La crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela – en búsqueda de respuestas innovadoras

This post is also available in: English 

Main Photo: UNICEF Ecuador / Flickr / CC By 2.0

El 30 de septiembre, el Diálogo Interamericano convocó el evento virtual "La crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela: en búsqueda de respuestas innovadoras," para conversar sobre la situación humanitaria y presentar el nuevo informe del Programa Peter D. Bell del Diálogo, Corruption and Crisis in Venezuela: Asset Repatriation for Humanitarian Relief. El webinar contó con palabras de apertura y moderación de Michael Shifter, presidente del Diálogo, y la participación de Miguel Pizarro, comisionado del gobierno de Juan Guaidó para la ONU y la Asistencia Humanitaria, Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo, y Elisabeth Pramendorfer, oficial superior de derechos humanos en el Global Centre for the Responsibility to Protect.

Pizarro comenzó la conversación enfatizando que Venezuela está pasando por una crisis provocada por el hombre que ha llevado al segundo desplazamiento más alto del mundo con más de cinco millones de refugiados. Pizarro también destacó los delitos contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro, incluyendo miles de casos de asesinatos extrajudiciales, torturas y violencia sexual. Él explicó que el gobierno de Guaidó ha ayudado a financiar programas para responder a la pandemia de la Covid-19. Esto incluye el programa con la Federación Internacional de la Cruz Roja para fortalecer la respuesta de los trabajadores de primera línea, incrementar pruebas y abrir nuevos laboratorios para detectar al virus en el país. Adicionalmente, implementaron el programa Héroes de la Salud para apoyar a los trabajadores de primera línea laborando dentro del sistema público de salud y quienes están sobreviviendo en $4 por mes. Pizarro notó que estas iniciativas fueron implementadas sin usar el sistema bancario del régimen. Según Pizarro, esto indica que el gobierno de Guaidó está "construyendo el precedente y la base para usar activos congelados para financiar la respuesta humanitaria en el país", una idea que se alinea a las conclusiones del informe reciente del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano.

Impunidad por las violaciones de derechos humanos y corrupción caracteriza el régimen de Maduro. Sin embargo, cuando se trata de la comunidad internacional, marcos estatales para la responsabilidad por corrupción son más fáciles de invocar que demostrar la involucración del regimen en abusos de derechos humanos. Camilleri argumentó que la emergencia humanitaria compleja emparejada con la crisis económica histórica, la solidaria pero subfinanciada respuesta internacional y los cientos de miles de millones de dólares robados a través de la corrupción, requieren un abordaje creativo mediante por el cual devolver los activos robados para financiar una respuesta humanitaria. Camilleri también anotó que el obstáculo central al esfuerzo es devolver esos activos al país mientras que Maduro permanece en el poder. El informe sugiere algunas maneras de devolverlos, incluyendo: 1) usando un fondo discrecional controlado por la Asamblea Nacional de Venezuela; 2) trabajando alrededor del régimen de Maduro y devolviendo los activos a venezolanos refugiados y las organizaciones que les ayudan, una opción sin precedentes; o, 3) involucrando un fondo fiduciario de donantes múltiples para apoyar la red de grupos internacionales humanitarios que tienen acceso al territorio venezolano. Camilleri explicó que estos esfuerzos valen la pena dado que, "solo una fracción del sumo total que fue robado de Venezuela superaría ampliamente todo el dinero que se ha recolectado para la asistencia humanitaria".

Pramendorfer destacó la importancia de la conclusión de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que demostró la gravedad de los abusos sistematizados de derechos humanos que se han convertido en política bajo Maduro. Con respecto a la aplicación de la Responsabilidad de Proteger (R2P), en específico el pilar #3 y el uso de fuerza, Pramendorfer dijo que en el caso de Venezuela, su utilización es improbable dada la oposición posible de China y Rusia. Además, en el evento que la decisión pase, hay preguntas fundamentales para considerar: 1) si el uso de fuerza se aplica para proteger a la población de crímenes atroces o para introducir un cambio de gobierno; y, 2) las consecuencias que una intervención causaría para venezolanos en el país. Pramendorfer notó que la conversación sobre R2P debe cambiar, "R2P como norma no es para cambio de régimen, no se trata de cambiar un gobierno, se trata de cambiar el comportamiento de un gobierno". Pramendorfer terminó instando que la conversación no debe ser construida como una entre inacción e intervención militar, sino que deberá haber una respuesta de terreno neutral involucrando a la presión diplomática de niveles altos para que los costos para perpetradores de estos crímenes atroces sean altos. 

El evento virtual se finalizó con preguntas de la audiencia sobre cómo determinar la cantidad en dólares de la corrupción y los desafíos metodológicos, la razón por qué los activos congelados robados venezolanos no han sido utilizados previamente y si este proceso de repatriación de activos depende de que el gobierno de Guaidó continue su gobierno interino.

VEA LA GRABACIÓN DEL EVENTO AQUÍ: