La epidemia de Covid-19 desatada a fines del 2019 generó una crisis económica y social sin precedentes para la región de América Latina y el Caribe, no sólo por su magnitud sino por su extensión a todos los países de la región. El sistema educativo vio interrupciones en sus ciclos escolares y de cronogramas académicos, generando en algunos casos virtualizaciones forzadas. Al mismo tiempo se generó la necesidad de adaptar el sistema para mantener los servicios en marcha. Sin embargo, se desataron inequidades que se vieron incrementadas como consecuencia de la distribución desigual de recursos en múltiples dimensiones, tanto para estudiantes como para docentes. También, puede señalarse que las dinámicas familiares, la distribución de las tareas al interior del hogar, el cuidado de las niñas y los niños, se vieron afectados con múltiples consecuencias para toda la población.
En ese contexto, el presente informe desarrollado por Javier Curcio y Malena Aprile con el apoyo del Diálogo Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene como objetivo analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 en las principales políticas de primera infancia que conforman los paquetes de prestaciones básicas definidas, identificando especialmente sus implicancias fiscales y presupuestarias. A tal efecto se seleccionaron los países de Chile, Colombia y República Dominicana para conformar la muestra bajo análisis en el estudio.
MENSAJES CLAVE
En el área definida como “protección e inclusión social”, se observa un importante desarrollo por parte de los países en relación con el apoyo a políticas de fortalecimiento familiar (licencias parentales, regulación laboral para facilitar la crianza, regulación para asegurar lactancia materna, etc.).
En los cuidados previos al embarazo y la suplementación de vitaminas y micronutrientes, los países muestran un avance menos generalizado y existen algunas atenciones específicas como la fortificación de alimentos o las transferencias monetarias para embarazadas que solo están siendo implementadas en unos pocos casos.
Dentro del grupo etario de 0 a 2 años puede señalarse que sólo unos pocos países proporcionan ayudas técnicas para niños y niñas con discapacidad, experiencias oportunas de estimulación temprana, crecimiento y el desarrollo por parte de los padres y las madres, y fomento de la atención a la crianza y desarrollo de parentalidades en el marco de la protección e inclusión social.
La crisis generada por la pandemia de Covid-19 impactó fuertemente la primera infancia, afectando las dinámicas familiares, complejizando la distribución de las tareas al interior del hogar y el cuidado de las niñas y los niños, entre otros. Los países modificaron su estructura de políticas públicas, incrementando las respuestas frente a la emergencia en materia de protección de ingresos, fortalecimiento de los sistemas de salud y otros; y, al mismo tiempo, descuidando, en algunos casos, las iniciativas necesarias para el desarrollo de las personas no tan directamente ligadas con los impactos directos e indirectos generados por la pandemia.
Por último, ciertas prestaciones para niños de 3 a 6 años sólo son desarrolladas por algunos países y requieren una mayor abogacía que contribuya a su inclusión en los paquetes básicos universales. Entre ellas pueden destacarse la detección y atención de retrasos del desarrollo y discapacidades; la atención para experiencias oportunas; la estimulación temprana; el crecimiento y el desarrollo; la prevención de la violencia, abuso y negligencia; y el apoyo a políticas de fortalecimiento familiar, a través de la regulación laboral para facilitar la crianza por parte de las familias.
El Programa de Educación agradece al Banco Interamericano de Desarrollo por su generoso apoyo en la realización de este informe.
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