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De los casi 15 millones de migrantes en América Latina, uno de cada cuatro es niño, niña o adolescente, la mayor proporción de niñez y adolescencia migrante en el mundo. La infancia es altamente vulnerable en el trayecto migratorio porque se expone a violaciones contra su integridad personal y a la privación de servicios básicos como alimentación, salud y educación. La situación es aún más crítica considerando que, en 2023, el 70 por ciento de los niños migrantes tenía menos de 11 años.
En los últimos meses, la coyuntura se ha vuelto más compleja debido a medidas más restrictivas de migración y recortes en la ayuda externa de Estados Unidos. La reciente congelación de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés, USAID), que apoyaban iniciativas para la gobernanza migratoria con acciones en salud, educación y protección social orientadas a mitigar los factores impulsores de la migración, podría limitar la capacidad de respuesta a las necesidades de la niñez migrante. Además, las políticas de deportación amenazan con saturar los sistemas de asistencia en los países de origen y tránsito.
Ante un escenario migratorio riesgoso y desfavorable al desarrollo y bienestar de los niños y niñas de nuestra región, el protagonismo de la sociedad civil en la búsqueda de respuestas concretas a la protección de la infancia se vuelve más crucial que nunca. Es decir, la sociedad civil tiene el potencial de convertirse en un verdadero laboratorio de innovación social, aprovechando su capacidad para construir redes de colaboración; generar consensos y soluciones compartidas; y concienciar sobre la urgencia y el posicionamiento de la infancia migrante en las agendas nacionales y regionales.
La sociedad civil crea redes de colaboración para intercambiar y coordinar recursos y ofrecer una atención integral y eficiente. Un ejemplo es el programa Vidas en Movimiento (VEM), una iniciativa del Diálogo Interamericano y la Fundación Eugenio Mendoza, con el apoyo de la Fundación Femsa, que opera en Venezuela y Colombia. VEM utiliza una herramienta tecnológica para recopilar datos e información sobre niños, niñas y sus cuidadores en puntos clave de las rutas migratorias.
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