Taraciuk Broner: “El amedrentamiento en contra de quienes lideraron las primarias claramente es una implementación de un sistema judicial que no es independiente”

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La directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk Broner, conversó con Gladys Rodríguez en TVV Noticias sobre el acuerdo de Barbados sobre condiciones electorales entre la Plataforma Unitaria para la Negociación de Venezuela y representantes del gobierno de Maduro, de las inhabilitaciones de las y los candidatos, así como de la persecución contra la Comisión Nacional de las Primarias por parte del gobierno de Maduro luego de las elecciones primarias.

Comentarios de Taraciuk Broner:

“El acuerdo [de Barbados] establece reglas mínimas electorales para el año que viene y una de ellas es que los candidatos puedan presentarse a la elección. El problema de fondo son las inhabilitaciones que son arbitrarias [y se hacen] sobre la base de un procedimiento administrativo.”

“El amedrentamiento en contra de quienes lideraron las primarias claramente es una implementación de un sistema judicial que no es independiente en contra de quienes desafían el poder. Esto es muy problemático porque no solo no están volviendo a habilitar a los inhabilitados sino que están yendo en contra de quienes están empujando el acceso al ejercicio del derecho al voto de los venezolanos.”

“Las autoridades de Estados Unidos deberían tener muy presente [lo que está sucediendo luego de las primarias] para medir [si es] que no se están cumpliendo los requisitos que habían pedido [para el levantamiento de sanciones]. Si hasta finales de noviembre no se daban pasos significativos, se podrían volver a imponer las sanciones sectoriales.”

Vea la entrevista completa aquí.

COMENTARIOS DE TARACIUK BRONER:

Q & A:

Q

¿Qué tan válido ves tú — o legítimo — el temor que reporta la Casa Blanca de que aumente la migración haitiana?

A

“Una política de seguridad que funcione debe tener dos pilares: una visión punitivista donde quien comete un delito vaya preso, pero con debido proceso y bajo investigaciones por un poder judicial independiente y, por otro lado, una serie de políticas que sean más sociales y preventivas que eviten la comisión del delito.” 

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