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El presente informe, elaborado en conjunto por Atipay, Innovación para la Gestión, UNICEF LACRO, y el Diálogo Interamericano, expone las mejores prácticas internacionales en el seguimiento presupuestal transversal y su aplicación al presupuesto para personas con discapacidad en Perú. El estudio responde a la necesidad de mejorar la visibilidad, priorización, análisis y seguimiento del gasto público destinado a la atención de personas con discapacidad, un grupo que enfrenta múltiples barreras y limitaciones en su participación plena y efectiva en la sociedad. Los objetivos del estudio incluyen identificar y analizar modelos conceptuales y experiencias exitosas en otros países, y proponer un esquema adaptado al contexto peruano para mejorar la gestión y eficiencia del gasto público en discapacidad, asegurando que los recursos asignados realmente contribuyan a la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad.
El estudio hace una revisión exhaustiva de modelos conceptuales y experiencias internacionales en el uso de clasificadores presupuestales para temas transversales, como la discapacidad. Se analizan enfoques como el presupuesto inclusivo, presupuesto sensible a la discapacidad y presupuesto compatible con la CRPD. La investigación incluye una evaluación de los clasificadores de gasto comúnmente utilizados en los presupuestos públicos y propone un esquema para categorizar las acciones programáticas y los recursos asignados a la discapacidad, facilitando así un análisis detallado y un seguimiento efectivo del gasto.
El informe revela que la vinculación de acciones para eliminar barreras con los clasificadores presupuestales presenta desafíos debido a su naturaleza transversal. Propone una clasificación para analizar el presupuesto público en dos categorías principales: atención de condiciones limitantes y eliminación de barreras del entorno, desglosadas en subcategorías basadas en la CIF y la CRPD. Entre las recomendaciones, el estudio destaca la necesidad de un marco legislativo habilitante, la participación activa del Ministerio de Finanzas, y la adopción de estándares de accesibilidad universal para asegurar una asignación eficiente y efectiva de los recursos destinados a personas con discapacidad.
