Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho, conversó con IDEA Internacional sobre los retos del financiamiento político y la democracia.  

Comentarios de Taraciuk Broner: 

Pregunta (P): ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta América Latina en términos de financiamiento político y cómo afectan estos desafíos la legitimidad democrática? 

Respuesta (R): Hay diversos desafíos (…), pero dos de los desafíos centrales que enfrentamos hoy van más allá. En primer lugar, muchos de los fondos ilícitos circulan de manera oscura y sin transparencia, lo cual hace su regulación mucho más compleja; es importante pensar maneras innovadoras de abordar este problema. En segundo lugar, no existe un costo político reputacional claro por utilizar fondos indebidos. Aunque tengamos las mejores normas y los mejores mecanismos de control, no podremos avanzar con esta agenda si no logramos una movilización social que genere un costo político claro por aprovecharse de fondos ilícitos –y mientras eso ocurra, persistirá la sospecha de la opinión pública de que decisiones políticas se toman sobre la base de intercambios de dinero– por privados y por el crimen organizado –y ello es muy perjudicial para la idea elemental de la soberanía popular. 

P: ¿Qué papel puede jugar el sector privado en la promoción de la transparencia y la integridad en el financiamiento político, y cuáles son algunos ejemplos exitosos de esta colaboración en la región? 

R: El sector privado puede jugar un papel fundamental en movilizar una discusión pública sobre esto por múltiples motivos, incluyendo que puede liderar con el ejemplo con regulación de donaciones privadas y cumpliendo con ellas; puede financiar iniciativas al respecto, y puede impulsar y motivar la participación de otros actores clave. Existen ejemplos en los cuales el sector privado lidera iniciativas importantes para fortalecer el Estado de derecho en la región, como por ejemplo su participación con sociedad civil en crear los debates presidenciales en Argentina, en el debate social sobre transparencia y el rol de una institución electoral independiente en México, en la legislación sobre transparencia y datos abiertos en Brasil, o en iniciativas sobre financiamiento político y transparencia en Chile. 

[…]. 

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ.