IACHR Report on Citizen Security & Human Rights
Citizen security remains a top concern for most Latin American governments as crime and violence spiral out of control and cripple political and economic institutions in the region.
On Friday, May 5th, 2017 the Center for Justice and International Law (CEJIL), the Due Process of Law Foundation (DPLF), the Open Society Justice Initiative, and the Inter-American Dialogue hosted an open forum with the six candidates nominated by the member states to serve on the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). In that forum, candidates took public questions from attendees and remote viewers on YouTube and Twitter. The details and video of the event can be found here.
In addition, all questions—including those that were not asked in the forum because of limited time—were collected and the candidates were given the opportunity to submit written responses as they saw fit.
The full list of questions can be found here. The other submitted responses can be found here.
The following questions and responses have not been translated or edited except for organizational purposes.
En la última década la Comisión ha logrado avances importantes para consolidar sus labores de promoción y protección de los derechos humanos, adaptándose a las circunstancias que han prevalecido en el hemisferio a pesar de contar con recursos limitados y operar en contextos políticos complejos. En este sentido, cabe resaltar la creación de sus relatorías temáticas, cuya labor de sistematización de los más altos estándares interamericanos de respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales constituye una herramienta fundamental para que los Gobiernos de la región emprendan los cambios normativos e institucionales necesarios para hacer efectivo su disfrute y realización. Actualmente la Comisión trabaja en la promoción y protección de derechos humanos a través de las relatorías temáticas sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de la niñez, sobre los derechos de los migrantes, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales trans e intersex, sobre los derechos de las personas afrodescendientes, sobre los defensores y defensoras de derechos humanos y sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Cabe destacar la importante labor que ha realizado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, instancia que este año cumple 20 años desde que fue creada como una oficina especial, permanente e independiente que trabaja con el apoyo de la Comisión. También, merece una mención especial la creación a partir de este año 2017 de la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. A través de esta relatoría la Comisión deberá involucrarse de manera más cercana en el monitoreo y la asistencia a Estados en el gran reto que constituye, en especial para nuestro continente, el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.
En los 10 últimos años de labor de la Comisión resulta de especial relevancia mencionar el proceso de reflexión y fortalecimiento de la Comisión llevado a cabo entre 2011 y 2013, del que fueron parte los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y la propia CIDH. En momentos complejos en los que la actuación de la Comisión era cuestionada principalmente por los gobiernos de algunos Estados de la región, la Comisión supo responder y ejerciendo su autonomía e independencia fortalecer sus fundamentos de actuación que quedaron reflejados en las reformas a su Reglamento, con las que se reforzó su marco jurídico, en especial en lo referente a la tramitación de peticiones y casos, con el objetivo de lograr el mayor cumplimiento por parte de los Estados de las decisiones de la Comisión, en beneficio de las víctimas y del Sistema en su conjunto.
El logro más importante alcanzado por la Comisión en estos últimos 10 años es el que haberse consolidado como el organismo autónomo e independiente de protección y promoción de los derechos humanos en el Hemisferio. Ya sea a través del monitoreo geográfico que realiza, de los informes temáticos o del sistema de peticiones individuales, las decisiones y recomendaciones de la Comisión hacen una diferencia al inducir que los Estados avancen en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En fechas más recientes la Comisión aprobó su Plan Estratégico 2017-2021, diseñado a través de un proceso participativo amplio, transparente e incluyente, partiendo de las lecciones aprendidas en la implementación del Plan Estratégico previo. Además de identificar los principales desafíos operacionales de la Comisión y establecer las estrategias de gestión institucional y los mecanismos prioritarios que le permitirán hacerles frente, el nuevo Plan Estratégico incorpora mecanismos de rendición de cuentas y verificación de resultados, con lo que se institucionaliza una nueva cultura organizacional que se estima fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato.
Los efectos de los casos que se tramitan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se limitan a dar respuesta a las violaciones de derechos humanos en ciertos casos particulares, la relevancia de las decisiones surgidas de estos trámites, ya sean recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana o sentencia de la Corte Interamericana, está en la creación de estándares y la consolidación de principios relativos al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. A partir de una determinación de cualquiera de los dos órganos del sistema, se esperaría que los gobiernos avanzaran en la promoción y protección de los derechos humanos atendiendo a niveles de exigencia cada vez mayores y alcanzando a todas las personas en el Continente. Es por esto que cada caso resuelto por la Comisión y la Corte Interamericanas contiene una particularidad en la que se establece una obligación de protección, promoción y defensa de los derechos humanos.
No obstante, caben destacar los siguientes casos que incluyen aquéllos que conozco de primera mano por tratarse de casos en los que estuvo involucrado mi país, así como de otros Estados.
Son dos líneas de trabajo complementarias. La Comisión trabaja sobre la base de tres pilares: monitoreo de la situación de los derechos humanos en las Américas, asistencia y cooperación técnica para la promoción de los derechos humanos y el sistema de casos y peticiones que puede culminar hasta un procedimiento ante la Corte.
Los informes temáticos coadyuvan a la promoción de los derechos humanos y a visualizar situaciones específicas para movilizar a los Estados y a la opinión pública a atender situaciones de preocupación. Por su parte, el litigio ante la Corte busca repara las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de una persona.
Como lo señalé en el conversatorio con las organizaciones de la sociedad civil del 5 de mayo, considero que el Estado tiene la obligación tanto de garantizar la seguridad pública como el pleno goce de los derechos humanos. Una no está reñida con la otra. Está perfectamente establecido que las tareas de seguridad deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.
Los Estados deben cambiar su política sobre el problema mundial de las drogas para pasar de un enfoque punitivo a uno centrado en la persona. Sin minimizar la importancia de las políticas de seguridad, deben privilegiarse las políticas de salud. Los resultados alcanzados en el período extraordinario de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas celebrado en abril de 2016 representa un cambio de paradigma. A partir de ese hito, toda política de drogas debe promover la prevención, un enfoque de salud y medidas con pleno respeto a los derechos humanos.
He presentado mi renuncia al puesto de Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con efectos a partir del 1 de junio de 2017. De resultar electo, me separaré del Servicio Exterior Mexicano.
Más allá de la separación del servicio público, la independencia requerida por el Estatuto de la CIDH es una cuestión ética y de compromiso con el trabajo de la Comisión. Para poder ejercer debidamente su función, todos los comisionados deben realizar su trabajo con independencia, imparcialidad y objetividad independientemente de su experiencia laboral previa. Ese es el compromiso que asumiré si soy electo al cargo.
La promoción de candidaturas a puestos de elección en organismos internacionales, tanto de expertos como del país, es una de las funciones que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por tratarse de una de sus tareas, la Secretaría absorbe los costos que genera la promoción de esas candidaturas.
Ese fue el caso de los actuales miembros mexicanos de la Comisión y la Corte Interamericanas. Muy probablemente sea la práctica en todas las cancillerías.
Las dificultades económicas de los Estados representan un desafío al pleno disfrute de los DESC. Sin embargo, el Estado ha asumido obligaciones de promoción y defensa de los DESC para sus habitantes que deben ser realizados conforme las capacidades de cada Estado pero aspirando a alcanzar un mínimo y pugnando por un avance progresivo. El rol de la Comisión es apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia, mediante asistencia y cooperación técnica. Asimismo la Comisión debe desempeñar su función de protección en esta materia.
La Comisión debe promover la mayor cooperación entre las partes. Por tanto, los comunicados deben ser objetivos, responsables y veraces. Si bien los comunicados son mecanismos eficientes para visualizar las situaciones de derechos humanos, deben contar con información suficiente para ser más eficientes. La información que puedan brindar los Estados permitirá una valoración más objetiva de la situación.
El Comisionado o comisionada debe sumarse a los esfuerzos para alcanzar el pleno financiamiento de la CIDH. Eso incluye hacer gestiones personales ante los Estados Miembros promoviendo esquemas de pleno financiamiento con cargo al presupuesto regular de la OEA, pero también para la obtención de contribuciones voluntarias para alcanzar esos objetivos.
Por otra parte, los comisionados deben buscar apoyos en especie a la Comisión. Pueden servir de enlace para acercar posibles fuentes de cooperación hacia la Comisión pero también en actividades al interior de los Estados.
La Comisión debe tener como eje transversal de su trabajo la perspectiva de género. Entre otra cosas, implica defender los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en el derecho interamericano convencional y consuetudinario.
Atribuya una gran importancia a la participación de la sociedad civil en todo el SIDH. De resultar electo, mi compromiso es mantener un estrecho contacto con todas las organizaciones de la sociedad civil para conocer sus preocupaciones y sugerencias de mejora al trabajo de la Comisión.
La Asamblea General en su resolución: AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) alentó a los Estados a que en los procesos de selección de Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Comisionados de la CDIH, “nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del Hemisferio, garantizando que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos”.
La rotación geográfica no es un requisito de nominación. Corresponderá a la próxima Asamblea General integrar una Comisión con representación de las diferentes regiones, entre otros criterios.
Considero que la Secretaría Ejecutiva debería estar integrada con una diversidad de funcionarias y funcionarios, con equilibrio de género y donde haya una adecuada representación de juristas provenientes de las diversas regiones y sistemas jurídicos. Hay una deuda con el Caribe para la contratación de personal que debe atenderse como uno de os medios para avanzar a la universalidad del Sistema.
La piedra angular del trabajo de la CIDH es su autonomía e independencia y los comisionados están obligados a velar por esos valores. Esta condición se fortalece promoviendo un trabajo con rigor jurídico y buscando la mayor cooperación entre las partes para promover más eficazmente la protección a las víctimas.
El Comisionado o comisionada debe sumarse a los esfuerzos para alcanzar el pleno financiamiento de la CIDH. Eso incluye hacer gestiones personales ante los Estados Miembros promoviendo esquemas de pleno financiamiento con cargo al presupuesto regular de la OEA, pero también para la obtención de contribuciones voluntarias para alcanzar esos objetivos.
Las personas trans tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley conforme al artículo 24 de la Convención Americana. Sobre esa base, la Comisión debe velar por la no discriminación, la plena inclusión y el goce de todos los derechos para las personas trans en igualdad de condiciones.
No hay incompatibilidad estatutaria entre las funciones de comisionado de la CIDH y miembro del CJI. De resultar electoa la CIDH, valoraría mi permanencia en el Comité en función de las cargas de trabajo a fin de poder estar en aptitudes de realizar plenamente el trabajo de ambos órganos.
Para mantener la independencia requerida en el puesto, debo abstenerme de pronunciarme sobre casos de mi país que se encuentran en consideración por la CIDH.
He presentado mi renuncia al puesto de Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con efectos a partir del 1 de junio de 2017. De resultar electo, me separaré del Servicio Exterior Mexicano.
Citizen security remains a top concern for most Latin American governments as crime and violence spiral out of control and cripple political and economic institutions in the region.
Is the Venezuelan government likely to comply with the IACHR’s ruling or will it uphold the ban?
The president of the Venezuelan National Electoral Council discussed the upcoming electoral contest.