27N: claves para entender una protesta en Cuba

El pasado 27 de noviembre entre 300 y 600 jóvenes artistas, activistas e intelectuales se plantaron por unas 12 horas frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, en un hecho sin precedentes en la historia reciente cubana. ¿Qué provocó el hecho inédito de una protesta en la Isla? Nada de lo ocurrido el 27N a las puertas del Ministerio de Cultura tiene que ver con Donald Trump, ni con Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, Mario Díaz-Balart, o las más de 130 medidas tomadas por la Administración republicana contra Cuba, que tanta devastación humanitaria han causado al pueblo de la Isla.

El núcleo que explica lo ocurrido, en mi opinión, debemos buscarlo, primero, en los cambios profundos ocurridos en la esfera pública cubana en los últimos 10 o 15 años, marcados por el ascenso de sujetos sociales con identidades políticas plurales, y las consecuencias del aplazamiento ad infinitum de una reforma política que reconstruya los consensos con esas nuevas generaciones de cubanos y abra espacios reales al disenso político bajo la ley. Segundo, asistimos a la emergencia de una nueva generación de artistas, activistas y líderes comunitarios que no han logrado “encajar” en la amplísima red de instituciones culturales del país, y se han fogueado en la resistencia contra los decretos-leyes 349 y 370 (el decreto-ley 349 limita las libertades para la creación artística, mientras que el decreto-ley 370 coarta la libertad de reunión en Internet). Tercero, el efecto de la liberalización propiciada por la reforma impulsada por Raúl Castro en la última década, y su impacto multidimensional en todos los órdenes de la vida nacional. Y, por último, el impacto real de la política de Barack Obama hacia Cuba, que cuatro años antes, supo tomar pasos para empoderar a los cubanos, solicitando la conexión del país a Internet.

La huelga de los integrantes del Movimiento San Isidro, primero, y la magnitud y duración de la protesta juvenil después, dan cuenta de la emergencia y cristalización de una nueva zona de contestación y disenso en el país, integrada por una nueva generación de artistas e intelectuales. Sería erróneo homologar las agendas políticas del Movimiento San Isidro con la de los jóvenes del 27N, pues provienen de zonas distintas de la cultura política cubana. Ello no quiere decir que no existan puntos de contacto entre ambos grupos. Esta nueva generación de actores es diferente de la disidencia tradicional; y son diferentes, también, de las “oposiciones católicas”, que han tenido un gran protagonismo en los últimos 25 años de la política cubana: tanto la Democracia Cristiana que estuvo representada por Oswaldo Payá y el Movimiento Cristiano Liberación, como la línea liberal-católica encarnada por Dagoberto Valdés y el Centro de Estudios Convivencia, o la línea social-cristiana, de matriz social-demócrata, articulada en torno al proyecto Cuba Posible. Estos jóvenes son diferentes, también, del conjunto de las izquierdas cubanas. Un ejercicio necesario en el futuro sería explorar los consensos transversales entre estos grupos tradicionales de la política cubana, y esta nueva generación que ha irrumpido con fuerza en el escenario nacional.

Un elemento a destacar en el actual contexto ha sido la ausencia de los principales actores políticos cubanos que, en el pasado reciente, ejercían un rol de mediación entre el sistema político y grupos contestatarios o, simplemente, no alineados con las políticas del Partido Comunista de Cuba (PCC). Las desapariciones físicas de Eusebio Leal, Alfredo Guevara, monseñor Carlos Manuel de Céspedes y el cardenal Jaime Ortega, han privado al país de interlocutores y ejecutores eficaces que contribuyeron en el pasado a tender puentes entre cubanos y desactivar muchas crisis. Por otra parte, Abel Prieto, exministro de cultura de Fidel Castro, y actual presidente de Casa de las Américas, ya no ejerce como un imparcial conciliador, rol que supo jugar con eficacia en el pasado. El surgimiento y consolidación de una nueva esfera de mediación política en Cuba es una necesidad apremiante de la vida nacional. Merece la pena apuntar, también, la incapacidad o la negativa (no sabemos) de la jerarquía eclesiástica católica para articular una iniciativa de acompañamiento en función de desarmar la crisis.

Otro elemento muy interesante ha sido la capacidad de los jóvenes del 27N, y de otras zonas ciudadanas políticamente activas, para articular una narrativa heterogénea y plural sobre la protesta y el futuro de Cuba, y robarle, por casi dos semanas, la hegemonía comunicacional al gobierno. Merece un análisis más profundo el rol de las redes sociales, la nueva prensa independiente, el gremio de diseñadores gráficos, los grupos de artistas e intelectuales, y de otros sitios de difusión noticiosa. El 27N podría estarnos hablando, también, de una nueva correlación de fuerzas en la esfera simbólica dentro de los escenarios cubanos, con capacidad real de disputar hegemonía política.

La respuesta del gobierno a los acontecimientos del 27N fue, instantáneamente, una reacción de seguridad nacional, que en el área comunicativa se basó esencialmente en la criminalización y segmentación binaria de los implicados en “revolucionarios” y “contrarrevolucionarios”, típica de la Guerra Fría. No obstante, 48 horas después comenzó a articularse una respuesta política gubernamental más abarcadora, consistente en movilizar a sectores juveniles revolucionarios; y en el despliegue, en redes sociales, de una estrategia comunicacional dirigida a bloquear a toda costa el diálogo con los manifestantes. Creo importante resaltar que el gobierno cubano no está próximo a “colapsar” y “caerse”, y sería un error grave subestimar su capacidad de movilización para enfrentar la crisis. Ante estos acontecimientos el gobierno ha reaccionado como un cuerpo compacto, sin mostrar fisuras públicas.  

La crisis desatada por el 27N ha sido aplacada por un dispositivo de seguridad, pero su naturaleza profunda, de raíz política, continúa irresuelta. El punto de apelación de todos los implicados en la crisis -tanto del gobierno, como de los jóvenes artistas e intelectuales, como de los miembros del Movimiento San Isidro- ha sido la Constitución de 2019, y el catálogo de derechos humanos que ella consagra, pero que no se cumplen. El gobierno apela al texto constitucional como el marco normativo en el que operaría cualquier posibilidad de resolver el conflicto; por su parte, los jóvenes apelan a la misma Constitución para denunciar la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades. Si la Constitución de 2019 cristaliza como el punto de confluencia de todos los implicados en el conflicto, pues estaríamos ante una buena noticia, porque el texto constitucional es el último legado político de la generación histórica de la Revolución. Si se consolida como referente para el ejercicio de los derechos humanos, podría erigirse como una herramienta política poderosa para favorecer la inclusión de la pluralidad nacional.

Debemos estar atentos a la capacidad de la generación del 27N para constituirse como un movimiento político más o menos coherente; o, en su reverso, terminar siendo solamente una protesta puntual en el tiempo. Será interesante constatar si, de entre ellos, emerge un liderazgo con capacidad de consensuar una agenda política y, a su vez, ponerse en diálogo y lograr alianzas con otras zonas de la sociedad civil constituida, y con otros actores políticos (de dentro y fuera de la Isla) en torno a la conquista de los derechos civiles para todos los cubanos. Por otra parte, estaría por verse qué actitud asume el gobierno ante estas hipotéticas dinámicas políticas que operarían por fuera del PCC y disputando abiertamente su hegemonía. Estos jóvenes han demostrado poseer capacidad de movilización, creatividad política y mucha valentía, pero no sabemos si tienen la intención de llevar su lucha a un escalón superior, y si la correlación de fuerzas al interior del gobierno lo toleraría.  

Finalmente, si la Administración Biden quisiera contribuir a favorecer el entendimiento entre cubanos, debería regresar a la política con mayúsculas. Esa que facilita unos marcos de distensión con la Isla que favorece el diálogo soberano entre cubanos, empodera sectores sociales, conecta las sociedades y economías de ambas naciones, construye interlocuciones variadas, opera a largo plazo, y consolida el influjo estadounidense dentro de Cuba. La Administración Biden tiene el desafío de desplegar un equipo diplomático en La Habana que reconstruya, y lleve a los niveles precedentes, las interlocuciones con todo el espectro de actores políticos y sociales cubanos, desde el oficialismo, pasando por toda la gama de estados intermedios, y llegando hasta la oposición política. Esa lógica, aplicada al conflicto de las últimas semanas, debería favorecer interlocuciones con los integrantes del Movimiento San Isidro, con las personas que asistieron a la protesta del Ministerio de Cultura, con los jóvenes que respaldaron al gobierno en el Parque Trillo, de la capital, y también con directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saiz (AHS). Se trataría de articular una presencia en Cuba que, siendo respetuosa de la soberanía cubana, permita a Estados Unidos ejercer una capacidad persuasiva basada en sus valores democráticos.

Trump nos ha recordado a todos que el gobierno cubano no ha dialogado, no dialoga, ni dialogará con una pistola en la cabeza. Esto, mas que un enunciado rimbombante, es un dato histórico luego de 1959. En ese sentido, el camino trazado por Barack Obama con respecto a Cuba, por su clarividencia y capacidad estratégica, sigue siendo el que más convergencia guarda con los intereses de los pueblos cubano y norteamericano. Los cambios acaecidos en la esfera pública cubana en los últimos años serían, tal y como nos mostraron los jóvenes del 27N, más que suficientes para el regreso a la política de la cordura, el diálogo y la normalización de relaciones entre ambos países.

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