Ha habido un aumento en crimen en las ciudades ecuatorianas. Se uestra una escena de crimen en Cuenca. // Foto de archivo: Gobierno ecuatoriano.

Ecuador ha visto un aumento en los delitos violentos en las últimas semanas, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. Alrededor del 80 por ciento de los homicidios en el país andino están relacionados con drogas ilícitas, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Qué están haciendo el Presidente Guillermo Lasso y las fuerzas de seguridad para frenar la creciente violencia en el país? ¿Qué influencia han tenido las preocupaciones de seguridad en las opiniones del público sobre la administración de Lasso, que se acerca a su primer aniversario en mayo? Con un cambio de gobierno este año en Colombia y la incertidumbre política en Perú, así como el crimen continuo en las regiones fronterizas de Venezuela, ¿cómo puede unirse la región andina para abordar el narcotráfico y el aumento del poder de las bandas criminales?

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN): “La violencia criminal en Ecuador está creciendo de manera peligrosa y parece no tener para. Después de una década de buena cosecha la tasa de homicidios en el 2021 se ubicó sobre los 14 por cada cien mil–más de ocho puntos por encima del 2018. En el mes de enero de 2022 los homicidios se triplicaron si se compara con enero de 2021. Según la Policía del Ecuador, el 80 por ciento de los crímenes se debe a la disputa de grupos criminales por el dominio territorial del narcotráfico a micro y macro escala. Por esta razón, la delincuencia y la inseguridad se ha vuelto el principal problema para los ecuatorianos. A nivel gubernamental, la guerra contra las drogas se ha posicionado como la estrategia principal para enfrentar esta problemática. Sin embargo, los logros mostrados por el gobierno a nivel de incautaciones en el año 2021 contrastan con el elevado número de muertos que se le atribuyen a esta guerra. El gobierno parece ir perdiendo sistemáticamente la guerra contra la delincuencia y se ha convertido en un tema muy sensible políticamente. El panorama internacional venidero para el Ecuador es complejo dado los cambios políticos que se están dando en la región. Pese a ello, plantear una agenda común en materia de lucha contra el crimen puede generar una excelente oportunidad para fortalecer la integración regional. Las recomendaciones internacionales sugieren que el tema de la impunidad y el control de armas son factores fundamentales para lograr reducciones significativas contra el crimen. Es ahí donde se deben establecer los esfuerzos de colaboración entre los países.”

Ángel Zapata, subdirector de protección y seguridad en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador: “La violencia en Ecuador ha escalado de manera asombrosa en los últimos cinco años, en especial el 2021 donde la tasa de mortalidad relacionada con la criminalidad pasó a dos dígitos. Los ciudadanos perciben que ya no hay un lugar ni hora segura para sus actividades cotidianas y empresariales. Los datos apuntan a que esta tendencia no mejore a corto plazo, Las estrategias del Gobierno Nacional no dan efecto ni abasto y se conocen las posibles causas del incremento de la violencia, especialmente de hechos en los cuales han sido asesinadas personas con un trasfondo característico de los carteles del narcotráfico cuyo fin a más de causar miedo y terror busca imponerse al estado de derecho y apoderarse de importantes y extensos sectores de la ciudades. Es apropiado intuir que tras de las personas decapitadas, colgadas en puentes, ensacadas, descuartizadas, baleadas en ataques selectivos con víctimas e impactos múltiples, tanto como el empleo de armas automáticas de largo alcance y granadas, hay economías ilegales que solo el narcotráfico y lavado de activos podría obtener y financiar. Los tentáculos del crimen organizado se han manifestado también en el sistema de justicia, cuyos fallos muchas veces dan espacio al cuestionamiento, debate y controversia de opinión pública. Las autoridades responsables de la seguridad cotidianamente reaccionan con muestras de poder. La prevención primaria y secundaria, ha pasado a segundo plano, la prevención comunitaria ha desaparecido. Solo la disuasión con el apoyo de las Fuerzas Armadas es la herramienta mediática utilizada. El escenario descrito otorga la necesidad e importancia de redireccionar el plan de seguridad, cambiar el modelo centralizado de cobertura nacional y abordar una estrategia integral pero local, acompañada de una reforma legal que incorpore la prisión permanente revisable (PPR).”

[Editor’s note: These comments and others appear in English in the Q&A published in the March 25 issue of the Advisor.]

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