Industrias Extractivas y Regulaciones Ambientales en el Posconflicto

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Preguntas Clave para el Nuevo Gobierno Colombiano

Tras la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC en el 2016, el país debe buscar estrategias para garantizar el desarrollo sostenible de sus recursos naturales. La minería y el petróleo son sectores importantes en la economía, aportando de manera sustancial a las contribuciones fiscales necesarias para implementar el Acuerdo. Mejorías en la seguridad pública pueden incluso motivar a las empresas a expandir sus actividades extractivas en antiguas zonas de conflicto.

Sin embargo persiste una falta de consenso en cómo tratar las cuestiones ambientales vinculadas a estos sectores. Políticas inconsistentes y regulaciones ineficientes han desfavorecido la minería y la producción petrolera, mientras que muchas comunidades se oponen férreamente a las industrias extractivas sobre la base de argumentos medioambientales. Las negociaciones de paz han incluso estimulado a ciertas comunidades a movilizarse directamente en contra de posibles desarrollos en minería y petróleo.

En este contexto, corresponde al próximo gobierno de Colombia fijar un nuevo enfoque para las regulaciones ambientales que deberá seguir la industria extractiva en el posconflicto.

Un nuevo reporte del programa Energy, Climate Change, and Extractive Industries del Diálogo Inter-Americano, Industrias Extractivas y Regulaciones Ambientales en el Posconflicto: Cuestiones Clave para el Nuevo Gobierno Colombiano analiza los desafíos para consolidar un sector de hidrocarburos y minería que sea social y ambientalmente sostenible; a la vez que plantea a los agentes políticos cuestiones fundamentales como dónde se deberían permitir las actividades de la industria extractiva, sobre quienes debe recaer la responsabilidad de supervisar el sector, y como lograr que las actividades del mismo sean ambientalmente sostenibles:

• ¿Cuál institución del Estado debería encargarse de coordinar el ordenamiento del territorio, con enfoque en la protección ambiental? El informe argumenta porqué el nuevo gobierno debería definir con claridad cuáles áreas quedarán para la actividad minera e hidrocarburos, y cuales en cambio estarán bajo resguardo como parques nacionales o territorios indígenas y examina en que formas el nuevo gobierno podría mejorar los procesos de consulta ciudadana sobre el potencial impacto de la industria extractiva en el medio ambiente, a la vez que establecer reglas claras para la inversión.
• ¿Qué planes tiene para mejorar la información sobre los sectores de minería e hidrocarburos y evitar que los proyectos estratégicos no cumplan con los requisitos para obtener licencia ambiental o social? El informe plantea porqué el nuevo gobierno debe revisar las estructuras de gobernanza local, y establecer sí las autoridades locales están capacitadas para administrar temas medioambientales. Adicionalmente, el autor reflexiona sobre porqué los actores políticos deben informar de manera oportuna a las comunidades locales sobre el impacto ambiental que pueden tener las actividades extractivas.
• ¿Consideraría exigir a las empresas que entren a operar en antiguas zonas de guerra la adhesión a estándares internacionales de operación y de desempeño social y ambiental? El informe indaga la importancia de incentivar políticas que estimulen el uso de tecnologías con bajo impacto en el medio ambiente, y formas alternativas de integración y acceso territorial.

La autoría de este informe corresponde a Lorenzo Morales, periodista y profesor en el Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes.

El informe fue posible mediante el apoyo de la Ford Foundation.

Lorenzo Morales comenta la publicación: