Orozco: “Para la mayoría de los nicaragüenses, la perspectiva es que la situación en Nicaragua es muy negativa”

En una entrevista con Confidencal, Manuel Orozco, director del Programa de Migración del Diálogo Interamericano, discute la inmigración nicaragüense a Costa Rica y los desafíos que enfrentan los migrantes, la sociedad y el gobierno de Costa Rica.

Comentarios de Manuel Orozco:

Pregunta (P): El estudio sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica hace una distinción entre quienes tienen menos de cuatro años de vivir en Costa Rica, que llegaron después de 2018, de aquellos que residen en el país desde hace más de diez años. ¿Cuál es el peso de cada uno de estos flujos migratorios?

Respuesta (R): “Es un peso importante. Hay tres grupos que aparecen dentro del estudio, y que reflejan las estadísticas que tiene el Gobierno de Costa Rica. Los que salieron durante el período de los últimos cuatro años, poscrisis, del 2018 para acá, y representan prácticamente un 24 por ciento de todos los encuestados; un grupo que lleva entre cuatro y diez años, que son alrededor de un 24 por ciento; y después los que llevan más de diez años en el país, que representan un universo bastante más amplio, representativo, que son un 52 por ciento de los nicaragüenses en Costa Rica”.

(P): ¿Qué elementos comunes, y diferencias, se pueden identificar sobre las razones de la emigración histórica y la más reciente de la emergencia, que salió después de la represión en 2018?

(R): “Por lo general, la decisión de emigrar resulta de la combinación de factores: consideraciones familiares; aspiracionales, el deseo de una mejor vida; condiciones económicas, es el tercero, y el cuarto es uno más institucional, en relación con el Estado, lo que llamamos lo político.

Cuando vemos la distinción entre los que salen antes y después de 2018, lo que tienen en común, el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado de magnitud entre los dos. Por ejemplo: para los que salieron en los últimos cuatro años, el porcentaje que dice salió por razones económicas es de un 41 por ciento, contra un 31 por ciento de los que salieron antes de 2018. Sin embargo, la razón número dos para los que salen después de la crisis es política, y es un porcentaje bastante fuerte, es un 29 por ciento de los que dicen que salieron por razones políticas, contra los que salieron antes de 2018, solamente es un 13 por ciento. La cuestión aspiracional pasa a tercer plano a esta generación del 2018, contra los anteriores; y el tema familiar cambia significativamente también, la razón familiar no es primordial entre los que acaban de salir”.

(P): ¿Qué dicen los nicaragüenses sobre su proceso de integración en la sociedad costarricense? ¿Qué es lo más difícil para integrarse a Costa Rica y cuál es el estatus migratorio legal predominante entre estos centenares de miles de personas?

(R): “En general, para cualquier grupo, independientemente si son de la generación de 2018 o de los anteriores, para la mayoría la inserción en Costa Rica no ha sido difícil. Es decir, ellos sienten que han sido bien recibidos en Costa Rica, un 80 por ciento dice que para ellos ha sido una recepción buena o muy buena; y hay un 20 por ciento que dice, cosas bien y cosas mal.

En términos del estatus legal hay grandes diferencias. Los que llevan más de diez años en su mayoría están legalizados con residencia permanente, más de un 54 por ciento, mientras que los recién llegados, son personas que están en un proceso de ajuste migratorio, con sus papeles pendientes de aplicación de refugiado; entonces hay una gran diferencia, más de un 30 por ciento de los que vinieron después de la crisis tienen estatus de refugiado o sus papeles están en ese procedimiento”.

[…] 

Lee la entrevista completa en Confidencial

COMENTARIOS DE TARACIUK BRONER:

Q & A:

Q

¿Qué tan válido ves tú — o legítimo — el temor que reporta la Casa Blanca de que aumente la migración haitiana?

A

“Una política de seguridad que funcione debe tener dos pilares: una visión punitivista donde quien comete un delito vaya preso, pero con debido proceso y bajo investigaciones por un poder judicial independiente y, por otro lado, una serie de políticas que sean más sociales y preventivas que eviten la comisión del delito.” 

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