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El 28 de mayo de 2025, el Programa México del Diálogo Interamericano organizó el evento virtual Navegando las Próximas Elecciones Judiciales en México, reuniendo a expertos legales y de política pública para analizar las implicaciones de la propuesta sin precedentes de México de elegir por voto popular a más de 1,600 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte. La conversación abordó el posible impacto de esta reforma histórica sobre la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y las relaciones entre México y Estados Unidos.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Rebecca Bill Chavez, presidenta y directora ejecutiva del Diálogo Interamericano, quien subrayó la magnitud y relevancia de la votación del 1 de junio. Enfatizó también los riesgos que esta transformación representa para la estabilidad institucional y la confianza de los inversionistas, especialmente en un contexto de creciente atención internacional al sistema legal mexicano.
El evento fue moderado por Alonso Zepeda, abogado constitucionalista y electoral en BDP Litigio y Consultoría, quien enmarcó la discusión en torno a las implicaciones de democratizar el nombramiento de jueces y magistrados. Zepeda señaló que este cambio representa la transformación más amplia del sistema de justicia mexicano desde la transición democrática, planteando cuestionamientos fundamentales sobre la distribución y el control del poder público.
Carlota Ramos, jefa adjunta de división en la Oficina de la Presidencia de México, presentó la reforma como una respuesta a problemas estructurales del sistema judicial, como la corrupción, el nepotismo y la ineficiencia. Sostuvo que, si bien existen desafíos importantes, la reforma responde a una demanda social de larga data por un sistema más transparente y accesible. Ramos destacó oportunidades para ampliar el acceso a la justicia, fortalecer la legitimidad institucional e impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, fundamentales para reducir la presión sobre los tribunales y mejorar el clima de inversión en el marco del T-MEC.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, expresó preocupación por el diseño y la implementación de la reforma. Aunque reconoció la necesidad de renovar el sistema judicial, advirtió que la elección popular de jueces podría debilitar la independencia judicial y contradecir los principios de separación de poderes establecidos en la Constitución mexicana. Señaló que los retos logísticos —como el calendario apresurado, la complejidad de las boletas y la falta de información para el electorado— dificultan una participación ciudadana informada. Con votantes obligados a elegir hasta 50 perfiles judiciales de entre cientos de candidatos, Ugalde advirtió sobre el riesgo de que las decisiones se basen más en alineamientos políticos que en criterios de mérito.
Uno de los temas centrales fue la posible vulnerabilidad de las candidaturas judiciales frente al crimen organizado, especialmente en el ámbito subnacional. Los panelistas discutieron si las elecciones públicas podrían contribuir a transparentar y prevenir la corrupción o si, por el contrario, facilitarían su infiltración. Mientras Ramos sostuvo que el escrutinio público puede visibilizar perfiles vinculados a redes criminales, Ugalde insistió en que la exposición por sí sola no garantiza rendición de cuentas, y enfatizó la necesidad de órganos de control efectivos como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El panel también abordó la relevancia de esta reforma para la relación comercial entre México y Estados Unidos. Aunque no se considera que viole directamente el T-MEC, los participantes coincidieron en que la incertidumbre sobre la independencia judicial y la integridad regulatoria podría generar preocupación entre los inversionistas internacionales. Ramos y Ugalde coincidieron en que los esfuerzos futuros deben enfocarse en mejorar el diseño y la ejecución de la reforma, especialmente de cara al siguiente ciclo electoral en 2027, que coincidirá con elecciones nacionales y de gubernaturas.
El evento concluyó con un llamado a mantener el diálogo, fortalecer las salvaguardas institucionales y asumir una responsabilidad compartida en la construcción de un sistema judicial independiente. Aunque las posturas divergieron, los panelistas coincidieron en la importancia de proteger la integridad judicial como piedra angular de la democracia mexicana y como pilar fundamental de la relación bilateral con Estados Unidos.
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