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Más allá del decreto: lo que aún le falta al Servicio Universal de Salud de México para lograr la cobertura universal examina las oportunidades y los límites del nuevo Servicio Universal de Salud (SUS), creado mediante decreto presidencial en abril de 2026. El análisis evalúa si solamente la acción ejecutiva puede integrar de manera efectiva un sistema de salud cuya fragmentación está arraigada en su marco legal, sus mecanismos de financiamiento y su mercado laboral.
El sistema de salud mexicano aún está dividido por la condición laboral de las personas. Quienes trabajan en el sector privado reciben atención a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); las personas trabajadoras del Estado, mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y quienes se encuentran en la informalidad, trabajan por cuenta propia o no tienen empleo dependen de IMSS-Bienestar, los servicios estatales de salud o proveedores privados. Esta división ha generado instituciones con recursos desiguales, esquemas de financiamiento separados y mecanismos limitados de coordinación. En 2024, 44.5 millones de personas no contaban con cobertura pública ni privada, mientras que el gasto de bolsillo representó 41.2% del gasto corriente en salud.
El SUS es un paso importante hacia la integración. A partir de enero de 2027, ampliará el acceso a urgencias, atención a embarazos de alto riesgo, vacunación universal, consultas de primer nivel y continuidad de tratamientos para diversas enfermedades crónicas. En julio de 2027, se incorporarán el diagnóstico especializado y la radioterapia. Sin embargo, el decreto no fusiona a las instituciones ni resuelve las barreras estructurales que hoy dificultan la coordinación entre ellas.
El reporte identifica las reformas necesarias para que el SUS se convierta en un servicio verdaderamente universal: una gobernanza jurídicamente vinculante entre instituciones de salud, mecanismos de compensación obligatorios y estandarizados, expedientes clínicos electrónicos interoperables, regulación efectiva del sector privado y mayor inversión pública en salud.
