyana, Guyana Francesa y ahora, en Argentina.
Sin embargo, las mujeres seguirán abortando a pesar de las restricciones legales. Leyes severas y acceso limitado obligan a las mujeres a buscar procedimientos inseguros, que a menudo resultan en complicaciones graves o en la muerte. Aunque se ha avanzado con respecto a la despenalización del aborto, el limitado acceso al procedimiento sigue siendo un problema de derechos humanos, una crisis de salud pública y un problema para la democracia.
RETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan el acceso a servicios de salud reproductiva, educación sexual comprensiva, contracepción segura y aborto. Parte del contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos es proteger estos derechos, garantizar la salud de sus residentes y corregir las desigualdades sociales. Ciertas leyes restrictivas de aborto infringen en algunas otras garantías de derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad y el derecho al debido proceso.
La mayoría de los países latinoamericanos han firmado y ratificado tratados prometiendo acabar con la discriminación contra las mujeres y la defensa de su libertad reproductiva, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres de la ONU, firmado en 1981 (CEDAW) y el Compromiso de Santiago de la XIV Conferencia Regional sobre las Mujeres de ALC. Sin embargo, muchos de los firmantes siguen teniendo algunas de las leyes más restrictivas hacia el aborto del mundo. En Honduras, estos tratados son considerados al mismo nivel que la constitución pero el aborto sigue siendo criminalizado.
CRISIS DE SALUD PÚBLICA
El acceso restringido al aborto ha contribuido a una grave crisis de salud pública. Entre el 2015 y el 2019, aproximadamente 5.4 millones de mujeres tuvieron un aborto en ALC. Tres de cada cuatro abortos que ocurren en África y América Latina son inseguros y alrededor de 760.000 mujeres en la región son tratadas anualmente por complicaciones de abortos ilegales. Aproximadamente un 10 por ciento de las muertes maternas fueron por consecuencia del aborto. Un número significativo de muertes maternas en Latinoamérica se podrían haber prevenido con acceso universal a la planificación familiar.
Estas estadísticas alarmantes han sido exacerbadas por la pandemia. Durante la pandemia del Covid-19, a medida que la violencia de género y la violencia doméstica han aumentado en la región, también aumentarán los embarazos no deseados. A finales del 2020 se estimaba que la pandemia resultó en “2.2 millones de embarazos no deseados, más de 1 millón de abortos, 3.900 muertes maternas y 51.400 muertes infantiles”. Mismo en países donde el aborto es legal, ha habido una disminución en la cobertura de servicios médicos sexuales y reproductivos debido al Covid-19 y las mujeres han encontrado obstáculos al tratar de acceder al aborto. Un mayor número de embarazos no deseados resultará en más abortos inseguros, resultando en más complicaciones médicas, muertes maternas, mujeres y médicos encarcelados.
BARRERAS PERSISTENTES
Las iglesias católicas y evangélicas siguen ejerciendo una significativa influencia religiosa, política y social en ALC. Aunque está disminuyendo, la religión continúa siendo crucial a la identidad cultural de la región. Adicionalmente, el número de iglesias evangélicas conservadoras sigue creciendo especialmente en Centroamérica, donde las leyes contra el aborto son las más estrictas. En Nicaragua, el aborto terapéutico fue eliminado en el 2007 debido a una alianza entre el gobierno de Ortega y el sector religioso evangélico. Estas fuerzas conservadoras han fomentado el concepto de la “ideología del género” que dice que dar acceso al aborto, a los derechos reproductivos y a otras políticas de igualdad de género son amenazas a las familias y a los valores tradicionales.
El estigma contra el aborto es predominante en la región, inclusive en países con leyes más liberales, lo cual ha sido demostrado por un estudio del 2018 sobre el aborto en Uruguay. Aunque el procedimiento está permitido bajo ciertas condiciones en la mayoría de los países en ALC, todavía hay una falta de acceso a información entre los ciudadanos y algunos proveedores médicos o jueces, como es el caso de Brasil, donde todavía se le niegan servicios de aborto a las mujeres, inclusive cuando los mismos están amparados por la ley.
Por último, los servicios médicos reproductivos de alta calidad todavía son más accesibles para las mujeres de altas clases sociales que cuentan con mejor acceso a la contracepción y a abortos privados, mientras que otros grupos tienen que depender de las instalaciones de salud pública. En lugares donde el aborto está prohibido, las mujeres que no pueden pagar por tratamientos privados o que no pueden viajar tienen que ir a instalaciones públicas en caso de una complicación, en donde se arriesgan a ser reportadas a la policía. Estas restricciones casi siempre ponen en peligro a las mujeres más vulnerables, incluyendo a las mujeres pobres y de zonas rurales, a las indígenas y a las afrodescendientes.
AVANCES LOGRADOS, DESAFÍOS PENDIENTES
Con respecto al acceso al aborto, la situación de cada país es diferente pero los casos más preocupantes están en Centroamérica. En El Salvador, por ejemplo, mujeres que tienen abortos fallidos o abortos espontáneos son frecuentemente enjuiciadas con asalto agravado o cargos de homicidio, crímenes que puede resultar hasta en 40 años de cárcel. Los proveedores de salud también pueden enfrentar cargos criminales por asistir en un aborto. Desde que la prohibición total fue introducida en 1998, 18 mujeres han sido encarceladas. Los partidos conservadores tienen un dominio en el Congreso y en los gobiernos municipales en varios países centroamericanos y bloquearán cualquier medida que busque levantar la prohibición en el futuro próximo.
En la Argentina, la reforma del aborto no se logró fácilmente. Los expertos describen que un conjunto de elementos claves, a través de una propuesta de 13 proyectos de ley, finalmente llevó a que haya cambios en la ley: la movilización de activistas a largo plazo, un gobierno ejecutivo progresista, y un gran número de representantes mujeres en el congreso. Miembros de la iglesia católica y grupos proelección también han tenido un papel importante en la región. Los activistas han cambiado el foco del discurso sobre el aborto de un debate moral a un énfasis en la salud pública, señalando a Uruguay como ejemplo.
La dinámica Argentina de la “Ola Verde” puede afectar a los movimientos sociales en otros países. En Colombia, la corte constitucional ha acordado considerar una petición para eliminar el aborto del Código penal y en México, el Congreso está considerando dos iniciativas para suprimir algunas restricciones y eliminar los procesamientos criminales en estados específicos. La corte suprema en Brasil pronto se pronunciará sobre un desafío legal del 2018 que despenalizaría el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. El Congreso de Chile también está debatiendo un proyecto de ley que busca permitir el aborto electivo hasta las 14 semanas de embarazo. La opinión pública parece estar cambiando, dependiendo del país. En México, una encuesta del 2020 mostró que el apoyo para el acceso al aborto aumentó drásticamente de un 29 por ciento en marzo a un 48 por ciento en noviembre del mismo año.
CONCLUSIÓN
El acceso al aborto es un derecho humano. Los países deben mantener las promesas hechas en tratados internacionales para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las organizaciones multilaterales y regionales necesitan responsabilizar a los signatarios. Grupos de la sociedad civil deben continuar presionando a los gobiernos para que mejoren su recolección de datos y su transparencia relacionada con el acceso al aborto y los procedimientos inseguros. Las redes de defensa transnacionales también son cruciales para el intercambio de información y para legitimar los esfuerzos en toda la región.
Más importante aún, los países deben institucionalizar un paquete comprensivo de servicios reproductivos y de salud esenciales, incluyendo el acceso al aborto seguro y los métodos anticonceptivos, en sus sistemas nacionales de salud. Ellos deben responder a la necesidad de mayores inversiones equitativas, tomando en cuenta las necesidades específicas de grupos pobres y marginalizados. Además, los gobiernos tienen que enfocarse en el desarrollo de sus capacidades para enforzar y mantener la ley de aborto de manera justa y para prevenir su revocación al mismo tiempo en el que deben abordar las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género. El acceso a los servicios reproductivos comprensivos resultará en menos embarazos no deseados, menos abortos y menos muertes maternas. Para que las mujeres sean ciudadanas con derechos plenos en la sociedad, la libertad reproductiva es fundamental.
Este artículo fue traducido por Carolina Celedón, pasante en la Oficina del Presidente.
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