Los países miembros de la recién creada Alianza para el Desarrollo en Democracia tienen un compromiso político, moral y económico de rescatar la democracia del secuestro de los autócratas, empezando por Nicaragua. Su prueba de genuino compromiso por el desarrollo en democracia empieza con su responsabilidad frente al nombramiento de un legítimo secretario general del Sistema de Integración Centroamericano y no por el impuesto por Nicaragua.
No es, ni debería ser, un eufemismo hablar de desarrollo en democracia porque el mismo no existe en las dictaduras del siglo XXI. Tampoco lo es si con esa frase se pretende hablar solo del club ADD cuando en un mundo globalizado lo que pasa en Nicaragua afecta a Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y viceversa: el ejemplo democrático y de cumplimiento de compromiso internacional de estos países afectará para bien el cambio político en Nicaragua.
Estos tres países han lidiado con crisis políticas y económicas sin recurrir a la represión, a la criminalización de la protesta o del derecho constitucional, sin comprar armas para ‘protegerse’ de la gente. Son países con sus tradiciones y compromisos con la soberanía popular en un estado de derecho, en donde el rendimiento de cuentas, el peso y el contrapeso sobrepasa cualquier otro acto político. Luchan contra la corrupción y contra poderes fácticos, y no están protegiendo a ninguna dinastía. Promueven e introducen el diálogo, algo distante a lo que practica Nicaragua.
Entonces ¿por qué el silencio frente la tiranía nicaragüense? Unos especulan que es por temor a que el país se radicalice más y los afecte a ellos; otros porque si no se hace lo que Ortega y Murillo dicen, les cerraran la frontera y no permitirán tránsito transfronterizo. Y otros creen que simplemente los líderes del siglo XXI no tienen la convicción de luchar por lo justo, lo bueno y lo noble, y es más conveniente guardar silencio y que el tiempo se encargue del cambio. Esto parece a venganza de autócratas, secuestrar a los demócratas.
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