[La corrupción regional] se ha visto exacerbada por el poder creciente de grupos de crimen organizado y narcotráfico. […] Un antídoto para el avance de este fenómeno es la independencia judicial [y] contar con jueces y fiscales independientes que se atrevan a investigar seriamente estos hechos, incluyendo hasta qué nivel se inmiscuyen en asuntos públicos con financiamiento político ilícito. No es casual que haya amenazas y ataques a estos funcionarios e incluso casos de exilio (por) animarse a avanzar con estas investigaciones. Resulta indispensable fortalecer las capacidades de investigación independiente y de rendición de cuentas de las instituciones judiciales: de lo contrario se genera un caldo de cultivo donde se envía el peligroso mensaje de que estos hechos son tolerables.