América Latina, una asignatura pendiente

This post is also available in: English Português 

En 1992, en conmemoración de los 500 años del primer viaje de Colón a las Américas, Carlos Fuentes publicó un notable ensayo sobre la historia de Iberoamérica que tituló El espejo enterrado. Fuentes comparaba allí el complejo pasado de la región con un gran edificio de México D.F. que, pese a un avance gradual y permanente, nunca se terminaba de construir. La construcción de América, decía, seguía igual de inconclusa; era una obra “creciendo pero inacabada, enérgica pero llena de problemas en apariencia irresolubles” (Fuentes, 1992).

Más de 20 años después de la publicación de este magnífico ensayo, la mayoría de los países de la región conmemoran lo contrario: el bicentenario de su independencia. Pero se debe reconocer que la imagen del edificio sin terminar sigue siendo fiel retrato de la realidad latinoamericana. Nuestra incapacidad para cumplir planes y objetivos, nuestra dificultad para terminar las cosas, nuestra propensión a improvisar y a preferir la salida fácil por sobre las soluciones de largo plazo siguen siendo los signos de nuestra desventura.

Cierto es que estos problemas no son exclusivos de América Latina, pero hay pocos lugares donde la sensación de oportunidad desaprovechada sea tan potente. América Latina es una región particularmente asociada a expectativas incumplidas, a potencial inexplotado y a asignaturas pendientes. Durante la historia algunos de nuestros países han llegado a la puerta del éxito; otros han tenido episodios de crecimiento sin parangón y otros más han logrado notables metas de desarrollo, pero en cada ocasión hubo una recesión, un descalabro político, una convulsión social que frustraron lo logrado y los hicieron retroceder años, si no décadas. Por ejemplo, durante los primeros 20 años del siglo XX Argentina fue uno de los diez países más ricos del mundo; más que Francia, Alemania e Italia. Su ingreso per cápita equivalía al 92% del promedio de 16 economías avanzadas, e incluso durante la segunda posguerra siguió siendo la quinta economía mundial. Hoy, tras décadas de altibajos económicos, el ingreso per cápita argentino no supera el 43% de estas mismas 16 economías avanzadas (The Economist, 2014).

Pero el ejemplo de deterioro económico y social más visible y trágico es Venezuela, país que en 1970 era el más próspero de la región y uno de los 20 más prósperos del mundo (Hausmann y Rodríguez, 2013). Hoy, en cambio, se proyectan para el 2018 una inflación de un 1 millón por ciento y una caída del producto interno bruto del 15%¹. Por añadidura, Venezuela sufre una crisis humanitaria con grave escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos que ha llevado a que miles abandonen el país cada día (Human Rights Watch, 2017).

La errática trayectoria de algunos países de la región se transparenta tanto en el desempeño económico como en el desarrollo político. En efecto, a largos períodos de estabilidad y consolidación institucional se han sucedido regímenes autoritarios, represión y violación de los derechos humanos. Esto no significa necesariamente que no existan avances, sino que el cambio positivo es extremadamente lento o que las políticas públicas no logran generar una significativa dinámica de transformación.

Lo positivo es que en la mayoría de América Latina se ha consolidado la responsabilidad macroeconómica y fiscal. Una región conocida por la volatilidad de sus mercados ha gozado de notable estabilidad económica, al punto de haber sorteado con éxito los peores efectos de la crisis económica de 2008. Esa vez las economías fueron más fuertes y diversificadas y los gobiernos más prudentes y avezados. Hoy, pocos países tienen una inflación de dos dígitos y otros se han ganado una clasificación crediticia de “grado de inversión”.

El crecimiento al inicio del presente siglo tampoco fue menor. Entre 2003 y 2011 el ingreso per cápita regional creció a un promedio del 3% (Banco Mundial, 2011) y la participación en la economía mundial del 5% al 8% (Banco Mundial, 2011). Sin embargo, después de 2013 la economía se estancó y el optimismo y euforia dieron paso a la cautela y la inquietud. Tras el brusco fin de la bonanza latinoamericana, algunos países han debido esforzarse para evitar un crecimiento negativo y otros se han tenido que conformar con un crecimiento entre modesto y mínimo.

Las razones más visibles de la contracción fueron externas y totalmente fuera de nuestro control: cayeron los precios de los bienes primarios y materias primas, y la demanda en los mercados emergentes, especialmente en China; el financiamiento externo se hizo escaso y las condiciones más duras. Pero la contracción tuvo ciertamente razones más de fondo, como la poca productividad y competitividad de nuestras economías² , ambos factores estructurales que han frenado históricamente nuestra capacidad para mantener el crecimiento económico y el progreso social.

En el capítulo 5, Augusto de la Torre y Alain Ize abordan varios de los factores estructurales que han impedido a la mayor parte de América Latina cerrar la brecha del ingreso per cápita –converger– con Estados Unidos. Como señalan, si bien debemos mantener y profundizar nuestros logros a nivel macroeconómico, en los próximos 20 años deberemos avanzar mucho en materia de productividad si queremos sobrevivir en un mercado mundial cada vez más interconectado. Aumentar la productividad implica mejorar drásticamente la calidad de la educación y además adecuarla a nuestras necesidades. Deberemos invertir en investigación y desarrollo, modernizar la infraestructura y la logística, potenciar la conectividad, reducir el costo de la energía, dar mayor acceso a financiamiento y optimizar los marcos regulatorios para que nuestras empresas puedan operar en un entorno potenciador y empoderador. Deberemos promover y perfeccionar las alianzas público-privadas, atraer actividades de alto valor que puedan establecer nexos locales, esforzarnos por insertar nuestras economías en las cadenas de valor globales y buscar constantemente mejoras productivas.

De la Torre e Ize plantean además que, para terminar con décadas de bajo crecimiento, será fundamental la exportación de bienes y servicios, para lo cual debemos seguir buscando formas inteligentes de integración a la economía mundial. En el capítulo 6 sobre América Latina y el mundo, Andrés Malamud postula que el siglo XXI marca el momento en que a la región se le presenta, quizás por primera vez, una alternativa —China— a la dominación histórica de Estados Unidos en lo económico y lo geopolítico. El auge chino y la extraordinaria expansión de los lazos comerciales de inversión y financieros entre el gigante asiático y América Latina fueron gravitantes para el crecimiento regional de principios de siglo. Pero una alternativa fundada en el intercambio de materias primas también presenta el riesgo de volver a caer en una relación de dependencia con una potencia extranjera, tema que inquieta muy especialmente a los países de América del Sur. Hasta ahora América Latina no tiene una postura común en cuanto a los términos de la relación que le pueda dar mayor poder negociador con China, en momentos en que en Estados Unidos se intensifica una ola proteccionista que amenaza con afectar a las economías latinoamericanas que dependen de ese mercado.

Algunos países están haciendo esfuerzos por buscar nuevas formas de integración con una economía mundial en constante evolución. Por ejemplo, los miembros de la Alianza del Pacífico han crecido de forma más constante y han logrado avanzar hacia una producción más diversificada mientras promueven una integración más abierta con la economía mundial, en particular con Asia-Pacífico. Pero como agrega Ana Covarrubias en el capítulo 7, en América Latina las iniciativas que promueven la integración regional tienen la tendencia de ser circunstancial. Se crean nuevas instituciones y nucleamientos que a poco andar se estancan por problemas de coordinación, visiones anticuadas y absolutas de la soberanía, y falta de liderazgo de los principales países de la región.

El segundo desafío es el progreso social sustentable. En el capítulo 4, George Gray Molina nos pinta un cuadro dispar: desde 2003 hay grandes avances en la superación de la pobreza y la desigualdad del ingreso, pero se mantienen fuertes asimetrías tanto a nivel interno como entre países. Los logros económicos de los primeros 10 años del siglo sin duda se tradujeron en logros sociales; entre 2002 y 2012, la pobreza regional bajó del 44% al 29%, el desempleo se redujo en un 35% y la clase media pasó del 22% al 34% de la población. A diferencia de otras regiones, en este período América Latina logró reducir además la desigualdad del ingreso, bajando cerca de 3 puntos en el coeficiente de Gini (CEPAL, 2013). Pero de repetirse golpes económicos externos o internos como los que han afectado a algunos países después de 2013, grandes sectores corren el riesgo de volver a la pobreza.

Los gobiernos que quieran mantener los logros sociales deberán invertir en ampliar y mejorar los servicios públicos. Esto es especialmente importante en materia de educación, que sigue siendo la mejor forma de lograr que la juventud —nuestro mayor recurso—ingrese al mercado laboral y tenga movilidad social. Las tecnologías digitales ya están muy difundidas en América Latina; ahora hay que convertirlas en una herramienta de progreso social a través de priorizar el manejo de la tecnología y de rediseñar la entrega de servicios públicos a fin de convertir al ciudadano digital en el eje de la formulación de políticas públicas.

Pero el debate sobre la desigualdad del ingreso queda trunco si no se atiende el tema de las estructuras tributarias anémicas y muchas veces regresivas que nos caracterizan. Según la CEPAL, como porcentaje del PIB, la recaudación tributaria promedio no supera el 18%; de hecho, en varios países, se sitúa entre el 10% y el 15% (CEPAL, 2018). Ningún estado puede entregar servicios públicos de calidad con una recaudación tan baja. Peor aún, por tratarse en su mayoría de impuestos indirectos, el mayor peso impositivo recae sobre quienes menos pueden pagar.

Las reformas tributarias son políticamente problemáticas en cualquier país, pero la región no tiene otra forma de salir adelante que no sea reevaluando seriamente el financiamiento fiscal. Sin embargo, la reforma tributaria sólo será posible cuando las élites económicas entiendan que pagar impuestos es menos oneroso que tener instituciones y servicios públicos de mala calidad. Los gobiernos tienen en esto su propia responsabilidad: si exigen más tributos, deben mostrarse capaces de gastarlos con criterio, eficiencia y honestidad. Y el complemento ineludible al tema tributario es elevar la eficiencia y transparencia de la administración pública y comprometerse en serio a superar los inauditos niveles de corrupción que hemos presenciado en los últimos años.

Lo que nos lleva a un desafío al que debemos dar especial énfasis: mejorar la gobernabilidad pública y fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, pilares fundamentales de cualquier intento serio por generar estabilidad política y construir países y sociedades que garanticen plenamente la dignidad humana.

Como explica Catalina Botero en el capítulo 2, la ola democratizadora de los años 80 devolvió a la ciudadanía de la región el derecho a decidir su destino en las urnas e instauró la expectativa de que los gobiernos respetarían el estado de derecho y se someterían con transparencia al control ciudadano. Algunos países, sin embargo, no lograron ir más allá de un esbozo general de democracia electoral y quedaron en deuda en cuanto a libertad de prensa, equilibro de poderes y gestión responsable³. De hecho, algunos gobiernos, en lugar de proponer formas de ampliar la democracia, han generado formas de afectarla, mientras otros simplemente han optado por no avanzar mayormente en el tema. Botero advierte que, pese a los innegables logros registrados desde el inicio de las transiciones democráticas, hay avances insuficientes e incluso retrocesos alarmantes.

Esto no significa que toda la región enfrente las mismas dificultades. Pese a los grandes desafíos en común, algunos países han avanzado muchísimo, logrando aportar transparencia y eficiencia a la administración pública⁴, impulsar la participación de la mujer en la política⁵ y combatir la corrupción y la impunidad⁶ . 

El último desafío regional que quiero destacar es la necesidad de diseñar e implementar respuestas locales, nacionales y regionales eficaces ante la violencia, el narcotráfico y toda forma de delincuencia organizada. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “entre 2000 y 2010 la cifra de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal, es decir, unas 100.000 al año” (PNUD, 2014, v). Estas cifras son mayores en ciertos sectores de la población, especialmente entre los muchachos jóvenes, lo que complica las perspectivas de la región.

Algunos países de Mesoamérica sufren violencia a gran escala. La situación es tal, que el pacto fundamental de estas sociedades —el contrato social por el cual el estado adquiere el monopolio del uso de la fuerza a cambio de proteger y dar seguridad a sus ciudadanos— se ha visto virtualmente colapsado en gran parte de su territorio.

Es sabido que el combate a la delincuencia no termina en las medidas punitivas y represivas. La prevención del delito debe ir de la mano del desarrollo, del fortalecimiento de las instituciones, de la consolidación del estado de derecho, de la promoción de la justicia social, de la lucha contra la corrupción y del reforzamiento de los sistemas de justicia. A fin de cuentas, un modelo de desarrollo integral a largo plazo es la mejor estrategia de seguridad. En el capítulo 3 Robert Muggah analiza las complejidades del problema y las falencias de los tradicionales modelos de mano dura. Una fuerza pública eficiente, clave para prevenir y controlar el delito, en especial a las bandas organizadas, no basta por sí sola. Muggah expone argumentos de peso a favor de iniciativas de seguridad ciudadana que apuntan a las causas sociales de la violencia en América Latina y que construyen puentes entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.

América Latina enfrenta enormes desafíos. Su capacidad para preservar las conquistas y superar fallas y limitaciones será sometida a duras pruebas. Hay motivos para un cauto optimismo, al menos respecto del grupo de países que está en condiciones de profundizar los avances logrados. Claramente, ninguna de las tareas pendientes que hemos mencionado es fácil de realizar y el desarrollo siempre será un objetivo inconcluso. Pero hay claras señales que muestran el camino que debemos tomar e ideas probadas que podemos aplicar. La llave para terminar con más de 500 años de promesas incumplidas está en nuestras manos.

Este texto fue escrito por Laura Chinchilla como introducción para el libro "Promesas Incumplidas: América Latina Hoy".

NOTAS

1. Fondo Monetario Internacional, IMF Data Mapper; consultado en septiembre de 2018.

2. Se estima que la productividad empresarial latinoamericana equivale al 50% de la productividad estadounidense. Un informe del Foro Económico Mundial (2015) constató que entre 1980 y 2011, los años de mayor crecimiento, ninguna economía de la región logró acortar de manera substancial la brecha de la productividad.

3. Según Freedom House (2017), sólo Chile, Costa Rica y Uruguay tienen plena libertad de prensa. En los demás países la prensa libre está sujeta a restricciones o no existe. En cuanto a control ciudadano, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela figuran en los últimos lugares del índice de Transparencia Internacional (2018).

4. La Alianza por un Gobierno Abierto, iniciativa multilateral que busca comprometer a los gobiernos con la transparencia y la lucha anticorrupción, lleva 10 años haciendo un extenso trabajo en América Latina.

5. Según la Unión Interparlamentaria, la región ocupa el segundo lugar del mundo en cuanto a presencia de la mujer en cargos legislativos (28,8%), cifra que debiese aumentar durante el ciclo electoral 2017–2019 tras la entrada en vigor de nuevas leyes y normas de paridad en diversos países.

6. “En los últimos años, América Latina y el Caribe lograron adelantos significativos en la lucha contra la corrupción. En muchos países de la región existen ahora leyes y mecanismos para contrarrestar este fenómeno, las investigaciones legales están avanzando y se han incrementado los movimientos ciudadanos anticorrupción” (Transparencia Internacional, 2018).

Referencias

Banco Mundial. 2011. Indicadores de Desarrollo Mundial 2011. Washington, DC: Banco Mundial.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2013. Panorama Social de América Latina 2012. Santiago: Naciones Unidas.

—. 2018. Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas.

The Economist. 2014. “The Tragedy of Argentina. A Century of Decline”. 17 de febrero. 

Foro Económico Mundial. 2015. “Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America The Competitiveness Lab: A World Economic Forum Initiative”. Insight Report.

Foro Económico Mundial, Ginebra. Freedom House. 2017. Freedom of Press 2017. 

Fuentes, C. 1992. The Buried Mirror: Reflections on Spain and the New World. Nueva York: Houghton Mifflin.

Hausmann, R., y F. Rodríguez, eds. 2013. Venezuela Before Chavez: Anatomy of an Economic Collapse. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Human Rights Watch. 2017. “Venezuela: Events of 2016”. En World Report 2017. 

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). 2014. Summary: Regional Human Development Report 2013–2014. Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America. Nueva York: PNUD.

Transparencia Internacional. 2018. Corruption Perceptions Index 2017.