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Garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, así como prevenir y reducir el trabajo infantil, debería ser una tarea prioritaria para los países de Centroamérica y República Dominicana, ya que la incorporación temprana al trabajo impide que miles de niños puedan acumular, mediante su participación en la escuela, el capital de conocimientos que posibilitará que en su vida de adultos superen su condición de pobreza, una de las principales causas del trabajo infantil. El Estado, y especialmente el sistema educativo, deben garantizar que la población menor de 18 años haga uso de su derecho a educarse.
Se estima que en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana hay más de 2,3 millones de niños entre 5 y 17 años que trabajan, situación que entra en conflicto con sus posibilidades de educación. Esto motivó la creación en 2004 de PRIMERO APRENDO, proyecto que se desarrolla en estos seis países y que se propone defender y proteger el derecho a la educación de los niños y niñas trabajadores de 6 a 15 años y lograr cambios reales de política para que no abandonen la escuela.
