Maduro busca reclamar legitimidad y la revisión de sanciones en elecciones regionales

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Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, conversó con El Mercurio sobre los comicios electorales en Venezuela del día 21 de noviembre pasado. En la entrevista se habló sobre el gobierno interino de Juan Guaidó, sanciones económicas al regimen de Maduro y la esperada participación en los comicios del domingo. 

COMENTARIOS DE MICHAEL SHIFTER:

“Es innegable que la estrategia de la oposición de presión máxima, impulsada por Juan Guaidó, fracasó”.

“Si bien el régimen de Maduro tiene grandes debilidades y es rechazado por el 85 por ciento de los venezolanos, se encuentra en una posición relativamente fuerte con respecto a la oposición y el llamado G4 en particular. Pero si la oposición hubiera decidido boicotear las elecciones regionales, hubiera perdido aún más fuerza y quedado afuera de la lucha política en Venezuela. En realidad, no tenía muchas más opciones que actuar de manera más pragmática”.

“Con estas elecciones, Maduro busca ganar mayor legitimidad al nivel nacional e internacional. La participación de una misión de observación de la Unión Europa (UE), una decisión polémica que tomó (el jefe de la diplomacia europea) Joseph Borrell, podría ayudar a Maduro a lograr su objetivo”.

“Sin embargo, convocar a elecciones regionales con participación de la oposición no es suficiente para que Estados Unidos levante las sanciones económicas al régimen de Maduro. Para ello, tendría que haber concesiones más de fondo dentro del marco de las negociaciones en México, por ahora suspendidas. Nadie espera que las elecciones regionales tengan mucho impacto en las relaciones entre Washington y Caracas”.

LEA EL ARTICULO COMPLETO AQUÍ.

COMENTARIOS DE TARACIUK BRONER:

Q & A:

Q

¿Qué tan válido ves tú — o legítimo — el temor que reporta la Casa Blanca de que aumente la migración haitiana?

A

“Una política de seguridad que funcione debe tener dos pilares: una visión punitivista donde quien comete un delito vaya preso, pero con debido proceso y bajo investigaciones por un poder judicial independiente y, por otro lado, una serie de políticas que sean más sociales y preventivas que eviten la comisión del delito.” 

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