En el año 2010, antes del inicio de la presidencia de José Mujica, Uruguay inició un proceso de diálogos sectoriales entre los partidos con representación parlamentaria. El objetivo era lograr consensos sobre temas clave para el país que facilitara la construcción de políticas de Estado. Mientras estos diálogos no prosperaron en áreas como seguridad, salud o educación, en el sector energético se alcanzó un acuerdo plasmado en un documento sencillo con cuatro ejes fundamentales: institucional, demanda, oferta y social. Este acuerdo proporcionó una visión a mediano y largo plazo para el sector energético, un avance que fue clave para el desarrollo y resultados observados posteriormente.
Varios de los líderes políticos actuales formaron parte de ese proceso de negociación, que hoy debería considerarse un modelo exitoso de construcción de políticas públicas y un gran logro de nuestra democracia. Este enfoque podría ser retomado en el contexto parlamentario actual, marcado por la falta de una mayoría consolidada en la Cámara de Diputados, lo que hace aún más necesario fortalecer las negociaciones y el diálogo entre los actores del sistema político.
Líderes de la formulación de las políticas públicas del momento, junto a empresarios y especialistas del sector, coinciden en que ese acuerdo multipartidario fue esencial para catalizar la profunda transformación que vivió el sector. Aunque esa transformación ya estaba en marcha en 2010, el acuerdo consolidó una agenda oficial que priorizó la diversificación de la matriz energética, atrajo una histórica ola de inversiones en energías renovables, redujo la dependencia de los combustibles importados, promovió el acceso universal a la energía, impulsó las energías renovables y la eficiencia energética, y consolidó el rol de las empresas estatales como ejecutoras de la política sectorial.
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