La paz y el medio ambiente en Colombia

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La paz en Colombia promete traer muchos beneficios ambientales al país, pero también plantea riesgos ambientales asociados con los planes de desarrollo rural contemplados en la agenda del posconflicto, según los participantes de una mesa redonda organizada por el Diálogo Interamericano. La reunión, llevada a cabo en Bogotá el 18 de agosto, juntó a representantes de organizaciones ambientales e instituciones gubernamentales como el Ministerio del Posconflicto, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a líderes del sector privado en agricultura, hidrocarburos, infraestructura y minería. Este proyecto fue financiado por la Gordon and Betty Moore Foundation.

Los participantes de la reunión reconocieron que el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, cuya aceptación se pondrá a prueba a través del plebiscito del 2 de octubre de este año, representa una gran oportunidad para alcanzar un desarrollo rural sostenible en Colombia. Sin embargo, el desarrollo industrial en áreas de acceso restringido durante el conflicto, la reintegración de ex combatientes a áreas rurales, y el proceso de restitución de tierras, también conllevan riesgos para el medio ambiente, como el aumento de la deforestación y la escases de agua y la minería ilegal.

Uno de los mayores obstáculos para lograr una agenda sostenible de posconflicto será determinar cómo distribuir las tierras limitadas. El gobierno tendrá que priorizar demandas que compiten por recursos de la tierra para poder restituirlas, promover actividades económicas, y proteger áreas de alto valor ambiental y áreas indígenas. La expansión de industrias como la agricultura, la ganadería, la minería y el petróleo en zonas antiguas de conflicto podría resultar en mayor deforestación y escasez de agua si los planes de desarrollo económico no son cuidadosamente elaborados. Colombia abunda en tierras fértiles que podrían ser utilizadas para la producción agrícola, pero el gobierno intentará limitar la expansión para evitar la deforestación. El Fondo de Tierras para la Paz, que se utilizará para entregar propiedades a las víctimas del conflicto, aún no se ha establecido y no está claro cuánto terreno se necesitará para este proceso ni cuanto aumentaría la deforestación.

Es posible que los ex combatientes también ejerzan presión sobre los recursos de la tierra. Ex guerrilleros que participaron en el proceso de reintegración pueden decidir si prefieren reubicarse en áreas urbanas o permanecer en áreas rurales. Históricamente, el 80 por ciento de los combatientes reintegrados han decidido reubicarse a áreas urbanas, en parte porque la continuación del conflicto les impidió regresar a las áreas rurales. No obstante, después del acuerdo de la paz, un porcentaje mayor de ex combatientes ha decidido permanecer en áreas rurales. También existe el riesgo de que ex combatientes retornen a actividades de minería ilegal, las cuales causan una degradación grave al medio ambiente.

La distribución de los fondos limitados para la era del posconflicto es otro desafío para la protección ambiental. El Gobierno Colombiano ha buscado activamente asistencia internacional para la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, los participantes han señalado que estas donaciones internacionales probablemente disminuirán durante el próximo año por lo cual el gobierno debe utilizar estos recursos de manera estratégica para maximizar los beneficios. A nivel nacional, Colombia se enfrenta actualmente a una crisis fiscal impulsada principalmente por la disminución de los precios mundiales del petróleo. Como consecuencia, el gobierno  debe asignar los escasos recursos con cautela hacia la implementación de la agenda posconflicto, la cual los expertos estiman que costará miles de millones de dólares.

Varios de los participantes argumentaron que Colombia necesita mejorar su clima de inversión para las grandes industrias como la agricultura, el petróleo y el gas. Estas industrias podrían dar una contribución sustancial a los ingresos del gobierno- pero los reguladores deben asegurarse de que utilicen prácticas ambientalmente sostenibles.

Las instituciones débiles representan otro reto a la implementación en el posconflicto. Los participantes señalaron que mientras que Colombia tiene un gobierno altamente centralizado con la mayoría de los ingresos y la toma de decisiones concentrada en Bogotá, el proceso de la paz deberá ser implementado en las regiones, donde el gobierno tiene menos fondos y menos capacidad para implementar regulaciones ambientales. 

Las siguientes son algunas de las soluciones propuestas a lo largo de la reunión:\

• Fortalecer la capacidad técnica de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), autoridades ambientales regionales de Colombia. Estas instituciones se beneficiarían de la despolitización y un mandato más amplio, incluyendo ciertas responsabilidades relacionadas con el desarrollo.

• Fortalecer la protección y saneamiento territorial en las zonas protegidas y parques nacionales, las cuales seguirán afrontando una amplia variedad de amenazas.

• Armonizar los compromisos de Cambio Climático y reducción de emisiones con los objetivos de la implementación del acuerdo.

• Fortalecer la autoridad indígena en los territorios que ellos ocupan. Apoyar los “planes de vida” (instrumento de desarrollo de los pueblos).
• Reconsiderar el servicio social que tendrán que hacer los excombatientes dentro de su proceso de reinserción. Integrar los proyectos productivos con un esfuerzo de recuperación ambiental (por ejemplo la recolección de semillas y la siembra)

• Desarrollar nuevas áreas de producción (por ejemplo, frutas exóticas) y ampliar las cadenas de suministro para mejorar las oportunidades económicas de las comunidades locales y las poblaciones recientemente reintegradas. También aspirar a la formalización de la minería pequeña y otras actividades económicas.

• Afinar los criterios para elegir los municipios de priorización. Ciertas municipalidades en el Departamento de Amazonas, y otros sitios, han sido severamente afectados pero es poco probable que reciban asistencia.

• Aumentar la partida presupuestal al sector ambiental. Fortalecer alianzas público-privadas para el sector ambiental y la asignación de los recursos naturales. Reconsiderar el uso de los subsidios de bajo rendimiento.

• Sincronizar la toma de decisiones del Sistema Nacional Ambiental

• Reasignar roles de la fuerza pública, en particular del ejército para combatir la deforestación.

• Contrarrestar la percepción de que las consideraciones ambientales son distintas de, o están en conflicto con, los objetivos de desarrollo económico de Colombia.

Los comentarios de esta reunión servirán como base para un próximo informe con recomendaciones para mitigar los impactos ambientales del posconflicto. Vea a continuación la agenda de mesa redonda y la lista de participantes.