Es necesario restablecer las protecciones de asilo político en la frontera de EEUU para las sobrevivientes de violencia doméstica
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En los últimos meses, el flujo de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México se ha caracterizado como una “crisis”por los medios de comunicación, y la Vicepresidenta Kamala Harris ahora está liderando la respuesta del gobierno de Biden. A pesar de que datos preliminares demuestran que ha habido más cruces fronterizos de lo usual en los últimos meses, la mayoría de los migrantes son expulsados casi inmediatamente debido a “Title 42” — una orden de salud pública promulgada por el gobierno anterior del Presidente Donald Trump y la cual bloquea a la mayoría de migrantes de entrar a los Estados Unidos para solicitar asilo.
La caracterización de esta situación como una crisis y el enfoque que se da en las estadísticas generales oculta los aspectos humanos de la migración, las historias individuales y las motivaciones de aquellos que hacen el viaje peligroso a la frontera, categorizando a todos ampliamente como “migrantes”. Un grupo que ha sido ignorado son las sobrevivientes de violencia doméstica y sus solicitudes de asilo para EEUU.
LAS SOLICITUDES DE ASILO EN EEUU HOY EN DÍA
Para cumplir los requisitos de asilo basados en ley estadounidense e internacional, el solicitante debe demostrar un miedo justificado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o pertenencia a algún grupo social particular. En el 2020, hubo más de 151,800 solicitudes de asilo por parte de individuos en procesos de remoción en la frontera de EEUU, y hoy en día hay casi 1.3 millones de solicitudes atrasadas debido al gran volumen de solicitudes y los recursos limitados para procesarlas.
La tasa de aprobación para las solicitudes de asilo ha disminuido consistentemente a través del tiempo, especialmente en los últimos años del gobierno de Trump. Los países más afectados por altos porcentajes de rechazo de solicitudes de asilo en el 2020 están todos en Latinoamérica, incluyendo a Honduras (87.3 por ciento), Guatemala (85.8 por ciento), México (85 por ciento), y El Salvador (81.9 por ciento). Estos países también son de los lugares más peligrosos en el mundo para las mujeres. En el 2018, hubo 13.49 femicidios por cada 100,000 mujeres en El Salvador, la tasa más alta en el mundo, y en lo que va de 2021, un femicidio es cometido en Honduras cada 36 horas. Esta violencia de género es comúnmente un factor de migración de Centroamérica. Entre el 2014 y el 2018, se les otorgó asilo a aproximadamente 10,000 personas cada año debido a la violencia pandillera o violencia doméstica en sus países de origen. A pesar de que no hay datos exactos para demostrar cuántas mujeres están solicitando asilo debido a violencia doméstica, sí ha habido un incremento de detenciones de mujeres migrantes entre el 2012 y el 2017.
Las solicitudes de asilo son procesadas por las cortes de migración del Departamento de Justicia, conocidas como la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR por sus siglas en inglés). Como parte del organismo ejecutivo, la EOIR reacciona directamente a los decretos o las pautas de funcionarios ejecutivos. En el 2018, el gobierno de Trump utilizó esta influencia para reducir el alcance de la ley de asilo y la habilidad de sobrevivientes de violencia doméstica para solicitar asilo. Liderado por el previo Fiscal General Jeff Sessions, el gobierno argumentó que los motivos para solicitar asilo no deberían de incluir abuso doméstico debido a que es “violencia privada” y no se considera persecución por parte del gobierno, sosteniendo la idea errónea que la violencia contra las mujeres no es un tema de salud pública que requiere protecciones gubernamentales. Organizaciones de derechos humanos han desafiado el uso de estas pautas durante el proceso de evaluación de miedo justificado en un caso en la corte federal. A pesar de que el juez resolvió a favor de las solicitantes, esta decisión no es aplicable durante la segunda fase en la cual las solicitantes son otorgadas una audiencia judicial. Los jueces todavía pueden usar el mandato de Sessions para rechazar solicitudes y algunos lo siguen haciendo.
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y MIGRACIÓN DURANTE EL GOBIERNO DE BIDEN
En contraste, el Presidente Joe Biden ha anunciado públicamente su compromiso de priorizar la igualdad y los derechos de género y reconoció explícitamente el vínculo entre la violencia doméstica y la migración. Él hizo campaña con el compromiso de reformar el sistema de inmigración y revertir las políticas de Trump. Tres de los planes políticos de Biden publicados antes de la elección de noviembre del 2020 hacen referencia a protecciones de asilo para sobrevivientes de violencia doméstica. El Plan de Biden hacia Centroamérica describe un esfuerzo masivo para invertir en el Triángulo Norte para abordar las causas fundamentales de la migración. Bajo la sección relacionada con el estado de derecho, Biden promete restablecer el “acceso completo” al asilo para los casos de violencia doméstica. El “Plan Biden para poner fin a la violencia contra las mujeres” y el “Plan Biden para asegurar nuestros valores como nación de inmigrantes” especifican que el Departamento de Justicia de EEUU restablecerá las protecciones explícitas de asilo, rescindidas por la administración Trump, para las sobrevivientes de violencia doméstica cuyos gobiernos de origen no pueden ofrecer protección. En el Día Internacional de la Mujer, la hoja informativa de su administración incluyó garantizar que las mujeres y niñas que huyen de la violencia doméstica tengan la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Aunque se han promulgado varias órdenes ejecutivas sobre inmigración en los primeros meses del mandato de Biden, ninguna oficialmente restablece las protecciones de asilo. Bajo la Sec. 4 (b) (c) (i), EO 14010, se ordena al fiscal general que lleve a cabo una revisión exhaustiva de las normas, reglamentos y directrices internas que rigen las solicitudes de asilo para garantizar que cumplan con normas internacionales. El fiscal general recibió un período de revisión de 180 días, que finaliza el 1 de agosto de 2021. Mientras que la eliminación constante de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) es un paso bienvenido hacia la reparación de algunos de los daños causados por la administración Trump al sistema de asilo de EEUU, los funcionarios de Biden han señalado que otras reformas quedaran en suspenso. En consecuencia, el Título 42 permanece en su lugar, en contra de las recomendaciones de los expertos en salud pública, y la mayoría de los migrantes son rechazados en la frontera. Las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, les dicen a los solicitantes de asilo que esperen.
PRÓXIMOS PASOS
En los días entre ahora y el final de la revisión obligatoria de 180 días, miles de solicitantes de asilo permanecerán en posiciones precarias y estarán potencialmente expuestos a muchos de los mismos riesgos que originalmente llevaron a su migración. En lugar de esperar hasta agosto, la administración Biden debería restaurar inmediatamente la elegibilidad de las sobrevivientes de la violencia doméstica y revertir el mandato dañino promulgado por el ex Fiscal General Sessions. A largo plazo, se requiere legislación para reformar los sistemas de inmigración y asilo para hacer más difícil que una administración antiinmigrante desmantele las protecciones. La legislación integral también debe incluir protecciones explícitas para las víctimas de violencia de género bajo la definición de un “grupo social en particular”, asegurando su elegibilidad para el asilo. Aunque la Ley de Ciudadanía de los EEUU de 2021 tiene como objetivo lograr algo de esto, es poco probable que el proyecto de ley avance en el Congreso como está escrito y, en cambio, puede ser desglosado de forma fragmentada.
La intersección de la violencia doméstica y la migración en el Triángulo Norte requiere la protección de las sobrevivientes que buscan asilo. Los compromisos declarados por Biden con las cuestiones de género y las promesas hechas sobre la reforma migratoria antes de las elecciones exigen a la administración que restaure de inmediato las protecciones de asilo para las sobrevivientes de violencia doméstica. Si los derechos humanos universales de las mujeres y las niñas son una prioridad para los Estados Unidos, debemos actuar en la frontera.
Este artículo fue traducido por Carolina Celedón, pasante en la Oficina del Presidente, y Sofia Corzo, pasante en el Programa Peter D. Bell de Estado de Derecho.