Guatemala: Violencia e Inseguridad

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Photo of the cover Photo of Guatemala's Policy Brief Imagen de portada: Abner Navarro / Pexels / Pexels license

El 12 de julio de 2024, el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano y Cristosal publicaron un informe que sostiene que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo puede demostrar la viabilidad de implementar medidas efectivas y democráticas para abordar la inseguridad en Guatemala. Este es el segundo informe de una serie sobre políticas de seguridad y Estado de derecho en la región, coordinada por el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo.

De la revisión de las políticas implementadas en el pasado en Guatemala, surgen algunas prácticas valiosas que impactaron en la violencia que afectaba al país con niveles alarmantes a inicios de la década de 2010. Se destacan la coordinación y armonización del sector seguridad, según la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; la política de persecución penal estratégica y el modelo del Ministerio Público implementados entre 2010 y 2018, junto con el acompañamiento de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); la depuración y modernización de la policía por medio del proceso iniciado por la Comisión de Reforma Policial en 2009; y el programa Escuelas Abiertas, que extendió el tiempo de uso de escuelas para el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y artísticas de jóvenes.

El informe, basado en una investigación exhaustiva, entrevistas e insumos recolectados en dos reuniones cerradas organizadas en abril de 2024 en la Ciudad de Guatemala, analiza políticas del pasado y propone elementos clave para una política de seguridad efectiva y democrática en Guatemala, incluyendo:

  • Reactivación del proceso de reforma policial.
  • Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y análisis del gobierno.
  • Políticas locales de seguridad y policía comunitaria.
  • Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y la violencia sexual.
  • Prevención y lucha contra la corrupción.
  • Aprendizaje de la justicia de los pueblos indígenas.
  • Modernización del sistema penitenciario.
  • Reactivación de la institucionalidad del proceso de paz en materia agraria.
  • Control de armas de fuego.
  • Control de la seguridad privada.
  • Continuidad de las políticas adoptadas más allá de vaivenes políticos.

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˙Peter Hakim