Día tras día, la crisis en Venezuela se agrava. Aunque está recibiendo mucha atención en estos días, el deterioro dramático del país es producto de muchos años de mal gobierno y corrupción masiva. El año crítico fue 2013, cuando el precio de petróleo colapsó y murió Hugo Chávez, quien fue elegido democráticamente pero mostró tendencias autoritarias desde el comienzo. Su sucesor, Nicolás Maduro, carece de su carisma y habilidad política, y ha tenido que gobernar con muchos menos recursos, un chavismo fracturado, y una oposición que, a pesar de sus diferencias internas, ganaría cualquier elección libre y justa.
En ese contexto, la cúpula del chavismo redobló la apuesta e instaló una nueva Asamblea Constituyente. La maniobra es rechazada por la comunidad internacional y por el 70 por ciento de los venezolanos. Con la payasezca “elección” del 30 de julio, boicoteada por la oposición con razón, Maduro consolidó un régimen autoritario.
Desde que se instaló, la Constituyente ha actuado para eliminar cualquier desafío al gobierno y barrer con toda señal democrática de las instituciones. De hecho, los 545 delegados ya han despedido y reemplazado a la fiscal general, exchavista, y quien habia asumido posiciones contrarias a Maduro. Más grave aún, la Constituyente declaró que tenía la facultad para anular cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional, democráticamente elegida y dominada por la oposición.
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