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Las elecciones presidenciales de Venezuela se llevarán a cabo el 28 de julio. Aunque enfocarse en las condiciones electorales es esencial, quien gobierne el país en el próximo período lo hará en una nación plagada de corrupción. Abordar ambos aspectos es crucial para el futuro del país. Este fue el enfoque de un evento organizado por el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano en colaboración con NTN24.
El año pasado, el Diálogo recibió a María Corina Machado en su primera aparición de este tipo después de las elecciones primarias en octubre. Fue un momento de gran incertidumbre si las elecciones presidenciales ocurrirían y cuándo, la estrategia electoral de la oposición, la unidad de los partidos de oposición y la presencia de observación electoral independiente. “Ahora hay una elección presidencial programada y, contra todo pronóstico, la oposición se mantiene unida detrás de un solo candidato, Edmundo González”, señaló Rebecca Bill Chavez, presidenta y CEO del Diálogo Interamericano.
Aunque es crucial seguir centrándose en las condiciones electorales, no se pueden dejar de lado otros temas críticos para el futuro de Venezuela, como abordar la corrupción generalizada. La corrupción en Venezuela no comenzó con Hugo Chávez, sino que está profundamente arraigada en el sistema financiero del país. “Se remonta a la propia dependencia del país del petróleo. Solo hay un bien de exportación, el petróleo, y solo hay una entidad que lo controla, el gobierno. La forma de hacerse rico rápidamente es sobornar a los funcionarios y obtener un contrato”, afirmó Josh Goodman, reportero de investigación de The Associated Press. Transparencia Venezuela reporta 255 casos de corrupción que implican a 509 personas investigadas en 30 países, con fondos públicos supuestamente comprometidos que superan los US$ 69 mil millones. “La corrupción venezolana se define como gran corrupción porque involucra a líderes de alto nivel del gobierno, tiene un impacto transnacional, afecta a grandes grupos de la población, viola los derechos humanos y goza de impunidad”, dijo Mercedes De Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Algunos de los mayores desafíos en la investigación de la corrupción y el desmantelamiento de las redes de corrupción transfronterizas han sido la falta de cooperación internacional con el intercambio de información, así como la falta de independencia judicial, añadió Vladimir Aras, fiscal federal de circuito de Brasilia, Brasil. Esto fue evidente en el caso de Alex Saab, un empresario colombiano involucrado en esquemas de corrupción con el régimen de Maduro y recientemente perdonado por el Presidente Biden, relacionado con los desafíos para extraditarlo desde Cabo Verde y luego procesarlo en EE.UU., mencionó Kurt Lunkenheimer, miembro de Cozen O’Connor y exfiscal federal adjunto en el Distrito Sur de Florida. “Ese proceso de extradición tomó mucho tiempo e implicó mucho trabajo. El régimen luchó con uñas y dientes para evitar que Saab viniera a los EEUU”, añadió.
Aunque todas las miradas están puestas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, es crucial discutir el escenario posterior a las elecciones y el papel que pueden jugar las investigaciones de corrupción como incentivo. “No hay ninguna posibilidad de que quienes hoy se aferren al poder, dejen el poder si su futuro es que todos terminen presos por todos los delitos que cometieron”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo. “Una transición debe incluir la viabilidad política para el chavismo y ofrecer un puente de oro para aquellos que quieran pasar a la historia como quienes llevaron a Venezuela del régimen actual hacia la democracia”, concluyó. Aunque la impunidad en casos de crímenes contra la humanidad está prohibida por el derecho internacional, existen opciones de beneficios legales que pueden otorgarse a individuos implicados en otros delitos que deben explorarse, aunque sean moralmente repugnantes.
