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América Latina y el Caribe enfrentan desafíos de seguridad cada vez más complejos, y algunos países están respondiendo con políticas que corren el riesgo de socavar los derechos humanos y el Estado de derecho. En este contexto, el 5 de junio de 2025, el Diálogo Interamericano recibió a la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito de Guatemala, Mayda de León, para reflexionar junto a responsables políticos, sociedad civil, actores del sector privado y expertos sobre la estrategia de seguridad del gobierno de Bernardo Arévalo. La discusión examinó los esfuerzos de Guatemala por abordar la violencia, la extorsión y el crimen organizado mediante una política de seguridad acorde con el Estado de derecho y con un fuerte enfoque en la prevención.
Rebecca Bill Chávez, presidenta y CEO del Diálogo, abrió el evento enfatizando que, desde su campaña electoral, el presidente Arévalo ha introducido la seguridad como un pilar central de la agenda, resaltando su estrecho vínculo con el desarrollo, la migración y la gobernabilidad democrática. En este sentido, Chávez recalcó que la política de seguridad de Guatemala tiene como eje el fortalecimiento institucional de la policía y las fuerzas armadas, en conjunto con la prevención del delito a través de programas sociales de educación y reformas penitenciarias.
La viceministra De León subrayó los principales desafíos que enfrenta la administración de Arévalo en materia de seguridad. Subrayó el aumento de las extorsiones —una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos— así como la reconfiguración de las pandillas, como la MS-13 y Barrio 18, cuyas disputas internas por liderazgo han derivado en homicidios de líderes y sus familias. También alertó sobre la falta de control en las cárceles, donde operan las estructuras criminales más influyentes, y los lentos procesos de reinserción. Advirtió que las medidas del gobierno de El Salvador generan presión regional y modelan expectativas locales. Además, señaló que la percepción pública, influida por la desinformación en redes sociales, no siempre refleja la realidad, por lo que la comunicación institucional es clave para recuperar la confianza ciudadana y frenar narrativas punitivistas.
En cuanto a las principales estrategias y planes que ha desarrollado la administración, De León destacó la importancia de incorporar la gestión de la percepción pública, las iniciativas de prevención, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático en las políticas de seguridad. Entre los ejemplos señalados, mencionó un programa piloto que busca restablecer la autoridad en centros clave, como Renovación 1, mediante el uso adecuado de tecnologías de escaneo y vigilancia; los programas orientados a prevenir la incorporación de niños, niñas y adolescentes a las pandillas; y el aumento de la presencia estatal en zonas históricamente marginadas. Finalmente, profundizó en la reestructuración de la inspectoría policial y en el impulso a las denuncias ciudadanas frente a abusos, mientras que, a nivel macro, una comisión anticorrupción se encarga de la supervisión y la garantía de la rendición de cuentas.
En la sesión de preguntas y respuestas, se abordaron temas clave como el rol de las fuerzas armadas en seguridad, el uso de tecnología para prevención y respuesta, los desafíos en torno al clima de inversión, y la importancia de la cooperación regional, así como la colaboración con la sociedad civil y la academia.
