En medio del aumento de la demanda de minerales esenciales para la transición energética, las actividades mineras tendrán un profundo impacto en las personas que viven cerca de los yacimientos mineros. Para explorar las implicaciones sociales y de derechos humanos de la extracción de minerales críticos, el Diálogo Interamericano organizó el evento en línea "Minerales Críticos en ALC: la 'S' en ESG" el 11 de abril de 2023. Daniela Stevens, directora del programa y moderadora del evento, dio las palabras de apertura. Le siguió el Ministro Juan Manuel Cortelletti, jefe de la sección política de la Embajada de Argentina, quien presentó a la oradora principal, María Fernanda Ávila, Secretaria de Minería del Ministerio de Economía de la República Argentina.
Ávila habló de cómo se regula la minería entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Argentina es uno de los mayores productores de litio del mundo, por lo que la minería desempeña un papel clave en la economía nacional y provincial. En varias provincias, la minería representa más del 75 por ciento de las exportaciones totales. Sin embargo, la regulación de estos recursos es complicada. Las provincias son propietarias de los recursos que se encuentran en su territorio, pero a la vez siguen un código minero nacional que regula la gobernanza y el uso de los recursos. Esta compleja relación puede generar desafíos regulatorios. Dado que Argentina planea quintuplicar sus exportaciones mineras para 2030 mediante el desarrollo del cobre y el litio, se espera que también aumenten las complicaciones con las comunidades locales. Para mejorar la solución de conflictos, se han creado varias mesas redondas y consejos entre los gobiernos federal y provinciales.
Para maximizar los beneficios sociales, el país se ha centrado en mejorar la transparencia de la industria. Dos iniciativas clave son el Sistema de Información Abierto a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina y la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. Estas proveen un espacio de interpelación y diálogo para aumentar el acceso a la información medioambiental en todo el país. Según la Secretaria Ávila, el gobierno aprendió una de las mayores lecciones tras el cierre del proyecto de cobre de La Lumbrera en Catamarca: es fundamental planificar, desde el inicio del proyecto, qué ocurrirá en una comunidad tras el cierre de la mina. Los gobiernos deben apoyar un desarrollo económico alternativo, apalancándose de otros sectores productivos que no dependan de la minería para generar un ingreso seguros y sostenido para los residentes.
Otra iniciativa para garantizar el cumplimiento de las declaraciones de impacto ambiental por parte de las empresas incluye la supervisión participativa para que las comunidades puedan vigilar los impactos en las zonas con menor presencia gubernamental. Olga Teresita Regalado, Secretaria de Desarrollo Minero de la provincia de Catamarca, expuso cómo se ha aplicado este mecanismo a nivel local. La Secretaria Regalado también habló de los mecanismos de la provincia para evaluar el impacto social a lo largo de la vida de un proyecto, desde la revisión interinstitucional inicial de las declaraciones de impacto ambiental hasta diversos foros de consulta, participación pública y supervisión. Se han llevado a cabo varios procesos de consulta y audiencias públicas con las comunidades a lo largo del Salar del Hombre Muerto. Por ejemplo, durante uno de estos procesos, la comunidad que vive junto al proyecto Sal de Vida explicó que, aunque estaba de acuerdo en aprovechar los beneficios de la extracción de litio, el gobierno de Catamarca primero debía promulgar controles y salvaguardias para que la extracción tuviera un impacto mínimo en la provisión de agua.
Pasando a la perspectiva del sector privado, Joyce Nessin, directora de Asuntos Externos de Cerro Matoso S.A., contó la historia de la transformación de la relación de Cerro Matoso con las comunidades vecinas a su mina de ferroníquel. Hace diez años, las comunidades locales bloquearon el acceso a la mina durante treinta días, argumentando que Cerro Matoso no aportaba suficientes beneficios en el territorio. Esto condujo a un largo proceso de diálogos participativos y multiculturales que la empresa denominó "el nuevo relacionamiento," que finalmente desembocó en inversiones comunitarias y un acuerdo formal de consulta previa entre ambas partes. Como parte de este compromiso, la interacción comunitaria de Cerro Matoso se centra ahora en la autosuficiencia económica local, de modo que la comunidad pueda seguir prosperando una vez que la mina esté fuera de servicio. En este marco, la comunidad determina los programas prioritarios y la empresa aporta expertos técnicos para materializarlos. Para medir la diferencia que marcan estos proyectos y garantizar la rendición de cuentas, Cerro Matoso mide cada tres años el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), la misma métrica utilizada por el gobierno colombiano. Entre 2015 y 2022, el IPM de las comunidades aledañas se redujo un 11 por ciento, lo que demuestra que sus inversiones están mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Sus programas cubren diversas necesidades y áreas. Por ejemplo, Cerro Matoso ha entregado a las comunidades locales más de 100,000 hectáreas de tierra, ha mejorado la calidad de las viviendas locales y ha concedido becas para educación superior y técnica. Uno de los proyectos destacados fue el de Joaquín Rojas, líder de la comunidad indígena Zenú y fundador de Pisadas Zenú. Con la ayuda del acuerdo de consulta previa, la empresa de reforestación de Rojas ha pasado de tener 10 empleados a alrededor de 75, lo que le ha permitido replantar más de 500,000 árboles nativos. Rojas reconoce que la minería tendrá inevitablemente repercusiones positivas y negativas, y recomienda a las empresas mineras que quieran establecer vínculos con las comunidades locales que tengan una política de puertas abiertas, un diálogo sincero y permanente, y que faciliten información continua a las partes interesadas locales.
Natascha Nunes da Cunha, especialista principal en minería del Banco Interamericano de Desarrollo, y Kamila Gómez, especialista en género y derechos humanos de la Asociación para la Minería Responsable, hicieron hincapié en la necesidad de garantizar el diálogo desde el principio hasta el final con todas las partes implicadas para maximizar los beneficios sociales y fomentar mecanismos innovadores de solución de conflictos.
Nunes da Cunha explicó que la rápida transformación del sector energético está creando un "cambio de paradigma" para la minería, y que la mejor manera de garantizar una minería socialmente responsable es iniciar todos los proyectos con un diálogo basado en la confianza y el respeto mutuo, ausentes en el sector dada su larga historia de proyectos mal ejecutados en la región. Según la especialista, América Latina debe aprovechar sus recursos naturales. Sin embargo, es crucial que los países cuenten con instituciones nacionales adecuadas y capacidad local suficiente para supervisar el cumplimiento de las normas ESG y las mejores prácticas corporativas, con el fin de responsabilizar a las empresas y proteger a las comunidades marginalizadas. Aunque recientemente el sector minero ha visto prometedoras innovaciones técnicas, Nunes da Cunha señaló que le falta innovación en el espacio de relaciones entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Además, está de acuerdo en que el sector debe utilizarse para impulsar cadenas de suministro de alto valor que generen desarrollo más allá de la minería.
Gómez explicó cómo su organización mapea e identifica a todas las partes interesadas de un territorio antes de las reuniones de consulta. Así se garantiza que todos los grupos tengan un asiento en la mesa. Nunes da Cunha coincidió en que esto es especialmente importante en los proyectos mineros, dado que a menudo se sitúan en zonas rurales donde el gobierno está ausente. En estos casos, las empresas deben ir más allá de los requisitos gubernamentales de consulta previa.
En general, todos los panelistas insistieron continuamente en la necesidad de un diálogo sólido e inclusivo, lo que indica que las expectativas en torno al contrato social para la minería están creciendo lentamente.
Un nuevo reporte del Diálogo Inter-Americano analiza los desafíos para consolidar un sector de hidrocarburos y minería que sea social y ambientalmente sostenible; a la vez que plantea a los agentes políticos cuestiones fundamentales como dónde se deberían permitir las actividades de la industria extractiva, sobre quienes debe recaer la responsabilidad de supervisar el sector, y como lograr que las actividades del mismo sean ambientalmente sostenibles
A medida que las economías intentan reconstruirse luego de la crisis generada por el Covid-19, surge la oportunidad de acelerar la mitigación del cambio climático, la adaptación y de elaborar modelos económicos más sostenibles. Un nuevo informe del Diálogo Interamericano concluye que los ingresos de las industrias extractivas pueden proporcionar recursos cruciales para cumplir este objetivo.
A medida que los efectos del cambio climático aumentan por todo el mundo, los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se enfrentan a una vulnerabilidad desproporcionada ante los fenómenos meteorológicos graves y otras amenazas como la sequía y la inseguridad alimentaria. Esta vulnerabilidad está contribuyendo a una creciente crisis humanitaria en una región ya asolada por la pobreza, la desigualdad y la violencia, y está exacerbando estos motores de la migración regional y la emigración, incluso hacia Estados Unidos.
