Las limitadas perspectivas de crecimiento económico en Nicaragua
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Tobias Tullius, Unsplash
La economía nicaragüense enfrentará un año difícil en 2023 en gran parte debido a la continua mala gestión en el àmbito político y económico, además de los retos de una economía internacional desafiante con una expectativa de inflación que no decrecerá. El crecimiento proyectado es inferior al 2 por ciento para 2023. El escrutinio internacional sumado al aumento del servicio de la deuda, dificultará que las instituciones financieras proporcionen préstamos por encima de los niveles de 2022. La capacidad del gobierno para recaudar más impuestos es limitada y la disminución del consumo de remesas también reducirá el consumo privado.
Para que la prosperidad económica llegue a Nicaragua, se necesitan reformas económicas inclusivas. Éstas incluyen una mejor seguridad judicial para las empresas, auditorías de préstamos internacionales, un escrutinio más estricto de la corrupción y la cleptocracia, así como un cambio en el clima económico y de inversión al hacer que las reformas políticas conduzcan a una buena gobernanza. La familia Ortega-Murillo ha capturado el Estado en su totalidad, controlando el entorno legal y regulatorio en todos los asuntos de política social, cívica y económica. Dado el crecimiento económico limitado, las perspectivas de mejores oportunidades para los nicaragüenses son bajas. Es importante presionar al gobierno para que adopte políticas económicas inclusivas. La política económica del gobierno actual no es sostenible para un mayor crecimiento, solo para un bajo mantenimiento respaldado por remesas, préstamos externos y extorsión fiscal.
Nicaragua es un país donde se ha criminalizado la democracia y la política económica (extorsión, expulsión, sanciones fiscales) ya que la independencia de las instituciones del Estado es inexistente y ha sido capturada por la familia Ortega-Murillo. El régimen ha promulgado leyes que van en la dirección de proteger el status quo y no el bien público, por ejemplo aumentando la proporción del gasto público en la policía cuatro veces. El informe profundiza en recomendaciones para que las instituciones financieras internacionales como el FMI puedan considerar ciertas métricas críticas para garantizar la estabilidad económica.
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