Libertad de expresión y elecciones en Nicaragua

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Main Photo: Jorge Mejía Peralta / Flickr / CC BY 2.0

El 30 de marzo de 2021, el Diálogo Interamericano organizó el evento en línea “Libertad de expresión y elecciones en Nicaragua” con el apoyo de Global Affairs Canada. El panel discutió cómo las violaciones a la libertad de expresión y las restricciones a la libertad de prensa han afectado al periodismo en el país, y cómo estas restricciones afectarán las próximas elecciones el 7 de noviembre de este año. El evento contó con los comentarios de apertura de Michael Grant, viceministro adjunto de las Américas para Global Affairs Canada, la moderación de Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano, y análisis de Néstor Arce, director y productor multimedia de Divergentes, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Kimberly León, periodista de La Costeñísima, Lucía Pineda, directora y periodista de 100% Noticias, y comentarios de cierre de Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camilleri comenzó la conversación contextualizando los numerosos ataques en contra de la prensa y las violaciones de la libertad de expresión en Nicaragua, haciendo referencia a informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, al igual que documentación extensa por parte de la sociedad civil, que han denunciado la represión sistemática en contra de los periodistas en el país. Desde que la crisis política del 2018 provocó protestas y violencia por todo Nicaragua, los periodistas han sufrido detenciones arbitrarias, intimidación, persecución, y procesos legales espurios por parte de fuerzas gubernamentales y sus aliados, una tendencia que es especialmente preocupante considerando las elecciones generales que se llevarán a cabo el 7 de noviembre de 2021. Grant explicó en sus comentarios de apertura que las elecciones libres y justas no serán posibles sin una prensa independiente que pueda informar a los ciudadanos nicaragüenses con veracidad. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia que debe ser protegido.

A pesar de que han pasado más de dos años desde que el Presidente Ortega firmó acuerdos con la Alianza Cívica para liberar prisioneros políticos y reinstaurar derechos civiles, Chamorro lamentó que Nicaragua todavía permanece bajo un estado policial, compartiendo sus experiencias personales de ser constantemente vigilado en su lugar de trabajo y en su hogar. También señaló varios de los eventos alarmantes desde la crisis, incluyendo el asesinato del periodista Ángel Gahona, la destrucción de Radio Daría, y el asalto a Confidencial y 100% Noticias, al igual que el encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora, directores de 100% Noticias. Pineda, una de las panelistas en el evento, comentó que su detención por más de 170 días fue un síntoma del miedo que tiene el gobierno de la verdad y de sus reportajes. Ella reiteró su compromiso con informar al pueblo nicaragüense y su esfuerzo por no ser silenciada, señalando que regresó a trabajar un mes después de que fue excarcelada en junio de 2019.

Este compromiso de seguir desempeñando trabajo periodístico en un ambiente represivo fue un tema recurrente en la discusión. Arce, que fundó Divergentes en medio de la pandemia y en este contexto político delicado, notó que a pesar de la crisis, se han establecido más de veinte nuevos medios de comunicación, tanto desde Nicaragua como del exilio. Estos medios han logrado continuar sus reportajes y han desarrollado estrategias para circunvalar o minimizar las restricciones del gobierno de sus reportajes. Él explicó que es necesario que los periodistas innoven constantemente para lidiar con estas restricciones, incluyendo enfocarse en reportajes digitales, crecer sus redes sociales, y usar medios alternativos de difusión como podcasts y periodismo investigativo.

De León, que es directora de un medio pequeño en la región de la Costa Caribe de Nicaragua, explicó que ella y su personal viven con miedo constante por sus vidas, y que son vigilados por la policía en sus lugares de trabajo y en sus hogares. Esta intimidación muy visible también ha dificultado que sus reporteros logren hablar con fuentes que temen repercusiones por sus comentarios, al igual que ha disminuido los fondos para publicidades y ha resultado en un asfixio económico de un medio ya vulnerable. Chamorro explicó que su decisión para ir al exilio en 2019 fue para proteger su integridad física, y que a pesar de que Confidencial fue exitoso incluso con este desafío, todavía no hay garantías por su seguridad o la de sus colegas, que deciden asumir un “riesgo calculado que vale la pena” para continuar su reportaje con un contacto más directo.

El gobierno nicaragüense también ha incrementado medidas legales para seguir restringiendo la libertad de la prensa, incluyendo la “Ley Especial de Ciberdelitos”, la “Ley de Agentes Extranjeros”, y la “Ley de Soberanía Nacional”. Chamorro explicó que la Ley de Ciberdelitos, aprobada en el 2020, penaliza con tres años de prisión la publicación de “noticias falsas”, sin definir claramente el concepto, creando el potencial para “censura de facto”. La Ley de Agentes Extranjeros, según Chamorro, “inherentemente criminaliza” a cualquier persona u organización que reciba fondos del extranjero, inscribiendo a la organización en sí como un agente extranjero, lo cual automáticamente anula sus derechos políticos. Chamorro explicó que a pesar de que estas leyes no se han hecho cumplir, por último tienen un “efecto inhibitorio” con la competencia política, exacerbando una cultura ya existente de intimidación en el país.

Finalmente, los panelistas discutieron cómo la comunidad internacional puede ayudar a periodistas avanzar y defender principios democráticos en Nicaragua. Chamorro comentó que la CIDH ha desempeñado un rol vital en Nicaragua desde que comenzó la crisis, monitoreando reportes de violaciones a derechos humanos al igual que abogando por personas que sufren persecución por el gobierno de Ortega. Al mismo tiempo, expresó escepticismo de los esfuerzos pasados de la comunidad internacional, argumentando que estos esfuerzos se basan en asunciones que el gobierno de Ortega está abierto al cambio a pesar de que ha dado un mensaje claro: “en Nicaragua no hay derechos civiles y existe un estado policial”, y que las elecciones se llevarán a cabo a pesar de faltas de reformas electorales u observadores internacionales. Vaca resaltó el compromiso de los organismos internacionales de derechos humanos, argumentando que la comunidad internacional tiene un rol importante para continuar reportando violaciones a derechos humanos en el país, y que a pesar de sus limitaciones, puede ayudar al velar por la protección de periodistas, analizar el impacto de las medidas que afectan negativamente la libertad de la prensa, y ayudar a fortalecer los medios independientes en Nicaragua.

Tres conclusiones claves que identificaron nuestros panelistas para apoyar a periodistas en Nicaragua:

1. Seguir ejerciendo presión sobre el gobierno de Ortega, tomando en cuenta limitaciones realistas. Como Chamorro y Vaca explicaron en sus comentarios finales, la comunidad internacional puede tomar un rol importante al monitorear y reportar violaciones a los derechos humanos en general y específicamente en contra de periodistas, un trabajo vital en un ambiente mediático donde estos reportes se caracterizan como falsos, sin fundamentos, o politizados. Los panelistas instaron a actores dentro de la comunidad internacional que enfoquen sus esfuerzos en apoyar a activistas y periodistas locales. Aunque las sanciones y denuncias pueden señalar a otros colaboradores internacionales que el gobierno de Ortega no está apegándose a estándares internacionales de derechos humanos, una de las maneras más efectivas de presionar para lograr un cambio es apoyar a las personas que ya están haciéndolo en el país.
   
   
2. Buscar estrategias innovadoras de reportajes para circunvalar restricciones gubernamentales. Después de que cerraran estaciones de radio, confiscaran oficinas, y revocaran licencias de transmisión para canales nacionales, los periodistas en Nicaragua deben innovar constantemente para asegurarse que sus reportajes siguen llegando al público. Como señalaron Arce, Pineda, y Chamorro, el alcance digital está incrementando en Nicaragua, y los periodistas deben aprovechar esta situación creciendo sus canales de redes sociales y haciendo reportajes multimedia. Todos los panelistas fueron optimistas que a pesar de la represión del gobierno, se ha mantenido la alta calidad del periodismo en Nicaragua, y que esta excelencia de reportajes debería de ser aprovechada para crecer métodos no tradicionales de difusión.
   
   
3. Apoyar a los medios independientes tanto del exilio como dentro de Nicaragua. A parte de la censura e intimidación, los medios independientes en Nicaragua están enfrentando problemas económicos debidos a una falta de publicidades, lo cual resulta en recortes de personal y en general pone en peligro la sostenibilidad de muchos de estos medios. Como señaló De León, empresas locales también sufren de intimidación y temen posibles represalias del gobierno si eligen comprar espacios de publicidad en estos medios ya vigilados. Sin el apoyo de empresas locales y sin patrocinios del gobierno (que es una de las fuentes de financiamiento más grandes del país), los problemas financieros someten a los periodistas a incluso más presión. Incrementar las fuentes disponibles de financiamiento para estos medios puede ayudar a que periodistas locales continúen su trabajo. Similarmente, aunque los periodistas exiliados reciben apoyo de sus medios en Nicaragua, todavía tienen desafíos para acomodarse en un ambiente nuevo y se beneficiarían de redes adicionales de apoyo. Como explicó Chamorro, muchos periodistas desde el exilio han decidido no regresar a Nicaragua porque no pueden asegurar un regreso seguro. La comunidad internacional podría ayudar a identificar a estos periodistas que están en peligro e incrementar la vigilancia del gobierno de Ortega para asegurar que si su seguridad se ve comprometida, hay personas preocupadas y atentas.

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