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Desafíos y Buenas Prácticas en la Regulación de Empresas Militares y de Seguridad Privadas en América Latina
La elevada, y en algunos casos epidémica, violencia criminal que aflige a gran parte de América Latina ha dado lugar al auge de la industria de seguridad privada. Más de 16.000 empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) emplean a aproximadamente 2.4 millones de personas. Si bien los guardias de seguridad privados superan en número a los policías de todo el mundo, la brecha es mucho mayor en América Latina. En Brasil, la relación es de cuatro a uno, en Guatemala, de cinco a uno, y en Honduras hay casi siete guardias privados por cada funcionario público. Para los ciudadanos latinoamericanos que pueden pagarlo, la seguridad está a la venta.
Este informe del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell analiza las preguntas que este fenómeno presenta para la política pública. Si bien los países de América Latina generalmente cuentan con marcos legales para regular las actividades de dichas compañías, a menudo carecen de la infraestructura para hacer cumplir las normas o responsabilizar a las compañías militares y de seguridad privadas cuando las incumplen. El resultado, en los casos más preocupantes, es que estas empresas se convierten en milicias privadas responsables ante todo de su benefactor en lugar del estado de derecho.
Con certeza, las compañías de seguridad privadas seguirán siendo, en el futuro inmediato, un componente destacado de la arquitectura de seguridad en América Latina. Como resultado, los gobiernos de la región deberían mostrar un gran interés por garantizar que estas empresas sean debidamente investigadas, entrenadas, supervisadas y responsables ante irregularidades, ya sean deliberadas o crónicamente negligentes. El Documento de Montreux, una recopilación de legislaciones y buenas prácticas internacionales, proporciona un marco útil para abordar muchas de las lagunas existentes en la regulación y aplicación de las actividades de las EMSP en América Latina.
Recomendaciones clave:
- Los gobiernos de América Latina deben expresar su apoyo al Documento de Montreux y emplearlo como un marco guía para la adopción e implementación de regulaciones con respecto a las compañías militares y de seguridad privadas.
- La legislación sobre compañías militares y de seguridad privadas debe contemplar los recursos y la independencia reglamentaria necesarios para hacer cumplir las leyes nacionales, desde la supervisión hasta la adjudicación. Las regulaciones con respecto a las EMSP deben considerar los desafíos y costos para las empresas que implementan dichas regulaciones. Los países deberían incentivar a las empresas a pasar del sector informal al sector formal y proporcionar una supervisión adecuada. La aplicación de las regulaciones debe comenzar con los «peores infractores», aquellas firmas de EMSP que actúan contra los derechos humanos y empeoran la seguridad pública.
- Dado que el uso excesivo de la fuerza es más frecuente en industrias extractivas y proyectos de recursos naturales, las instituciones multilaterales de crédito deben exigir el cumplimiento de las mejores prácticas en el documento Montreux y el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC – que aplica a empresas privadas en lugar de estados) como una precondición para préstamos en estos proyectos.
