Es crucial la independencia de los órganos de control  

Uno de los retos más complejos en materia de regulación del financiamiento político es asegurar la aplicación efectiva de los controles que, de muy distintas formas, casi todos los sistemas democráticos han adoptado en las últimas décadas. La verdad es que son muy pocos los países en los que las transgresiones en esta materia acarrean consecuencias para los actores políticos. Como en tantas otras áreas, también en la regulación del financiamiento político la impunidad es la madre del cordero. Cuatro reflexiones sobre el particular:

1. La existencia de sanciones que respalden la normativa de financiamiento político es esencial. Empero, no hay que perder de vista cuál es el objetivo del sistema de sanciones: antes que castigar, es prevenir las violaciones y fomentar el cumplimiento voluntario de la ley. La aplicación de las sanciones es el último y más indeseable de los recursos. Más importante es que los reguladores faciliten información permanentemente a los actores políticos y fiscalicen las finanzas partidarias durante las campañas, con el fin de prevenir las violaciones. Pero siendo esto cierto, no hay que confundirse: las sanciones no son una alternativa a la regulación sino un componente inherente de esta.
    
2. Para ser efectivas, las sanciones previstas en materia de financiamiento político deben ser simples de entender, disuasivas, proporcionales, variadas y, sobre todo, oportunas. La severidad draconiana de las sanciones es menos importante que la credibilidad y consistencia en su aplicación.
     
3. Mucho de esto depende de la efectividad e independencia de quienes supervisan el cumplimiento de esta legislación. Por un lado, hay que dotar a las autoridades de recursos humanos y financieros a la altura de esa tarea, así como de herramientas legales adecuadas, como el levantamiento del secreto bancario y tributario en materia de financiamiento político y la potestad de llevar sus denuncias directamente a los tribunales.
     
   Pero aún más crucial es proteger la independencia de las autoridades. En términos generales, ni los partidos ni el gobierno deben estar involucrados en la tarea de controlar el financiamiento político. Ello porque en muchas ocasiones la aplicación de los controles es utilizada para perseguir a la oposición. Pero, además, porque uno de los grandes destinatarios de los controles del financiamiento político debe ser el propio gobierno, toda vez que uno de los problemas más graves y generalizados en esta materia es el abuso de los recursos estatales durante las campañas.
      
4. Es clave tener un enfoque “holístico” de los controles al financiamiento político, en por lo menos tres formas. En primer lugar, en cuanto a la oportunidad de los controles. Esto no es un asunto puramente electoral. Preservar la integridad del proceso electoral es importante, pero más lo es proteger la integridad del sistema político a lo largo de todo el ciclo político.
     
   En segundo lugar, en cuanto a los actores que es necesario movilizar. Exigir cuentas no es un trabajo únicamente para los reguladores. Para mencionar un caso tomado de la región, cuando emergieron a la luz serios casos de penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en la política colombiana, las respuestas más poderosas no vinieron del sistema político sino de la confluencia de medios de prensa, la sociedad civil organizada y los jueces. 
     
   En tercer lugar, en cuanto a los instrumentos de regulación. La regulación del financiamiento político es parte de un “eco-sistema” de protecciones a la integridad de la política, que incluye también a las regulaciones al lobbying y a los conflictos de interés, las declaraciones de activos, las normas que hacen al secreto bancario y tributario, las protecciones a la libertad de prensa y a los denunciantes, las reglas de inmunidad parlamentaria, entre muchos otros aspectos. Todas estas normas deben estar articuladas para que el control del financiamiento político pueda ser efectivo.