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Poco después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniera con el papa Francisco, la semana pasada, se anunció que el gobierno y la oposición habían aceptado participar en un diálogo largamente buscado para lograr una solución a la creciente crisis de la República.
Sin un trabajo más adecuado de preparación, sin embargo, es posible que el diálogo propuesto, patrocinado por la UNASUR y el Vaticano previsto para comenzar en los próximos días, acabe por hacer más mal que bien.
Puede llevar a consolidarse más sólidamente al gobierno autocrático venezolano, fracturar y debilitar aún más a la oposición ya perjudicada y dejar sin resolver los problemas de Venezuela.
Los gobiernos insensatos, arbitrarios y a menudo incompetentes de Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor son los principales culpables de la situación en Venezuela: una economía a punto de quiebra, un estancamiento político volátil, las instituciones democráticas ahogadas y una grave escasez de alimentos.
Pero la descomposición de Venezuela también refleja el hecho de una fragmentada América Latina que no ha logrado movilizar alguna respuesta común a la crisis de Venezuela. Las muchas instituciones regionales creadas con el fin de unificar América Latina parecen ser casi indiferentes desde hace años a la tragedia en Venezuela.
En la primera década del gobierno de Chávez, la economía, enriquecida por los precios del petróleo por las nubes, creció rápidamente; el gasto social se multiplicó y la pobreza y la desigualdad disminuyeron.
Venezuela tenía recursos suficientes para ayudar a financiar Cuba y otros aliados ideológicos; el país fue un importante mercado de exportación y fuente crucial de ingresos para muchos países.
Chávez ganó una elección tras otra y jugó un papel cada vez más influyente en los asuntos regionales. Los gobiernos latinoamericanos -algunos de ellos aliados políticos de Venezuela, otros beneficiarios de su generosidad, todos conscientes de las bravatas políticas de Chávez– se mostraban reacios a criticar su gobierno dictatorial.
A pesar de que todos los países de América Latina se han comprometido formalmente a adoptar medidas colectivas para corregir los quebrantamientos de la democracia, se ignoraron las crecientes violaciones de los derechos humanos y el orden democrático en Venezuela. Poco o nada se ha dicho sobre la extrema centralización del poder en el país, sobre el amordazamiento y detención de los opositores y las restricciones impuestas las instituciones cívicas. La caída del mercado del petróleo, seguida de la muerte de Chávez, en 2013, dejó a la distorsionada economía venezolana por los suelos y la política del país peligrosamente polarizada e inestable.
Con la inflación más alta del mundo, y sin ser capaz de pagar por sus importaciones, el país hoy en día está sufriendo una crisis humanitaria prolongada, con una gran escasez de productos básicos, deterioro de la infraestructura y el colapso de los servicios públicos. El apoyo popular a Maduro ha disminuido a ritmo acelerado. Sin embargo, la coalición opositora, a pesar de ser mayoría en el Congreso, ha sido políticamente marginada por un gobierno represivo que controla los tribunales y órganos electorales.
Se destruyeron las perspectivas de un referendo revocatorio este año, lo que podría haber permitido la realización de nuevas elecciones presidenciales. El régimen de Chávez está decidido a mantenerse en el poder hasta 2019 y, posiblemente, también después.
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