A pesar de los esfuerzos realizados en América Latina por introducir reformas en la educación, se observa una gran dificultad para generar los cambios. Hasta ahora, en la formulación de políticas educativas los principales actores han sido los sindicatos docentes, el Ejecutivo y, en menor medida, los actores regionales o subnacionales.
Cada uno de estos actores tiene su propio sistema de preferencias que varía desde el acuerdo total cuando se trata de políticas para ampliar la cobertura, al profundo desacuerdo con respecto a políticas cuya orientación es mejorar la calidad o la eficiencia. Así, la formulación de la política educativa en la región está desproporcionadamente sesgada hacia la expansión y el acceso, en lugar de la calidad y la eficiencia. Asimismo, en general es difícil llegar a acuerdos intertemporales, debido principalmente a la falta de capacidad del Ejecutivo para comprometerse. Esto ha redundado en sistemas educativos que dependen fuertemente de ciertas políticas básicas rígidas e intocables, que impiden realizar cambios fundamentales.
