Perú en la encrucijada: Crisis política, tendencias económicas y violaciones de derechos humanos. ¿Qué sigue?

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Featured Photo: Martin Mejia / AP / RFI

En seguimiento de nuestro evento de diciembre titulado "La precaria política peruana: la crisis se agrava", el Diálogo Interamericano organizó una mesa redonda sobre la actual crisis social y política de Perú. El retroceso democrático, la corrupción, la inestabilidad política, la desigualdad y la discriminación han plagado los asuntos peruanos durante años. Tras las palabras de bienvenida de la directora del Programa Peter D. Bell sobre el Estado de Derecho, Tamara Taraciuk Broner, en una conversación moderada por Gustau Alegret, los panelistas compartieron una actualización de las condiciones del país, abordaron las causas subyacentes de la crisis actual y formularon recomendaciones concretas a los actores clave, en Perú y en el extranjero, para superar la prolongada crisis peruana.  

Alberto Vergara, profesor asociado de la Universidad del Pacífico, afirmó que el consenso democrático en Perú está roto y que, durante años, líderes de todo el espectro ideológico han socavado la democracia en el país: la derecha cuando impugnó los resultados electorales en 2021, y la izquierda cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado en diciembre de 2022. La deriva autoritaria no comienza con la Presidenta Boluarte. Su gobierno es una continuación de la tendencia autoritaria, pero ha socavado gravemente el estado de derecho, la democracia y su relación con la sociedad basada en el respeto y la dignidad. Vergara destacó que algunas protestas contra el gobierno fueron violentas, pero la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inaceptable, con un uso desproporcionado de la fuerza. El gobierno también atacó a representantes de la sociedad y estuvo teñida de racismo. 

Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describió las conclusiones del reciente informe de la CIDH sobre Perú. Afirmó que el informe encontró que hubo 477 protestas durante el período investigado; 56 personas murieron, entre ellas ocho adolescentes y un policía; y al menos 912 personas resultaron heridas. Las protestas surgieron por reclamos estructurales, incluyendo el cierre del Congreso, la convocatoria de elecciones anticipadas y la desigualdad, entre otros. La respuesta de las fuerzas de seguridad no fue uniforme en todo el país. Hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza: mencionó que las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Ayacucho podrían considerarse masacres y que los agentes estatales hicieron un uso indiscriminado de la fuerza en Juliaca.  

En cuanto a la democracia peruana, César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, destacó que la corrupción ha contribuido a la inestabilidad y que el Congreso está enfocado en eliminar todo control sobre su poder. Señaló la selección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo a través de procesos cuestionables, y los esfuerzos en curso para socavar el trabajo de autoridades electorales. La crisis que comenzó en diciembre se inició por Pedro Castillo y su destitución fue constitucional. La gente salió a la calle inicialmente porque más del 80 por ciento de los peruanos quería elecciones anticipadas; otras demandas políticas y sociales, y la impunidad de los abusos, también contribuyeron a las protestas. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, se produjeron algunos incidentes de violencia muy grave. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue brutal, indiscriminada y desproporcionada, y hubo fallas muy graves en las investigaciones judiciales de estos abusos. Las recomendaciones de Human Rights Watch incluyen la creación de un grupo independiente de expertos que pueda contribuir a las investigaciones y examinar las causas estructurales que provocaron las protestas. 

Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas de Perú y director del Instituto Videnza, afirmó que Perú no es un país que esté al borde de un precipicio. Dijo que es fundamental respetar el debido proceso y la autonomía del Ministerio Público y que hablar de ejecuciones extrajudiciales o masacres en un país con la historia de Perú es sacar conclusiones apresuradas que debilitan, en lugar de fortalecer, las instituciones peruanas. Afirmó que los niveles de pobreza son preocupantes (el año pasado 620.000 peruanos más eran pobres), pero la pobreza está en Lima, donde hay 3 millones de pobres urbanos, y las movilizaciones no se produjeron en las zonas urbanas. Las principales preocupaciones de los peruanos son la corrupción, la delincuencia y el coste de la vida - que de hecho aumentó con los bloqueos de carreteras durante las protestas. Para hacer frente a esta situación, Perú necesita instituciones sólidas. 

El Embajador Gustavo Adrianzén, representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos, dijo que Perú tuvo seis presidentes en los últimos siete años, pero en todos los casos se pusieron en marcha mecanismos constitucionales. Pedro Castillo dio un golpe de estado y las instituciones democráticas respondieron. Agradeció a la CIDH y a Human Rights Watch por incluir información sobre el golpe y por decir que el gobierno de la Presidenta Boluarte es legítimo. Destacó que no están de acuerdo con algunas de sus conclusiones, pero han abierto las puertas al escrutinio internacional y permiten un debate democrático de sus hallazgos. Este gobierno lleva cinco meses en el poder; no pueden resolver los problemas estructurales subyacentes en este breve periodo. Si las fuerzas de seguridad han cometido excesos, han sido casos concretos y están siendo investigados por autoridades independientes. Los casos complejos llevan su tiempo si las autoridades llevan a cabo las investigaciones con las debidas garantías procesales.  

Durante la sección de preguntas y respuestas, los panelistas debatieron sobre cómo calificar los abusos cometidos durante las protestas y si las acciones de las fuerzas de seguridad y/o de individuos deben considerarse "barbarie" o no, el papel de las élites peruanas, así como por qué la economía de Perú se mantuvo estable a pesar de las turbulencias políticas y hasta cuándo ello continuará así. También compartieron sus opiniones sobre las similitudes y diferencias entre los abusos cometidos en Perú y en otros países, la evidencia de abusos y si los asesinatos pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales o masacres, y recomendaciones para reforzar las investigaciones judiciales, incluida la creación de una comisión internacional que apoye la labor de los fiscales. Otras recomendaciones incluyeron abordar las causas subyacentes del descontento popular y realizar una reforma política que es urgente. 

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