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Han pasado cinco años del estallido de la protesta social de abril 2018 en Nicaragua. Fue una expresión cívica que demandó el fin de la dictadura y la vuelta de la democracia y la justicia, y fue aplastada por el recrudecimiento de la represión del régimen de Daniel Ortega.
La continuidad autoritaria es la tendencia dominante en el país y no se vislumbran opciones de cambio en el corto plazo. Las fuerzas mayoritarias que pueden cambiar el equilibrio de poder y despejar el camino hacia una transición democrática electoral en 2023 o en 2026 están dispersas, reprimidas en un Estado policial, y carecen de una estrategia coordinada de resistencia y acción política.
A pesar de contar solo con un apoyo minoritario, el equilibrio de poder favorece al régimen que domina el aparato represivo y posee los recursos económicos para mantener el control e intentar una sucesión dinástica. La magnitud de la represión, así como el ruido de diversos conflictos internacionales, hacen difícil la movilización internacional. Sin embargo, la comunidad internacional debe concederle mayor importancia a la crisis de Nicaragua en la agenda mundial.
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