Nicaragua inició a principios de febrero los juicios de figuras políticas arrestadas antes de la elección del presidente Daniel Ortega en noviembre de 2021, que ha sido ampliamente criticada como ilegítima. Varias personas han sido condenadas y sentenciadas en los juicios. La Asamblea Nacional del país, que está controlada por el partido de Ortega, también prohibió recientemente varias universidades y organizaciones de ayuda. ¿Cuáles son las implicaciones de los juicios de las figuras de la oposición y los cierres de universidades? ¿Qué probabilidades hay de que vuelvan a ocurrir levantamientos sociales pronto en Nicaragua? ¿Cómo va a afectar a los programas sociales y de ayuda la decision de la Asamblea Nacional de prohibir organizaciones de ayuda?
Moisés Martínez Mayorga, periodista de investigación del portal digital de noticias Confidencial en Nicaragua: “Los juicios políticos emprendidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son simplemente una estrategia de venganza política en contra de los liderazgos involucrados en la insurrección ciudadana de abril de 2018, principalmente aquellos que se atrevieron a dar un paso al frente y retar al caudillo en unas elecciones generales. El antiguo guerrillero izquierdista apostó por la estrategia más burda posible: encarceló a todos estos precandidatos, desató una ola represiva que dejó más de 60 nuevos presos políticos y para completar su venganza, los enjuició de forma privada en una cárcel de máxima seguridad y los condenó a penas que van entre los ocho a 13 años de cárcel, basadas en pruebas calificadas por juristas como ridículas, como son publicaciones en redes sociales y comentarios a medios de prensa. El régimen de esta forma apuesta a establecer un clima de temor y sumisión política que evite el surgimiento de nuevos liderazgos y desactivar cualquier posibilidad de un nuevo estallido social. Para completar está estrategia y continuar con su venganza política, el orteguismo confiscó universidades que fueron núcleo de los movimientos estudiantiles de protesta en 2018, y clausuró oenegés que se dedicaban a promover conocimientos democráticos y el pensamiento crítico ciudadano. Una estrategia que apoyada por las operaciones de vigilancia y espionaje del Ejército y la Policía, garantizan al régimen la improbabilidad de que el escenario de las protestas de 2018, se repita.”
[Editor’s note: This comment and others appear in English in the Q&A published in the Feb. 22 issue of the Advisor.]
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