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Los venezolanos están ansiosos por votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque la mayoría no tiene tiempo ni energía para salir a las calles y protestar por la crisis continua del país, encuestas confiables indican que se movilizarán para votar y votarán por un cambio. No sorprende que esto asuste a quienes están en el poder, lo cual ha llevado a esfuerzos para controlar el proceso electoral y su resultado.
En mayo, el Consejo Nacional Electoral revocó una invitación a la Unión Europea para enviar una misión de observación electoral. Unos días después, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció que su país no enviará observadores, lo cual plantea serias dudas sobre los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para fomentar una competencia justa. Aunque el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido una “amplia presencia” de observadores, el Tribunal Superior Electoral del país no enviará una misión. A la fecha de publicación de este artículo, las Naciones Unidas y el Centro Carter aún están considerando sus respuestas a las invitaciones de Venezuela para llevar a cabo sus misiones electorales.
Aunque los observadores independientes no necesariamente eviten el abuso de poder del gobierno, sí pueden ayudar a los votantes a sentirse más seguros al emitir sus votos.
