Más allá de la MINUSTAH: ¿Qué puede hacer América Latina por Haití?

La crisis política de Haití coincide con la inminente reducción de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), desplegada en 2004 para proveer un mínimo de seguridad y consolidar la democracia haitiana. Los países de América Latina han hecho una contribución esencial para la misión, pero los resultados son limitados: Haití no ha sido capaz de reforzar sus instituciones democráticas ni de aliviar una situación económica y social que sigue siendo crítica. Mientras los países comienzan a planear la retirada de la MINUSTAH, América Latina debe reafirmar su compromiso con el país más pobre y problemático de la región.

EL FINAL DE UNA MISIÓN CON LIDERAZGO LATINOAMERICANO

Cuando la MINUSTAH se creó en 2004, fue considerada un ejemplo de cooperación regional. Probablemente evitó que se desate una guerra civil, en medio del caos que forzó al presidente Jean Bertrand Aristide a dejar el cargo. Por primera vez en la historia, y con el apoyo de los Estados Unidos, países de América Latina asumieron el liderazgo de una misión de la ONU en su región: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile proveyeron el 85% de las fuerzas militares y policiales. Aún más, un general brasileño ha liderado el componente militar de la MINUSTAH desde su creación, y varios latinoamericanos han estado también a cargo de su parte civil.

Sin embargo, la misión no fue pensada para ser permanente, y fue extendida más allá del plan original debido a las consecuencias del terremoto de 2010. El Consejo de Seguridad renovó el mandato de la MINUSTAH por un año más el pasado octubre, pero el entonces ministro de Defensa de Brasil Jacques Wagner anunció que la mayoría de los países –incluido del suyo—esperaban retirar todas las tropas para finales de 2016. Uruguay ya ha tomado acciones en ese sentido, reduciendo su contingente de tropas de 700 a 250 en el año 2015.

Al mismo tiempo, el apoyo local a misión ha bajado significativamente desde 2004, y muchos haitianos perciben a la MINUSTAH como una fuerza de ocupación. La relación con la sociedad haitiana se deterioró aún más tras acusaciones de abuso sexual por parte de miembros de la misión, y luego de que tropas Nepalíes hayan traído el cólera a Haití. Esta impopularidad, sumada a la tradicional resistencia latinoamericana a las intervenciones extranjeras y a problemas presupuestarios en los países miembros ha incrementado las presiones para que los gobiernos regionales reduzcan la misión.

Dado que la MINUSTAH será reducida en el futuro cercano mientras que las múltiples crisis de Haití persisten, este es un buen momento para analizar qué pueden hacer los países de la región para ayudar a Haití a construir instituciones básicas y proveer servicios públicos a sus ciudadanos. Está claro que los países Latinoamericanos enfrentan serios problemas económicos y sociales, pero pueden proveer asistencia basada en sus propias experiencias y desafíos. 

POBREZA EXTREMA Y DEBILIDAD DEL ESTADO

Conviene empezar por un breve diagnóstico de la situación actual. Haití –la primera nación latinoamericana en declarar su independencia, en 1804- es uno de los países más pobres del mundo, con un PBI per cápita de 820 dólares, menos de la décima parte del promedio regional, de casi 9000. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, el 60 por ciento de la población vive en la pobreza, y la esperanza de vida es de 62 años, mucho más baja que los 74 de América Latina y el Caribe. El país es también uno de los más desiguales: el 20 por ciento más rico de la población concentra el 62 por ciento del ingreso. El limitado progreso que se había logrado desde 2004 fue arrasado por el terremoto de 2010, uno de los más mortales de la historia, que destruyó la mayor parte de los edificios de la capital Puerto Príncipe y costó la vida de más de 150.000 personas, dejando sin hogar a por lo menos 1,5 millones.

Ya antes del terremoto Haití era conocida como “la república de las ONG”. De acuerdo a un informe del Alto Representante de la ONU para Haití de 2011, de los 2,4 miles de millones de dólares donados tras el desastre, solo el 1 por ciento fue canalizado a través del estado haitiano. El 99 por ciento restante se destinó a organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y ONGs. Los donantes internacionales alegan que decidieron evitar al estado por sus altísimos niveles de corrupción. Se trata, sin embargo, de un círculo vicioso: la provisión de servicios públicos a través de organismos no estatales solo perpetúa la debilidad y falta de legitimidad del estado haitiano.

A pesar de que una de las misiones principales de la MINUSTAH es apoyar la consolidación democrática, cada elección en Haití desde 2006 se ha visto afectada por irregularidades, acusaciones de fraude, protestas violentas y demoras. En cada instancia, la comunidad internacional –sobre todo los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA)— presionó a las autoridades haitianas a alcanzar acuerdos para evitar el colapso institucional, aunque a un alto precio: para muchos haitianos, los resultados de las elecciones reflejan la voluntad de los donantes internacionales, no la suya. De hecho, la participación electoral ha caído sistemáticamente desde las elecciones de 2006 –las primeras tras la caída de Aristide en 2004—y ahora se encuentra por debajo del 25 por ciento.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre de 2015 no fue la excepción. El candidato opositor Jude Celestin se negó a participar en la segunda ronda tras acusar al gobierno de fraude para beneficar a Jovenel Moise, elegido por Martelly como su sucesor. Aunque los resultados preliminares mostraron a Moise en primer lugar, una comisión independiente nombrada por el propio Martelly encontró un elevado número de irregularidades. Bajo una creciente tensión, y en medio de choques violentos entre manifestantes y la policía, el Consejo Electoral Provisorio (CEP) pospuso las elecciones varias veces, antes de cancelarlas indefinidamente. 

Como resultado de negociaciones con representantes de la OEA y el gobierno de Estados Unidos, Martelly aceptó dejar el poder al final de su mandato constitucional de 5 años. En consecuencia, por segunda vez en 12 años Haití tiene gobierno provisional, hasta que un nuevo presidente sea elegido. La segunda vuelta está programada para el 24 de abril, pero fuerzas políticas opositoras han criticado la creación del gobierno interino, acusando a la comunidad internacional de imponer su voluntad sobre Haití una vez más. Estos partidos no aceptarán las nuevas elecciones hasta que los resultados de la primera vuelta sean revisados.

UN ROL RENOVADO PARA AMÉRICA LATINA

Hasta el momento Estados Unidos ha sido el país del hemisferio que desplegó más recursos y esfuerzos diplomáticos en Haití, aunque con resultados mixtos. Una combinación de fallas de comunicación, impaciencia y poco respeto por la autonomía de Haití ha afectado las iniciativas de Washington en el país. Canadá también tiene un fuerte programa de cooperación en Haití, y ha enviado más de mil millones de dólares desde el terremoto de 2010. En junio de 2015 el gobierno canadiense anunció una estrategia de largo plazo en Haití, como parte de un esfuerzo global para aumentar su perfil como proveedor de ayuda al desarrollo.

En contraste, América Latina no ha tenido una estrategia coordinada para Haití. Por el contrario, su rol se ha limitado a enviar tropas para la MINUSTAH y lanzar programas dispersos de cooperación bilateral. En otras palabras, la región ha aceptado un rol secundario, actuando bajo la preminencia de Washington. Una excepción es Venezuela, que financió proyectos de reconstrucción y provee petróleo subsidiado a través de su iniciativa Petrocaribe.  El colapso económico actual en Venezuela pone en duda la duración de esta asistencia.

El primer paso para relanzar el rol de américa Latina en Haití debe ser darle al país la atención que merece. Por ejemplo, Haití solo fue mencionado una vez en la declaración final de la cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) en enero de 2016 (de 82 párrafos), y solo para llamar al diálogo de los actores políticos. Esta falta de compromiso contradice las numerosas proclamaciones regionales a favor de la cooperación Sur-Sur, el desarrollo autónomo y la solidaridad latinoamericana. Aún dentro de sus recursos y capacidades limitados, los países de América Latina y el Caribe deberían trabajar para coordinar mejor sus iniciativas y sentar las bases de una cooperación de largo plazo con el estado haitiano.

Además, los países de la región que participan en la MINUSTAH deben asegurar que el retiro de la misión será gradual y en forma coordinada con el próximo gobierno electo. Aún si los avances han sido limitados, la misión sigue siendo una importante fuente de estabilidad y seguridad. La MINUSTAH no puede ser extendida para siempre, pero retirar las tropas de forma abrupta podría hundir al país en el caos. Como mínimo, el componente policial de la misión debería permanecer en Haití hasta que las fuerzas locales puedan garantizar un mínimo de estabilidad.

A pesar de sus problemas sociales y económicos, casi todos los países de la región tienen democracias imperfectas pero estables, donde se llevan a cabo elecciones pacíficas y los resultados son aceptados. Países como México y Ecuador tienen programas de asistencia electoral en Haití, pero un enfoque regional más amplio debería orientarse a la creación de un Consejo Electoral Permanente, organismo independiente contemplado en la constitución haitiana de 1987 pero nunca puesto en marcha.

Otra área crítica es el desarrollo agrícola, dado que el 40 por ciento de la población haitiana vive en áreas rurales. El sector público y privado en América Latina tiene vasta experiencia en promover la competitividad en este sector, mejorando el rendimiento e incorporando tecnología. El ex presidente estadounidense Bill Clinton admitió que la liberación comercial promovida desde Washington afectó gravemente a Haití, que ahora importa más el 80% del arroz que consume de productores de EEUU subsidiados. América Latina puede ser parte de la solución, expandiendo y dando más coherencia a sus esfuerzos para mejorar la agricultura haitiana.

La región también puede hacer más para resolver la crisis entre Haití y la República Dominicana. Miles de haitianos viven el país vecino pero son explotados y discriminados. Esta es una situación histórica, pero se agravó cuando la corte constitucional dominicana quitó la ciudadanía a muchos descendientes de haitianos, incluyendo aquellos que estaban viviendo allí desde hace generaciones. Miles fueron obligados a dejar la República Dominicana e ingresar a Haití, un país que apenas conocen y que no tiene la capacidad para recibirlos. América Latina debe hacer más para monitorear y proteger los derechos humanos de la población de origen haitiano en República Dominicana, asistir a Haití para recibir a los desplazados, y demandar al gobierno dominicano una alternativa legal para aquellos que perdieron su nacionalidad súbitamente.

Desde ya, incrementar y coordinar la asistencia regional a Haití requerirá nuevos marcos institucionales y liderazgo. La OEA no parece ser el organismo indicado, dado que su fuerte insistencia en la realización de elecciones ha creado tensiones con actores locales. Una comisión especial dentro de la CELAC, en cambio, podría ser más efectiva. Esta agencia se aseguraría de que las iniciativas de los países de la región sigan un plan coherente y se refuercen mutuamente. También deberá encontrar socios efectivos dentro de la burocracia haitiana para reforzar las instituciones estatales. Los miembros de la MINUSTAH, sobre todo Brasil, Chile y Argentina, tienen mucha experiencia en Haití, y deberían asumir un rol de liderazgo en promover una mayor presencia regional en el país aún luego del retiro de la misión.

Estos y otros pasos deberían ser parte de una estrategia latinoamericana de largo plazo en Haití, que requerirá recursos y compromiso político. Nadie espera que América Latina rescate a Haití, eso solo pueden hacerlo los propios haitianos. Pero hace 12 años los países de la región reaccionaron cuando Haití los necesitaba. El desafío ahora es construir a partir de esa experiencia y respaldar al pueblo haitiano mientras trata de romper el círculo tráfico de inestabilidad política y sufrimiento económico.