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Colombia debería integrar consideraciones ambientales en sus planes de desarrollo económico rural para evitar un aumento en la deforestación asociada con la transición al posconflicto, según un nuevo informe del Diálogo Interamericano. La deforestación ya es un gran reto para Colombia, donde más de 124.000 hectáreas de bosques fueron destruidas en 2015. Las iniciativas de restitución de tierras y los crecientes intereses económicos en las zonas que han sido afectadas por el conflicto aumentarán la demanda para tierras colombianas en los próximos años, incluso en los parques nacionales y áreas protegidas.
Además de manejar la compleja transición del conflicto a la paz, el gobierno colombiano tendrá que trabajar para conciliar las demandas competitivas por tierras, y, al mismo tiempo, proteger los valiosos recursos ambientales de Colombia. Estos recursos son críticos no sólo para Colombia, sino también a nivel internacional. Con la octava cobertura forestal más grande del mundo, Colombia juega un papel crítico para mitigar el cambio climático global.
El informe, escrito por Lorenzo Morales, periodista y profesor de la Universidad de Los Andes, ofrece una serie de recomendaciones al gobierno colombiano para lograr el desarrollo sostenible en el posconflicto. Estas recomendaciones vienen de las contribuciones de los participantes en una reunión organizado por el Diálogo en agosto de 2016 en Bogotá, tanto como entrevistas con participantes en la reunión y otros expertos.
Las recomendaciones incluyen la mejora de los datos existentes sobre la tierra, con clara delimitación de las áreas ambientales y la frontera agrícola. De gran importancia es la reubicación responsable de personas desplazadas por la guerra, evitando ubicar a poblaciones vulnerables en tierras no productivas y frágiles, o tierras sin acceso a infraestructura o servicios básicos. El informe también recomienda que el gobierno fortalezca y potencie a las autoridades locales, los gobiernos indígenas y las instituciones ambientales locales e informales.
El desarrollo sostenible requiere la reasignación de los recursos estatales en apoyo a la política ambiental, por ejemplo mediante incentivos fiscales, acuerdos de pago para servicios ambientales y creación de capacidad en los gobiernos locales. La vinculación de la planificación para el cambio climático con los planes de acción del posconflicto también podría optimizar las inversiones actuales y atraer el apoyo adicional de organizaciones internacionales. El desarrollo de nuevos mercados "verdes" y tecnologías sostenibles en las industrias extractivas del país también contribuiría al desarrollo sostenible en Colombia.
Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
Vea la cobertura de este informe en El Tiempo, Semana Sostenible y El Espectador.
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