Orozco: “En el caso de Renacer el propósito es tratar de crear un ajuste de cuentas”

En un foro virtual organizado por Expediente Público, Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, habla de la implementación de la ley Renacer y las acciones que puede tomar Estados Unidos para contrarrestar la impunidad que continúa en Nicaragua.

RESUMEN DE COMENTARIOS DE MANUEL OROZCO: 

“Hay una gran diferencia entre el impacto que se quiere tener si el propósito es generar un cambio o remover a un régimen o a un dictador del poder. Uno puede crear condiciones para que se produzca una transformación, pero en el caso de Renacer el propósito es tratar de crear un ajuste de cuentas con diferentes instrumentos para que el balance de poder sea favorable al movimiento democrático nicaragüense. En ningún momento hay propósito de desestabilizar a un régimen o remover a un líder”.

“El problema es que a partir del 2020 el nivel de impunidad en Nicaragua es tan grande, que la respuesta proporcional que no sea violenta requiere de muchos instrumentos bien calibrados para que se pueda incidir, indicó [Orozco]”.

“Orozco explicó que hay nueve instrumentos en la ley Renacer que pueden ser usados por Estados Unidos y la comunidad internacional. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, los condicionamientos de préstamos de multilaterales, la investigación de corrupción, la participación de Rusia o actuar contra la censura”.

“Orozco consideró que la implementación de la ley, por parte de Estados Unidos, podría tener una calificación, reprobado. Por ejemplo, no se conoce si se brindaron los cuatro informes que los legisladores pidieron a un plazo de 90 días, tampoco todas las acciones de presión han sido efectuadas ni ha habido una revisión del Tratado de Libre Comercio”.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN EXPEDIENTE PÚBLICO

COMENTARIOS DE TARACIUK BRONER:

Q & A:

Q

¿Qué tan válido ves tú — o legítimo — el temor que reporta la Casa Blanca de que aumente la migración haitiana?

A

“Una política de seguridad que funcione debe tener dos pilares: una visión punitivista donde quien comete un delito vaya preso, pero con debido proceso y bajo investigaciones por un poder judicial independiente y, por otro lado, una serie de políticas que sean más sociales y preventivas que eviten la comisión del delito.” 

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