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Es habitual que el sector privado exija reglas de juego claras y seguridad jurídica para operar. Es menos común que líderes empresariales hablen de democracia y derechos humanos. Se actúa como si lo primero pudiese existir sin lo segundo. Puede, pero en sociedades muy diferentes a las que queremos vivir. Para apuntalar ambos objetivos, el sector privado tiene que asumir un rol proactivo de liderazgo y responsabilidad.
En América Latina la democracia está desprestigiada. La encuesta de Latinobarómetro mostró en 2023 que solo el 48% de los ciudadanos de nuestros países dijo preferir la democracia sobre otra forma de gobierno, el nivel más bajo de apoyo desde el inicio de la serie en 1995. La respuesta “nos da lo mismo” obtuvo el nivel más alto, 28%. Argentina, afortunadamente, se encuentra todavía entre aquellos con mayor apoyo a la democracia: 62% respondió favorablemente, siete puntos porcentuales más que tres años antes. No debemos dormirnos en los laureles de ese número.
Las causas de este malestar democrático varían según cada país de la región, pero hay patrones comunes: la ineficiencia en la gestión y la ineficacia para aportar soluciones, la corrupción en todos los estamentos del Estado, la parcialidad y la politización del poder judicial, la inseguridad y la complicidad de las fuerzas policiales con bandas criminales.
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