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Mientras los delegados de todo el mundo terminan las conversaciones en la cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow, México no ha aumentado su objetivo de mitigación de emisiones, como lo prometieron las naciones que firmaron el Acuerdo de París de 2015.
Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, está redoblando políticas que harían a México —el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero de América Latina y el dieciseisavo del mundo— aún más contaminante.
López Obrador, un izquierdista anticuado que creció en la región que produce petróleo de México, ha considerado durante mucho tiempo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del gobierno, y al productor de petróleo estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), como fuentes de empleo y crecimiento económico, y ha denunciado la privatización por acumular ganancias en unas pocas corporaciones. No obstante, esos gigantes energéticos estatales han hecho poco para reducir las emisiones de los combustibles fósiles, mientras que las inversiones privadas apoyan muchos proyectos solares y eólicos en el país.
Pero cuando López Obrador llegó a la presidencia hace unos tres años, comenzó a deshacer las reformas emprendidas por su predecesor, Enrique Peña Nieto, que permitían una mayor inversión privada en energía. Esta contrarreforma socavó de manera significativa la capacidad de México para promover la energía limpia y reducir las emisiones. López Obrador ha dicho que su objetivo es equilibrar los sectores energéticos públicos y privados y garantizar la independencia energética de México, aunque lo ha hecho a costa de eliminar la competencia privada a las empresas públicas endeudadas.
