Las tácticas recientes utilizas por el gobierno de Nicaragua de proteger con la policía a cuerpos violentos con el fin de intimidar a líderes de la oposición, no hacen más que acuerpar violencia con silencio e impunidad. A la vez, aíslan al país del mundo y forman parte del típico accionar, tomado del manual de las dictaduras, de crear condiciones de crisis y violencia reales para mantenerse en el poder por la vía electoral pero desde la cancha del dictador.
Para Daniel Ortega y Rosario Murillo, su cancha está en el terreno de la provocación violenta, la represión, el aislamiento y la escasez económica como principales fuentes de presión. Estos métodos son parte de una estrategia electoral que consiste en buscar la victoria con el mínimo de votos, el máximo de abstención y la fragmentación opositora.
La apuesta de Ortega para ganar se basa en su creencia de que tiene una ventaja en este momento, la cual le permitirá ganar siempre y cuando actúe en seis frentes: la represión política y económica, el acomodamiento económico del sector privado, la división y censura de la oposición, una comunidad internacional poco activa y la protección a su círculo de poder.
La continuidad de la represión
La estrategia de Daniel Ortega, históricamente, ha consistido en mantener un equilibrio en el uso de sus instrumentos de presión, dejando la violencia y represión como última instancia. Sin embargo, su enfoque de dividir, extorsionar y comprar políticos y votos con oferta clientelista ya se desgastó, y la única fuente de presión que le queda es el aparato represivo. Actualmente, este está instrumentalizado en función de atraer al resto del país a su cancha.
Después del anuncio del término del diálogo, el gobierno otorgó a la Policía un triple rol: amedrentar a la población con su presencia armada en la calle, ejecutar ataques violentos en zonas apartadas de la capital y proteger a las turbas pro-Ortega mientras éstas hacen uso de la violencia. El ataque físico contra el dirigente del COSEP en León es uno de muchos casos que ilustran esta nueva práctica.
Por otro lado, al Ejército le asigna el rol de último recurso en la represión, en caso que la resistencia social se llegase a desbordar. La declaración de lealtad del jefe del ejército consiste en una forma de asegurar y justificar el control militar sobre cualquier amenaza política, bajo la narrativa del “golpe” de Estado.
La presión económica al sector privado
Acompañando a la política del miedo, hay una presión económica, un castigo contra los empresarios, para hacerles cumplir con la carga tributaria y la reforma a la seguridad social. Los microempresarios son investigados, auscultados e interrogados acerca de todas sus fuentes de ingreso. En su desesperación por obtener más ingresos, el gobierno trata de actuar como el gran señor feudal obligando a los súbditos a pagar tributos. Pero, además, está usando a la policía para intimidar empresas asociadas a gremios críticos del gobierno, como lo son miembros de AMCHAM y COSEP. La intimidación no solo es física con patrullas, pero también vocal, tal y como lo demuestra el rumor que el gobierno ha difundido a través de los medios oficialistas acusando a Banpro en lavado de dinero en El Salvador.
La administración de la pobreza y la escasez
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