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Tamara Taraciuk Broner, la directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, participó en el podcast Voz Pública, donde conversó sobre la desinformación, el régimen de excepción del gobierno de Bukele en El Salvador y su impacto en otros países de la región, incluyendo Colombia, Guatemala y Honduras.
Comentarios de Taraciuk Broner:
“A mi la situación en El Salvador me llama la atención, comparándola con otras situaciones en las que he trabajado en mi trayectoria profesional, por dos motivos. Primero, por la velocidad con la cual el Presidente Bukele atacó las instituciones democráticas en el país, el poder judicial, el Ministerio Público, la Asamblea, y todo esto lo hizo en sus primeros dos años de gobierno. (…) Y este es el contexto que permitió la adopción del régimen de excepción que, si bien ha logrado disminuir los índices de criminalidad, lo ha hecho a un costo altísimo para el Estado de Derecho y los derechos humanos. La otra característica llamativa de lo que está ocurriendo en El Salvador es la enorme inversión en comunicación estratégica que ha hecho el gobierno para poder vender esta estrategia de combate a la inseguridad, no solo en El Salvador, sino también en la región.”
“En el marco de las detenciones hemos visto casos de torturas, malos tratos, condiciones de detención espantosas, y sin debido proceso, con lo cual no hay ninguna garantía que quienes estén detenidos hayan efectivamente cometido un delito. Y la información de organizaciones de derechos humanos indica lo contrario, en realidad son detenidos porque tienen tatuajes o porque están en el lugar equivocado en el momento equivocado, entonces muchas de estas detenciones son arbitrarias.”
“El riesgo principal es que, sobre la base de información limitada y tendenciosa, existan otros países que quieran replicar este modelo. Y no va a funcionar. Porque la realidad de los países es muy distinta, y el contexto de las instituciones en las cuales esto se está discutiendo también es muy distinto. Entonces es un error pensar que automáticamente este modelo puede ser replicado en otro país, por múltiples motivos. Hace falta tener la concentración de poder anterior para poder avanzar con este tipo de medidas, haber cooptado al poder judicial para que no haya un control judicial serio sobre los abusos que se cometen y, por otra parte, ya desde un punto de vista más práctico, no es posible pensar que en un país como México, con muchos millones de habitantes más que El Salvador, se pueda meter preso al dos o tres porciento de la población.”
