Como parte de su política represiva, Daniel Ortega también ha violado derechos laborales, ambientales y empresariales, que están tutelados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y como resultado ha expuesto al régimen a la demanda de cómo ejercer una presión internacional más efectiva.
Algunos críticos del régimen dinástico, en Nicaragua y Estados Unidos, depositan su fe en golpes rotundos, y la suspensión de Nicaragua del CAFTA o su expulsión del tratado como la bomba atómica que produciría un cambio en Nicaragua. Sin embargo, la suspensión de Nicaragua del CAFTA aparte de que provocaría un desempleo masivo que no necesariamente conduce a un cambio político, es una herramienta poco viable, y más bien el debate debería plantearse en cómo se aprovechan las violaciones para introducir reformas que restituyan el espacio cívico en el país.
El incumplimiento de Nicaragua con el tratado de libre comercio es real y debe denunciarse, y requiere que Ortega rinda cuentas y por sus obligaciones con los derechos humanos y el Estado de derecho democrático para prevenir penalidades como resultado de las violaciones al tratado. Tanto las penalidades dentro del acuerdo mismo como las contenidas en la orden ejecutiva del presidente Joe Biden en octubre 2022 puedan responder proporcionalmente al nivel de incumplimiento y violaciones al tratado.
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