Cuba: protestas y caminos al futuro
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Nunca antes, desde el triunfo revolucionario de 1959, había tenido lugar en Cuba una protesta ciudadana con la envergadura de la del pasado domingo 11 de julio. Miles de cubanos de todas las edades y estratos sociales, en más de 60 localidades de la Isla, salieron a las calles para mostrar su descontento y hacer escuchar su voz. Lo acontecido desborda, con creces, la magnitud de las protestas ocurridas el 5 de agosto de 1994, tanto en número de participantes, como en su alcance nacional. La respuesta del gobierno fue dar una “orden de combate” que activó la vía coercitiva para contener las movilizaciones, alentando el enfrentamiento desigual entre partidarios gubernamentales y manifestantes desarmados. Prosiguieron desconectando Internet en toda la Isla con el objetivo de que los cubanos no volvieran a organizarse. Estos sucesos han generado un número indeterminado de detenidos, muchos heridos y una persona muerta confirmada.
Las causas de lo ocurrido están relacionadas con la parálisis y postergación de las reformas internas; la rigidez gubernamental para “pegar el oído” al suelo y escuchar los reclamos de una ciudadanía educada y plural que desde hace mucho reclama diálogo y soluciones. Se suman la escasez de medicinas, comida y productos de primera necesidad; la inflación causada por el proceso de unificación cambiaria y monetaria; los prolongados cortes eléctricos debido a la escasez de combustibles; la creación de un mercado de divisas al que no tiene acceso toda la población; los efectos devastadores de la pandemia sobre la economía y el turismo; y el impacto de las redes sociales.
Por otro lado, asistimos a un shock de elementos externos vinculado, sobre todo, al colapso venezolano y a la aplicación de sanciones bajo la administración Trump, que buscaban, precisamente, promover un estallido social dentro de Cuba. Esas más de 240 sanciones, unidas a las estructuras tradicionales del embargo/bloqueo, cortaron el flujo de divisas internacionales a la Isla, estrangularon las remesas, cerraron los viajes entre Estados Unidos y Cuba, acrecentaron la persecución sobre transacciones y activos cubanos, y penalizaron el envío de combustibles. Ya fuera de manera intencional o de forma colateral (lo mismo da) lo cierto es que estas sanciones terminaron erosionando, de forma demoledora, la calidad de vida de la ciudadanía.
Merece la pena mencionar el deterioro de la situación pandémica en las últimas semanas, sobre todo en la provincia de Matanzas. La Isla había alcanzado el clímax de contagios por Covid-19 los días previos a las protestas. Sin embargo, frases como “intervención humanitaria” y “corredor humanitario” empezaron a ser manejados en las redes sociales y en medios de prensa que tratan temas cubanos. Luego se pasó a hablar, directamente, de la necesidad de una “intervención militar”. Todo iba configurando una “tormenta perfecta” que terminó con miles de cubanos en las calles.
La reacción de las autoridades de la Isla después de las protestas, responsabilizando al gobierno de Estados Unidos por todo lo ocurrido, coloca a los estamentos oficiales casi en un “mundo paralelo”. Más allá de los deseos públicos de grupos y políticos de la derecha cubanoamericana de promover un estallido social en Cuba —y de haberlo procurado con fuerza bajo la administración Trump movilizando cuantiosos recursos económicos, mediáticos e informáticos— ningún gobierno extranjero, ni ningún movimiento opositor o grupo de la sociedad civil existente en la Isla, tiene la capacidad política y logística de hacer salir a miles y miles de cubanos a las calles de manera tan espontánea, sincronizada y masiva. El efecto acumulativo de la prolongada crisis interna, y su carácter multidimensional, jugó un papel decisivo en las movilizaciones. Entender las claves profundas de lo ocurrido resulta esencial si se quiere construir soluciones políticas para esta situación lo antes posible.
Los sucesos acontecidos han impactado, e impactarán en el futuro, sobre la capacidad de los cubanos para generar consensos nacionales. Basta tomar, como mínimo ejemplo, los pronunciamientos de algunos de los más importantes músicos cubanos: Leo Brower, Chucho Valdés, Eliades Ochoa, José María Vitier, Adalberto Álvarez, el Grupo Van Van, Carlos Varela, Leoni Torres, Cimafunk, Daymé Arrocena, Liuba María Hevia, etc. En los pronunciamientos de todos ellos hay varios elementos comunes: un posicionamiento junto al pueblo, el rechazo frontal al uso de la violencia física por parte de las autoridades y la evidencia de un profundo desgarramiento personal, que es extensivo a todos los cubanos por estos días. Si bien antes ya era difícil trabajar para construir agendas comunes en Cuba, a partir de ahora lo será mucho más.
¿Cómo debería actuar el gobierno ante este conflicto? ¿Cómo gestionar los reclamos legítimos de los manifestantes? Sería imprescindible la convocatoria a un proceso de diálogo nacional, el cese inmediato del ejercicio de la violencia contra los ciudadanos indefensos y el respeto del derecho ciudadano a la manifestación pacífica. Todo lo acontecido debe ser reencauzado por las sendas de la política con mayúscula, convirtiendo la frustración, el dolor y la rabia en propuesta de futuro y reconciliación entre cubanos. Los detenidos deben ser liberados y las fuerzas del orden público puestas en función de custodiar instituciones e inmuebles.
Esta es la única vía, por más ilusoria e ingenua que parezca, de darle un giro positivo a los acontecimientos. ¿Estaría el gobierno cubano dispuesto a ello? ¿Qué implicaciones tendría no gestionar políticamente lo ocurrido? Seguramente, los resultados serían nefastos. El futuro de Cuba pasa por construir unos marcos de libertad que incluyan a todos los cubanos, piensen como piensen y vivan donde vivan.
Igualmente, le corresponde a la administración Biden reconstruir el compromiso de Estados Unidos con el pueblo cubano. ¿Cómo lograrlo en las circunstancias actuales? La administración demócrata acaba de anunciar que no se restablecerá el envío de remesas a Cuba. Podría ser una tentación mantener las sanciones para “calentar más la olla” y ver “qué pasa”. Esto sería un error grave que podría desembocar en escenarios de violencia y caos generalizados, lo cual no sería bueno para nadie. Es imperioso, en el corto plazo, abrir canales de diálogo diplomático entre ambas naciones e implementar un conjunto de medidas que impacten rápido, y a gran escala, sobre la dimensión humanitaria de la crisis cubana.
Una pregunta plausible, en este punto, sería si lo anterior es políticamente posible en las actuales circunstancias de la política doméstica norteamericana. Desde el pragmatismo político, los caminos podrían ser muchos. Sin embargo, dada la situación humanitaria que vive el pueblo cubano, lo digno, lo justo, y lo ético, sería ayudarlos. Necesitamos vivos a los humanos, para poder hablar después de derechos humanos. Remesas, viajes y servicios consulares, siguen siendo metas plausibles que ayudarían a aliviar las carencias entre los cubanos de medicinas, alimentos, objetos de primera necesidad, etc. El presidente Biden llegó a la Casa Blanca con el programa idealista de “restaurar el alma de la nación”, en un contexto de gran polarización y enfrentamiento entre sectores del pueblo estadounidense. Es justamente ese idealismo y altruismo el que se necesita para conjurar, cuanto antes, los acontecimientos que tienen lugar en Cuba.
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Shifter: “What these protests have made clear is that the Cuban people are suffering terribly”
Shifter: “La administración de Biden tiene que prestar atención [en Cuba y Haití].”