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Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho, conversó en Es la hora de hablar de Píldoras Digitales sobre el escenario post-electoral en Venezuela.
COMENTARIOS DE TARACIUK BRONER:
“En Venezuela, a pesar de enormes desafíos y de circunstancias que hicieran que las elecciones no fueran ni libres ni justas, hubo elecciones. Hubo millones de venezolanos que salieron a votar, a pesar de las enormes dificultades que enfrentan en el día a día […], una gran mayoría del país que decidió votar por un cambio de gobierno y la respuesta […] ha sido ir en contra de esa voluntad popular y hacer lo que mejor saben hacer […]: un fraude y una escalada represiva para atrincherarse en el poder y tratar de evitar que esa transición de poder se dé.”
“El rol de la comunidad internacional es dejar en claro que un régimen represivo […] que no tiene ni legitimidad de origen […] ni legitimidad en el ejercicio del cargo […], no es parte de la comunidad regional y tampoco va a tener acceso a los mercados que precisan para gobernar […]. Hay distintas maneras de [lograr esto] […]. Un punto es empezar a tener una política exterior en la región que sea consistente y desideologizada, llamando las cosas por su nombre […]. También abrir puentes y la posibilidad de generar una conversación con ciertas personas que están en el poder hoy para que abran la puerta a esta transición democrática. Ahí hay que empezar a pensar en […] incentivos legales para ofrecer un puente a ciertas personas que no estés implicadas en crímenes de lesa humanidad para que ayuden a esta transición de poder.”
“Hay ciertos individuos que pueden obtener beneficios de amnistía y perdón, y ver un futuro mejor en democracia, que aferrándose al poder. […] En otro tipo de delitos como corrupción y lavado de dinero, los fiscales tienen también enorme discreción para otorgar beneficios legales. […] La amenaza creíble de investigaciones penales no está en Venezuela sino en otras jurisdicciones, principalmente en Estados Unidos […] o por delitos internacionales ante la Corte Penal Internacional u otras jurisdicciones que ejercen jurisdicción universal. […] El otorgamiento de incentivos se debe hacer a cambio de concesiones políticas muy concretas.”
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